Un feriado (y otras normas más) sí importa

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) bajó la proyección del crecimiento de nuestra economía para este año desde 2.6% a 2.2%. La estimación de 2.6% fue en marzo de 2023. Para el presidente del BCRP, el menor crecimiento obedece a la veda pesquera de anchoveta y el menor dinamismo de la demanda interna, conflictos sociales y efectos climáticos adversos. Ello implica que el crecimiento económico en la primera mitad de este 2023 ha sido el peor en 20 años, con excepción de la pandemia.

Desde luego, el menor crecimiento económico genera una reducción del empleo formal. Los especialistas señalan que para absorber a los jóvenes que anualmente salen al mercado laboral se requiere un crecimiento de por lo menos el 4% de PBI, cifra muy lejana en la actualidad.

En anteriores columnas hemos sostenido que, en nuestra opinión, la informalidad debe afrontarse de manera integral y no solamente con medidas aisladas, siendo muy importante socializar la estrategia con los principales actores, léase gremios empresariales y sindicatos para que esta obtenga la legitimidad necesaria ante la población. No se trata solo de legalidad sino de legitimidad pues, sin esta última, algunas iniciativas como la Ley N° 30288, que pretendía promover el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social, conocida como “Ley pulpín”, estarán destinadas al fracaso.

Así, plantear un régimen laboral promocional transitorio con menores sobrecostos para el empresario o beneficios tributarios no va a ser suficiente. Ya tenemos experiencia en ello, recordemos la aún vigente Ley mype y su mínimo impacto en la informalidad. Se requiere una estrategia integral, multisectorial, estudiada con detalle y compartida con los actores sociales para su análisis, discusión y aprobación. El Consejo Nacional de Trabajo, punto de encuentro del diálogo social en el país, ha reactivado su actividad recientemente, lo cual saludamos. Corresponde a los representantes de los trabajadores y empleadores ponerse de acuerdo por el bien de todos.

Pero, cualquier esfuerzo que se plantee en pro de la formalización no puede ser torpedeado desde el propio Estado, y con ello me refiero a los múltiples proyectos de ley, algunos ya leyes, que vienen siendo presentados, debatidos y aprobados por insistencia en varios casos por nuestros congresistas. En una columna previa hemos pasado revista a algunos cuestionables proyectos de ley, como los que pretenden generar mayor rigidez laboral al proteger al padre trabajador, incrementar los intereses legales laborales, otorgar mayores derechos al trabajador ‘part time’, entre otros. Lamentablemente nos quedamos cortos, ya que se encuentran pendientes de debate los proyectos que exigen al empleador considerar al refrigerio en la jornada de trabajo y, por ende, reducen el máximo de 48 horas, incorporan microdescansos, plantean pagar sobretiempo a personal no sujeto a horario, crear más licencias, y hasta se discute otorgar un año sabático, por increíble que parezca.

Eso no es todo, como se sabe, a la fecha tenemos 16 feriados al año, obligatorios para el sector público y privado, con la reciente aprobación de la Ley N° 31822, que declara como feriado al 23 de julio, en conmemoración al héroe José Abelardo Quiñones. Es, sin duda, importante que recordemos las gestas heroicas de nuestros compatriotas, pero absurdo que ello nos afecte como país. Desafortunadamente, este Congreso piensa distinto pues los últimos cuatro feriados, que corresponden a festividades cívicas, han sido aprobados en la gestión actual y corresponden al 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho) por Ley N° 31381 año 2021, al 6 de agosto (Batalla de Junín) por Ley N° 31530 del año 2022, 7 de junio (Batalla de Arica) por Ley N° 31788 y el ya mencionado 23 de julio (Abelardo Quiñones) por Ley N° 31822 este 2023. Y si sumamos las vacaciones, son 46 días de descanso pagados al año, cifra que nos pone entre los primeros lugares del mundo por debajo de Irán que tiene 53 días libres. Ni qué decir en Latinoamérica, donde, en número de días de vacaciones, estamos casi al nivel de Chile y por encima de México y Brasil, países que tienen realidades económicas muy distintas a la nuestra.

Resulta penoso que en pleno siglo XXI se continúen emitiendo normas que le dan la espalda a la realidad, que no contemplan su real impacto en la economía nacional. Tratándose de los feriados, se sabe que cada uno resta 0.3% puntos al PBI, por lo que, considerando nuestra situación actual, cada decimal cuenta.

Comentario aparte merece la reciente Ley N° 31828, Ley del Joven Empresario, que, sin perjuicio de los cuestionamientos de índole tributario que pudiera tener, no le auguramos un impacto importante en la generación de empleo juvenil. Los jóvenes, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), constituyen uno de los grupos más afectados por la pandemia, si a ello le sumamos que este sector es uno de los más informales, es evidente que urge plantear una solución. Tampoco perdamos de vista que esta no pasa por incentivar la contratación a plazo fijo de personas entre 18 y 29 años, desempleadas durante 12 meses mediante un incentivo fiscal o una inscripción registral simplificada de la empresa como plantea la ley comentada.

Tengamos presente que la generación de empleo formal, como se dijo, depende del crecimiento del país, de un régimen laboral promocional menos oneroso y que contemple un esquema de flexibilidad laboral pues el que tenemos actualmente es bastante rígido, entre otras medidas tributarias, administrativas atractivas a plantearse. En este punto nos preguntamos, ¿por qué beneficiar solo a “jóvenes” entre 18 a 29 años? ¿No tienen acaso el derecho al empleo con derechos laborales y seguridad social quienes cuentan con 30, 31 y en adelante? ¿No hubiese sido mejor trabajar una propuesta integral que no se limite a ese rango etario? La nueva regulación plantea más interrogantes que respuestas, por lo que quedará hacer un balance en unos meses.

Sin embargo, no perdamos de vista la necesidad de generar empleos formales con acceso a la seguridad social. Es una tarea pendiente. Manos a la obra.