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De acuerdo con cifras oficiales del INEI, en el período que va de julio del 2021 a junio del 2022 ha habido más de 9 millones de trabajadores informales a nivel urbano. A junio del 2022 hubo un millón de informales más que a junio del 2021.
En minería la población informal creció en 46.4% (24,400 personas), en servicios en 25.8% (782,000 personas), en manufactura 12.5% (104.,300), comercio 9.4% (210,500 personas), construcción 9.3% (81,500 personas), pesca 4.6% (3,200 personas). Lo señalado representa al 70.8% en el área urbana.
El ingreso promedio en el período comprendido entre julio del 2021 y junio del 2022 asciende a S/ 1,525 soles, 3% por debajo del nivel del 2019 (prepandemia). Es evidente que aún no alcanzamos los niveles previos a la pandemia del covid-19, los cuales, como se recordará, tampoco eran los mejores.
La informalidad en el Perú es una realidad. La gran mayoría de nuestros trabajadores (más del 70%) están ubicados en dicho sector, en el cual carecen de remuneración mínima, beneficios sociales y acceso a la seguridad social. Y, lamentablemente, el Gobierno actual no enfoca sus esfuerzos en diseñar políticas públicas que permitan abordarla de manera integral, apuntando sus medidas hacia la generación de sobrecostos a los empleadores formales.
Si analizamos las normas y decisiones generadas en estos 14 meses del Gobierno actual, advertimos que la Agenda 19, sí, ese listado de propuestas antitécnicas presentadas por el entonces Ministro de Trabajo Íber Maraví, se mantiene al pie de la letra. Lo penoso es que dicha agenda no contiene ningún plan para reducir la informalidad.
“La informalidad debe abordarse de manera integral y lo laboral solo es parte de la receta”.
En efecto, el Gobierno restringió la tercerización de servicios para actividades nucleares, planteó cambios estructurales muy cuestionables a las relaciones sindicales, ambos mediante un decreto supremo, preparó un anteproyecto de Código de Trabajo sumamente rígido, derogó el Decreto de Urgencia No. 038-2020 sobre suspensión perfecta de labores, incrementó la remuneración mínima vital (RMV) a S/ 1,025. Todas estas medidas, recogidas en la Agenda 19, no han supuesto una mejora en las condiciones de empleo de los trabajadores peruanos, sino más bien un golpe al mismo. Esto último en tanto medidas como la restricción a la tercerización tienen como efecto la desaparición de puestos de trabajo formales, precarizando aún más el empleo en el Perú. Lo mismo con el aumento de la RMV, pues este incremento golpea directamente a las microempresas, cuyo régimen es de subsistencia. La ratificación del convenio No. 190 sobre violencia y acoso en el trabajo no suma a la reducción de la informalidad, pero es una de las pocas decisiones positivas que ha tenido el Gobierno hasta ahora.
En materia sanitaria se normó deficitariamente lo relativo a la exigencia de las tres dosis de vacunación para el trabajo presencial y no hace mucho se extendió la emergencia sanitaria hasta el 24 de febrero del 2023 sin darle una salida a aquellas empresas que cuentan entre sus filas con trabajadores vulnerables que vienen ganando remuneración sin trabajar desde marzo del 2020, y lo estarán hasta febrero del año entrante. Alternativas como la rebaja salarial o la compensación unilateral del importe pagado sin trabajo con gratificaciones o beneficios sociales deberían ser puestas sobre el tapete.
Y no solo se trata de medidas antitécnicas, sino que existe una nula voluntad de impulso de diálogo social, pues no puede pretenderse que el sector empresarial participe en el Consejo Nacional de Trabajo cuando se emiten normas restrictivas en materia laboral que no fueron sometidas a debate en la institución mencionada. Me refiero a los decretos supremos que restringen la tercerización y modifican las relaciones sindicales. Pero la cosa no termina allí, pues en el sector público se ha propuesto adscribir Servir al MTPE, lo cual es equivocado, ya que el ente rector del empleo debe mantener su autonomía técnica como autoridad central de recursos humanos del Estado.
Pero ello no es todo, la Sunafil viene realizando campañas de “formalización laboral” presionando a las empresas formales para que incorporen en planilla a sus prestadores de servicios autónomos, fiscalizando las reglas sobre igualdad salarial, seguridad y salud en el trabajo y próximamente la nueva restricción sobre tercerización.
Lo señalado tiene como efecto la disminución del empleo formal, evidenciando un enfoque equivocado en materia de política de empleo por parte de la autoridad de turno. En dicho contexto, es improbable que el pago del subsidio diseñado como parte del programa “impulso Perú” por la contratación de trabajadores jóvenes en planilla tenga el efecto esperado por el Gobierno.
Urge reenfocar la política laboral del Gobierno y concentrarnos en la disminución de la informalidad, pues a este paso llegaremos a situaciones de profunda crisis del empleo formal, reduciéndose aun más el selecto grupo de “trabajadores privilegiados” que laboran en el ámbito formal, cuando estos deberían ser la mayoría. La informalidad debe abordarse de manera integral y lo laboral solo es parte de la receta, no es lo único a considerar.
