Director de la Facultad de Derecho en Universidad ESAN
La Contraloría General de la República publicó, recientemente, un informe que evidenció el impacto de la corrupción en la economía peruana durante el 2021. De cada S/ 100 que el Estado invierte en infraestructura, obras y servicios, S/ 13 se pierden en actos de corrupción. En el Ejecutivo, la pérdida constituye el 10% del capital invertido; en los gobiernos regionales, llega al 21%, y en los gobiernos municipales es del 13%. Esto es grave. ¿Es posible reducir estos porcentajes y aumentar la eficiencia de la inversión pública?
Para revertir esta situación debemos primero tomar conciencia de que el dinero perdido en actos de corrupción proviene del presupuesto público, el cual se alimenta de los impuestos que pagamos todos con mucho esfuerzo. En ese sentido, la corrupción equivale a robarle a la propia sociedad, lo cual debe indignarnos colectivamente y motivarnos a llevar adelante medidas urgentes para combatirla.
Con esta conciencia, por ejemplo, debemos informarnos antes de votar en las próximas elecciones municipales y regionales. Resulta necesario conocer las verdaderas motivaciones de cada candidato. Si realmente se interesan por la gestión pública y si tienen experiencia o, por el contrario, han aparecido de improviso y son acompañados por un equipo con un perfil inadecuado.
Otro punto que se debe corregir es la excesiva demora en la administración de justicia. Existen investigaciones que han durado años contra expresidentes, los cuales aún no responden por sus acciones, y exmagistrados que se han fugado al extranjero. La justicia tardía le dice a la población que la impunidad es un buen premio para los poderosos que cometen actos de corrupción.
Según la Contraloría, los casos de corrupción registrados el 2021 representaron una pérdida de más de S/ 24 mil millones del presupuesto público. Una cifra mayor a la registrada al cierre del 2020, que superó los S/ 22 mil millones. Ante ello, es urgente y necesario que cada ciudadano cumpla las normas que le corresponden (no sobornar a autoridades, pagar impuestos, cumplir la regulación aplicable a su actividad, cumplir con los beneficios laborales de sus trabajadores, cumplir las reglas de tránsito, etc.) y así se muestre como un ejemplo a seguir. Ello, tanto en la actividad empresarial como en el ámbito social y en el hogar. El incumplimiento cotidiano alimenta una cultura que normaliza los actos de corrupción y, como hemos visto, tiene un costo significativo para todos los peruanos.
La corrección debe ser estructural y acompañada de una toma de conciencia de la sociedad, la academia y las instituciones públicas. No hacen falta más reglas, sino cumplir con las que ya tenemos y sancionar su incumplimiento. Se debe actuar con velocidad para que todos entiendan que, en el Perú, la corrupción no se tolera.