Burócratas atrapados en la carrera por la vacuna

La mayoría de escenarios de reactivación económica está condicionada a que se despeje la incertidumbre asociada a la efectiva disponibilidad de la vacuna contra la covid-19. Esto se torna fundamental ante la inminente segunda ola de la pandemia; de hecho, la tasa de positividad de las pruebas moleculares se ha duplicado en las últimas dos semanas y la probabilidad de una segunda ola es cada vez mayor. A la ausencia de decisiones oportunas y la consiguiente inacción de los funcionarios públicos ante el temor de ser penalizados por la vía administrativa o penal, se suma la falta de consistencia mostrada por el Gobierno anterior.

Si bien la gestión de Vizcarra aceptó las condiciones exigidas por la Covax Facility relacionadas a las compras adelantadas y la transferencia de riesgos de las farmacéuticas a los países (en caso de indemnizaciones por efectos secundarios), el Gobierno dilató sus negociaciones bilaterales que exigían las mismas cláusulas contractuales. La inestabilidad política no se puede usar del todo para justificar los reflejos tardíos del Gobierno. Este escenario ha puesto al país en una situación de desventaja frente a otros países de la región y no le permite precisar con certeza cuándo habrá una vacuna disponible. Hacia delante el uso de la información será crucial para un manejo correcto de las expectativas de la ciudadanía.

En la región, según la Universidad de Duke, los países que han avanzado en mayor medida con la adquisición de vacunas son Argentina, Colombia y Chile. En el caso de Argentina, se poseen acuerdos con las farmacéuticas Pfizer, Janssen y AstraZeneca por 47 millones de dosis y la campaña de vacunación comenzará el 23 de diciembre priorizando al personal esencial y los grupos de riesgo. Por su parte, Colombia acaba de cerrar un acuerdo con Pfizer para la adquisición de 40 millones de dosis. Por otro lado, Chile cuenta con acuerdos que les garantizan 50 millones de dosis con Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson y la Covax Facility, y su plan de vacunación comenzaría entre el 24 y 25 diciembre, con un primer grupo de 15 mil personas.

En el caso del Perú, pese a las múltiples tratativas aún no se tiene ningún contrato firmado con alguno de los laboratorios previamente mencionados y solo se haya avanzado con dos preacuerdos con Pfizer y la Covax Facility. A pesar de haber iniciado las negociaciones con Pfizer al mismo tiempo que Chile, el vecino del sur tendrá acceso al primer lote de vacunas antes de las fiestas navideñas. En nuestro país, aún no tenemos certeza de tener acceso a la vacuna durante el primer semestre del 2021.

En situaciones normales, el Minsa y Essalud utilizan la facilidad rotatoria de la Organización Panamericana de la Salud para la compra de vacunas y otros fármacos, aprovechando las economías de escala de compras regionales. Sin embargo, la situación actual es muy distinta al no existir certeza de una oferta de vacunas disponibles y tener que asumir los riesgos de compras adelantadas y las contingencias que se derivan de estas adquisiciones. Desde el mes de agosto pasado, se tenía claridad de que los acuerdos y los correspondientes pagos para comprometer un suministro de la Covax Facility requeriría manejar estos riesgos y, de ser el caso, realizar las modificaciones normativas para darle un marco legal a estas adquisiciones. Aun así, el Gobierno avanzó con la facilidad multilateral (incluso asumiendo los riesgos antes mencionados) y no fue lo suficientemente prolijo de avanzar a la par con sus negociaciones bilaterales y cerrar acuerdos con suficiente antelación.

Tampoco hubo el sentido de urgencia para modificar el marco legal para realizar este tipo de adquisiciones. La modificación de la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, efectuada la semana pasada, recién permitirá la adquisición y el registro sanitario condicional por un año de medicamentos y productos biológicos en la Fase III con resultados preliminares (como es el caso de la mayoría de los laboratorios). Se perdieron meses preciosos entre que el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley en setiembre y su promulgación el 11 de diciembre último.

Por el contrario, la mayoría de países de la región hicieron los cambios legales de manera oportuna. Resulta inexcusable la demora mostrada por el Parlamento para tramitar con celeridad esta ley. Por su parte, el Gobierno optó por no ejercer su potestad legislativa ante la emergencia, habiendo podido emitir un decreto de urgencia ante los atrasos del Legislativo y suscribir los acuerdos de compra adelantada con los riesgos mitigados de la mejor manera posible, como lo ha hecho la mayoría de países latinoamericanos.

Si bien la inestabilidad política (y la excesiva rotación de funcionarios públicos) de los últimos meses no ayudó en dar las seguridades suficientes para negociar estos contratos a tiempo, estas condiciones se sabían de antemano y se pudo haber actuado con mayor oportunidad. Quizás la reducción de la tasa de propagación del virus a partir del último trimestre del año dio una falsa sensación de seguridad.

No obstante, restan importantes desafíos logísticos (que variarán según el laboratorio respectivo) y la necesidad de diversificar las fuentes de suministro ante la incertidumbre que aún persiste con la certificación de otras vacunas y su eventual disponibilidad. Más allá de estas consideraciones, urge cambiar los incentivos para que tomar decisiones en el Estado no cueste tanto y conduzca a la inacción.