Conectividad digital como motor hacia el desarrollo – el aporte público (Parte I)

La crisis sanitaria demostró la urgente necesidad de acelerar el cierre de la brecha digital si queremos un Perú con igualdad de oportunidades para todos. El Internet facilita la generación y distribución de ideas que fomentan la productividad e innovación. Solo como referencia, el MTC estimó que un hogar que accede al internet aumenta en promedio sus ingresos en 298 soles al mes, cifra que equivale a casi un 25% del ingreso promedio mensual por hogar en nuestro país.

¿Pero cuál es la brecha digital? Hoy cerca del 75% de peruanos usan el internet, cifra muy por debajo del 90% de población que usa internet en los países más desarrollados. Si bien hay cerca de 4 millones de personas que viven en áreas sin cobertura (casi todos en zona rural), otros 4 millones no se conectan por carecer de destrezas digitales o por el costo del servicio. Veamos qué debe hacerse en una agenda cuya relevancia no debe perderse superada la pandemia.

Primero, el subsidio estatal debe llegar más rápido a la zona rural donde están los no conectados por falta de infraestructura que el privado no construirá al no ser rentable. Desde el Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL) a fines del 2020 se establecieron buenas prácticas que priorizaron el servicio al ciudadano por encima de interpretaciones legalistas en la gestión de contratos. Ello generó que la cartera de proyectos de internet a inicios del 2021 ejecutara 9 veces más presupuesto que el promedio de los cuatro años previos. Habiendo el presidente Sagasti priorizado aumentar la conectividad digital, en solo seis meses de su gestión y con el esfuerzo de cientos de funcionarios se logró duplicar los km de fibra óptica pública en operación, llevando internet al campo en Cusco, Lima y Lambayeque en beneficio de 600 mil peruanos.

Si se continuaba con ese ritmo, durante los primeros meses del gobierno actual se iba a expandir el servicio de internet en cuatro regiones más; sin embargo, no se ha logrado completar uno solo. La ejecución en proyectos de conectividad digital en los primeros cuatro meses del 2022 fue de S/ 92 millones, un tercio de los 278 millones del 2021. La razón de este enfriamiento ha sido el grave debilitamiento institucional reflejado en constantes cambios de funcionarios. El presidente Castillo debe saber que la demora de más de seis meses en activar esos proyectos ha implicado retrasar el acceso al internet a más de 480 mil peruanos en Puno, Junín, Tacna y Moquegua. Ese sur y centro que votó esperanzado en que el Estado llegase más rápido.

Por el contrario, ha sido positiva la continuidad en la implementación del Decreto de Urgencia que aprobó el plan Todos Conectados. Ese esfuerzo ha permitido en menos de un año dar servicio de internet satelital a localidades aisladas de nuestra Amazonía donde viven más de 200 mil peruanos que creían impensable llegaría el internet a sus colegios y postas médicas. También ha permitido iniciar el despliegue de una red de más de 2 mil plazas públicas con internet gratuito (EPAD) que viene democratizando el acceso al internet y de mil centros de acceso digital (CADs) para brindar programas de destrezas digitales. Esto acorta la brecha digital no solo ampliando la cobertura del servicio donde no la había, sino superando limitaciones endógenas de la demanda, como la baja capacidad de pago o la alfabetización digital. El gobierno actual tiene la oportunidad de asegurar la continuidad de esta iniciativa, mejorarla y escalarla si le asigna más recursos.

De hecho, en noviembre del año pasado el exministro Silva anunció en Tacabamba que se emitiría un nuevo decreto de urgencia copiando el anterior para ampliarlo a más colegios. En el 2021 el diseño y aprobación del decreto de urgencia tomó un mes. Hoy han pasado más de cinco meses del anuncio hecho en el distrito donde nació el presidente Castillo, pero no se ha emitido nada. El gobierno tiene aún la chance de continuar atendiendo esta brecha social si prioriza esta medida y reemplaza las “mesas de trabajo multisectorial” creadas que no tienen impacto alguno, por resultados concretos que mejoren la calidad de vida de la población más desatendida.

Otro aspecto clave es el reflote de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO). En el gobierno anterior se propuso solucionar la problemática de tener una red pública que usaba al 3.2% de su capacidad y cuyos ingresos no cubrían ni el 7% el costo de mantenerla. A pesar de las presiones mediáticas y de ciertos grupos del sector privado, se realizó una evaluación objetiva con funcionarios probos que permitió caducar el contrato sin riesgos para el Estado. La decisión tuvo el mérito de realizarse con participación ciudadana y poniendo a disposición del público todos los informes técnicos emitidos para su libre acceso, definiendo con ello el camino para poner en valor la red pública en los siguientes años. ¿De eso, cuánto realmente se avanzó?

Si bien el PRONATEL asumió la operación de la red en febrero pasado y el foco de atención está en que la licitación se haga con transparencia, nada se dice sobre cuáles serán las condiciones del contrato. El MTC debe asegurar que el nuevo contrato permita una tarifa libre, con incentivos que hagan que el operador temporal capte nuevos clientes y que el ingreso que ello genere sea compartido con el Estado (precisamente lo que no existió en la APP caducada). Sin ello estamos ante el riesgo de repetir el mismo error que le hizo perder más de 700 millones de soles al Estado. La primera lección de los procesos de procura utilizados en los exitosos proyectos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno fue elegir bien la modalidad contractual. Se debería entonces primero evaluar y comunicar qué tipo de contrato, bajo estándares internacionales como NEC o FIDIC, utilizarían para la operación y mantenimiento con incentivos para generar un mayor uso.

No puede ser solo un contrato de “opera y mantenme el bien”, sino uno de “opera, mantenme y aumenta su uso”. Si el servicio es ofrecido a precios de mercado o subsidiados -dependiendo si existe o no competencia- fomentaría que operadores que no cuentan con una red de fibra óptica ofrezcan internet en la zona rural a tarifas más asequibles. Es una oportunidad para quitarnos el sesgo de creer que la inversión pública no debe rentabilizarse o no se complementa con la privada. De hecho, en los más de 4,500 km de redes públicas regionales puestas en operación en el gobierno anterior se demostró que estas catalizaban inversión privada en servicios móviles 4G en zonas rurales (el privado “enlazaba” sus antenas a la red de fibra óptica pública, lo que permite hoy llevar más y mejores servicios de internet a cientos de centros poblados remotos).

El gobierno actual aún tiene la oportunidad de retomar el ritmo de puesta en operación de proyectos regionales de banda ancha, ampliar las iniciativas del plan Todos Conectados y generar una administración de la RNDFO que aumente y rentabilice la inversión que hemos hecho todos los peruanos. Solo ello nos permitirá acercarnos al sueño común de estar todos conectados.