Crisis políticas continuas y reformas estructurales

Director de Economía de la Universidad de Lima

Desde el 2016, el Perú ha enfrentado crisis políticas que resultaron en el paso de 6 presidentes y 3 congresos en poco más de 8 años. Los momentos más críticos incluyeron la disolución del Congreso durante el Gobierno de Martín Vizcarra, su destitución posterior y el fallido intento de golpe de Pedro Castillo. Estas crisis no son nuevas en nuestra historia republicana. Por ejemplo, entre 1963 y 1968, la oposición entre el Ejecutivo y la coalición legislativa provocó el cambio de 98 ministros y culminó en un golpe de Estado. Más adelante, en los años 90, los enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición llevaron al denominado “autogolpe de 1992”. En general, la historia moderna del Perú ha estado marcada por la inestabilidad institucional y las crisis económicas derivadas de políticas erróneas.

¿Es el Perú un país ingobernable o sin solución? La respuesta es no. Si miramos el pasado reciente, vemos que la primera gran reforma, la de las instituciones económicas, ocurrió durante una profunda crisis política y económica en los años 90, cuando la hiperinflación superó el 7,000% anual. En esa época, se otorgó independencia constitucional al Banco Central de Reserva (BCR), lo que le permitió actuar de manera técnica e independiente de los intereses del gobierno. También, se fortalecieron la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estas reformas permitieron que las instituciones económicas del Perú destacaran por su estabilidad y eficacia en el siglo XXI. Actualmente, el Perú tiene el menor nivel de deuda pública entre las economías grandes de América Latina, una inflación controlada del 2.4% en el 2024 y la moneda más fuerte de la región.

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A pesar de dicho logro para las instituciones económicas del Perú, quedan pendientes reformas fundamentales, como la reforma política y la de la gestión pública, educativa, sanitaria, laboral, tributaria, institucional y de infraestructura. Estas son necesarias para garantizar un crecimiento económico sostenible en una economía real de mercado, lejos de un modelo mercantilista. Si queremos reducir la pobreza y proteger a la población vulnerable, debemos asumir conscientemente el desafío de dichas reformas.

La pregunta es ¿se podrá avanzar algo en el corto plazo? Las elecciones del 2026 podrían presentar un panorama similar al reciente, con una gran fragmentación política. En las últimas elecciones, ningún candidato superó el 20% de los votos y muchos partidos no alcanzaron el 10%. Solo el tiempo dirá si seremos capaces de superar estos desafíos. ¿Cuándo? Ojalá sea más pronto que tarde.