De regreso al Viejo Oeste

¿Por qué nosotros estamos más dispuestos a cumplir una norma, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido, y pensamos que es “aceptable” incumplirla aquí? No es “tan grave” ganarle la luz roja al semáforo en las calles de Lima, pero lo pensamos dos veces si ese comportamiento lo queremos hacer fuera de nuestras fronteras, por ejemplo, en Texas. Al hacerle estas preguntas a mis alumnos de un curso la respuesta fue unánime: la autoridad en Texas funciona, hacen efectiva la multa, te registran como infractor; en cambio, en el Perú es posible salir “bien librado de polvo y paja”.

La posibilidad de hacer cumplir las normas es parte integrante de la regulación y las autoridades tienen la capacidad –y obligación– de desplegar varias estrategias para lograrlo, aplicando distintos enfoques, pudiendo ser éstos aleatorios, reactivos, persuasivos, disuasivos y una combinación de todos los anteriores que pueden ser empleados, incluso, de forma escalonada. Es siempre posible empezar buscando persuadir al infractor, pero no en todos los casos ello es posible. Si a pesar de los esfuerzos por hacer cumplir una norma la autoridad no lo consiguiera de manera voluntaria deberían existir consecuencias efectivas para el infractor. Pero en ningún caso la autoridad debe claudicar a su rol. Cuando las autoridades no ejercitan esta función de cumplimiento se resquebraja el poder que tiene una norma para modificar una conducta. Dicho en términos sencillos, las personas perciben que la norma es inocua y como instrumento de corrección de conductas la regulación habrá perdido todo valor. Por ello, no debería sorprendernos el por qué es cada vez más frecuente que percibamos que hay más infractores que personas que quieren cumplir las normas.

Actualmente se discute la emisión de más normas en materia de seguridad ciudadana debido al incremento de varios delitos. Aunque éstas se aprueben, si el Estado no es capaz de hacerlas cumplir, poco o nada veremos como cambio en nuestra realidad. A modo de ejemplo, estamos bajo una declaratoria de emergencia que tiene cero impactos. Varios medios de comunicación han reportado que los ciudadanos perciben que la declaratoria no tiene ningún valor.

Existe, además, un elemento que debe considerarse: los efectos de la inacción del Estado. ¿Qué pasa cuando éste es incapaz de cumplir con su función? Además de que vemos un incremento de infractores y delincuentes, se produce también el incremento de la frustración y el descontento social y acciones de respuesta que no son los deseados. Desde el 2022 se viene observando un incremento importante de permisos para portar armas. Sólo en la primera mitad del 2023 se registró un aumento del más del 50% de permisos comparado con todo el 2022. Y la cifra en el 2024 también muestra la misma tendencia. Bien sea que estos permisos hayan sido tramitados por ciudadanos o empresas de seguridad, la data no miente, nos estamos armando como respuesta a la incapacidad del Estado de controlar la delincuencia. Y todos podemos prever cómo puede terminar esta historia. Como en el “salvaje Oeste” americano, la proliferación de armas y la violencia son caldos de cultivo para que las ciudades en el Perú se vuelvan mucho más peligrosas de lo que ya son.

SOBRE EL AUTOR

María Antonieta Merino