1. Dos semanas antes de que Pedro Castillo asumiese el poder, publiqué una columna titulada “Generar riqueza: un imperativo moral”. Ahí planteé una idea simple: “para ser socialmente responsables, necesitamos generar riqueza”. Ya sea para crear puestos de trabajo productivo o para contar con más recursos fiscales para poder atender a la población vulnerable y proveer los servicios públicos que la sociedad demanda, necesitamos generar riqueza. Combatir la pobreza solo se logra generando riqueza, para lo cual resulta indispensable dinamizar la inversión.
2. Esta proposición, que para muchos resulta evidente o, incluso, tautológica, no es aceptada por todos. En el grupo que la rechaza, algunos piensan que la pobreza se combate principalmente desde el Estado, a través de sus programas sociales; pero usualmente no prestan la atención debida al hecho de que estos programas gubernamentales tienen que financiarse. ¿De dónde salen estos recursos si no es del crecimiento económico y de la generación de riqueza?
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3. Algunos piensan que el Estado debería ser el generador de riqueza a través de la inversión pública o, más preocupante aún, a través de las empresas públicas. Pareciera que no han aprendido nada de la experiencia peruana de los últimos 50 años. El descalabro económico de los años 70 y 80 –caracterizado por una desmedida intervención del Estado en la economía– frente al crecimiento y la generación de riqueza de las siguientes tres décadas –en las que construimos una economía de mercado pujante y redujimos la pobreza como nunca antes– deja una lección clara: la iniciativa e inversión privada generan riqueza, puestos de trabajo y reducen la pobreza. No es rol del Estado hacer esto y tampoco es bueno en ello.
4. Sin embargo, es importante reconocer que durante los años de bonanza de las primeras dos décadas de este siglo, gran parte de los problemas que afectaban a los pobres, a “los nadies”, siguieron sin resolverse. A pesar del aumento significativo de ingresos fiscales, el Estado peruano –aquejado por la fragilidad institucional y la corrupción– no fue capaz de redistribuir los beneficios del crecimiento económico ni de proveer los servicios públicos básicos de calidad que la población demandaba.
5. Este fracaso del Estado se explica, en parte, por la estructura de incentivos perversa que condiciona la toma de decisiones de la burocracia pública. La mayor parte de los funcionarios gana poco al tomar decisiones, pero puede perderlo todo si la Contraloría General de la República o la Fiscalía consideran que estas decisiones deben ser investigadas. Si en el sector público se gana poco o nada por decidir, se puede perder mucho por hacerlo, y no decidir trae pocas consecuencias personales, el resultado es obvio: el Estado se vuelve disfuncional, lento e ineficiente.
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6. Sorprendentemente, frente a esta dualidad de economía de mercado exitosa y Estado disfuncional, surgió la narrativa de que es necesario reformar el capítulo económico de la Constitución. Algunos plantean cambiar el modelo económico imperante y volver a incrementar el rol del Estado en la economía. Es decir, proponen dejar de lado lo que sí funciona y promueven lo que no lo hace. Esta narrativa populista –divorciada de un análisis de los problemas del país y de sus posibles soluciones– es la que llevó a Pedro Castillo a la presidencia en julio del 2021 y es un elemento central de las propuestas de candidatos como Antauro Humala y muchos otras personas poco calificadas que ahora se preparan para presentarse a las próximas elecciones.
7. Sin embargo, el reto que tenemos por delante es crecer de manera sostenida para atender las necesidades de los peruanos, sobre todo los más pobres, pero también las necesidades de la clase media y de los cientos de miles de emprendedores que día a día generan bienestar y trabajo. Para atenderlas, no solo debemos fomentar la inversión, crecer y generar riqueza, sino asegurarnos de que los beneficios del crecimiento lleguen a estos segmentos de la población. Solo lo lograremos si nos dedicamos en serio a reformar el Estado, para volverlo funcional y ponerlo al servicio de los ciudadanos. Para esto no se requiere cambiar la Constitución o aprobar grandes leyes, sino gerenciar eficientemente un Estado que hoy es claramente disfuncional. Este reto es enorme. Se requiere de una reingeniería total de nuestro sector público.
8. Para crecer y poder redistribuir hay que promover la inversión, en particular, la inversión privada; sin miedo, sin tapujos, concertando de manera transparente la generación de riqueza en el país. Esto debe ir de la mano de la reingeniería del aparato estatal, poniéndolo al servicio de la ciudadanía, asegurándonos que los mayores recursos fiscales efectivamente beneficien a la población, en lugar de financiar el crecimiento de un Estado que no funciona.
9. Si el tema le interesa, hoy a las 7:00 pm presentaremos –junto con Omar Mariluz– el libro “Generar riqueza y reformar el Estado. Reflexiones de economía y política en torno a los retos actuales del Perú” en la librería El Virrey.
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