El costo de no hacer reformas

CADE siempre es una oportunidad para hacer una pausa y reflexionar sobre cómo estamos en el camino hacia la construcción de una nación más próspera para todos. Evidentemente el ánimo no es el mejor pero tampoco es peor al del año pasado donde todo el sector empresarial era consciente que estábamos marcha atrás. Y a veces nos olvidamos de este último punto.

Hoy vemos varios ministros interesados en destrabar proyectos, dispuestos a un diálogo franco, transparente y constructivo y otros procurando no hacer olas; es decir, cuidando el objetivo más importante para la presidenta Boluarte que es completar la transición democrática en 2026.

El mensaje más importante que me llevo de esta CADE es la urgencia de retomar reformas que nos permitan salir -no de la recesión de la cual seguro saldremos en unos meses sino- de esta persistente caída en nuestra capacidad de crear riqueza. El problema no es que no sepamos cómo hacerlo, sino que nadie quiere hacerlo. El Ejecutivo no tiene un mandato claro desde la presidencia para impulsar esta agenda, y a varios ministros parece no interesarles hacerlo. Hay también quienes señalan que no tienen la fuerza política para convencer a su par de poder hacerlo y por tanto prefieren quedarse de brazos cruzados. Como siempre digo si uno no pone la agenda, alguien más lo hará y terminarán dedicados a discutir temas que no suman.

Si uno mira al Congreso, vemos que están dispuestos a hacer alianzas increíbles mientras dichos acuerdos les traigan un beneficio para ellos, pero les cuesta muchísimo poner el mismo interés en promover (o al menos permitir) reformas que las ven tóxicas porque imponen costos de corto plazo a potenciales segmentos electorales. Como siempre pasa, las reformas no traen beneficios a todos en el corto plazo, algunos van a terminar siendo afectados en el corto plazo, pero una gran mayoría va a ser claramente beneficiada en el largo plazo. Como siempre, corresponde explicar con claridad la necesidad de hacerlo. Pongo un ejemplo cusqueño que ilustra el punto: claramente la venta por internet de las entradas a Machu Picchu beneficia a la mayoría, pero hay un pequeño grupo al que se le “arruina” el negocio de vender la cola o conseguir por fuera del sistema entradas de último minuto. ¿Tiene sentido dejar de hacer esta mini reforma? Obviamente que no.

Pero pensemos en la agenda nacional de reformas pendientes. Los políticos no parecen entender que el país no tiene forma de alcanzar progreso sostenido si es que no rompe con la pesada ancla de la informalidad.

Como bien señaló Elmer Cuba en CADE es momento de diferenciar los 4.1 millones de trabajadores informales en relación laboral de dependencia de los 4.7 millones de independientes sin RUC (gasfiteros, etc.). Aquí estamos preocupados por los 4.1 millones porque lo que queremos es que las empresas en las que trabajen se formalicen. Pero que lo hagan no porque deben cumplir la ley sino porque la ley hace sentido, les permite crecer, les permite ganar más plata y contratar con mejores remuneraciones. Entonces, urge ponernos a hablar de esa reforma laboral y tributaria que modifique esta penosa situación para una enorme mayoría de la población.

Pero volvamos a las consecuencias de no hacer nada. No solo es que las familias de esos trabajadores tendrán peores niveles de remuneración, o que no contarán con protección social decente para los riesgos que todos enfrentamos (salud, muerte y vejez), sino que la informalidad provoca un nefasto círculo vicioso en lo económico y en lo político. La empresa se queda pequeña o se subdivide para permanecer invisible, eso le resta productividad que impactará en su capacidad de innovar y pagar mejores salarios y finalmente no contribuirá con los impuestos para que el modelo económico funcione para que el resto de la población pueda contar con servicios de salud, educación, justicia y seguridad. Este tema es demasiado importante para seguir ninguneándolo. Impone un costo para toda la sociedad.

Ideas para la reforma hay. Falta voluntad para empezar a discutir y cambiar las cosas. Para volver a creer, se necesita empezar a hacer. El problema es que tenemos malos ejemplos. Cito el más cercano. Tenemos en el Congreso el proyecto de ley para ejecutar otra reforma fundamental: la de pensiones, pero preferimos seguir destruyendo la capacidad de financiar la vejez de las personas perdiendo el tiempo en la discusión del enésimo retiro de los fondos. Así nadie va a creer que este país, nuestro país, puede progresar.