The Economist: Planeta S.A.

Reguladores globales como el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) quieren que las empresas hagan frente a las tres maneras en que el clima afecta sus perspectivas futuras. Los efectos físicos del calentamiento global —elevación del nivel del mar, sequías y tormentas más severas— ponen en peligro fábricas y otros activos, así como el transporte y la energía que conectan las cadenas de suministro.

También perjudican la productividad laboral —las que gastan en adaptación al cambio climático, como uso de aire acondicionado, elevan sus costos generales—. Un estudio realizado en más de 11,000 empresas listadas globalmente halló que contabilizar tales riesgos físicos reduciría sus valores de mercado en solo 2% a 3% en promedio, aunque las más expuestas podrían perder el 20%.

El riesgo de calamidades climatológicas aumenta imperceptiblemente trimestre a trimestre. Para la mayoría de empresas, ese riesgo se materializará cuando sus activos actuales, que rara vez duran más de quince años, y sus CEO, que típicamente se quedan en ellas menos de ese tiempo, sean un recuerdo lejano. Ni siquiera las administradoras de activos de largo plazo mantienen acciones por más de una década.

Tanto agencias calificadoras como compañías de seguros están tratando de calcular los riesgos físicos al evaluar el rating crediticio de las empresas y determinar los precios de las primas. Pero por ahora, las señales del mercado son demasiado sutiles para ser detectadas. Son los inversionistas quienes están más en sintonía con los “riesgos de transición”.

Los impuestos al carbono, el comercio de derechos de emisión (de gases de efecto invernadero) y otros esquemas implementados para incentivar el proceso de hacer que las economías sean verdes, impone costos a las empresas.

De los 195 países signatarios del Acuerdo de París, 81 mencionan ponerle un precio del carbono en sus compromisos para limitar el calentamiento global. La mitad de ellos ha anunciado la aplicación de un impuesto al carbono, derechos de emisión o ambos. Sumados a esquemas a nivel local y estatal, cubren el 15% de las emisiones mundiales, cuando el 2010 cubrían el 4%.

Al depender de la política y no de la física, los riesgos de transición son menos específicos. Sus costos actuales son irrisorios; los gobiernos recaudan quizás US$ 30,000 millones anuales, apenas una fracción de los US$ 2 millones de millones que las empresas en Estados Unidos generaron el año pasado.

Pero si atendiesen el objetivo del Acuerdo de París —mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales—, el 15% del valor bursátil global estaría en peligro. Un estudio del 2018 encontró que los productores de electricidad tendrían que retirar el 20% de su capacidad y cancelar todos sus proyectos planificados.

“Los impuestos al carbono, el comercio de derechos de emisión y otros esquemas implementados para incentivar el proceso de hacer que las economías sean verdes, impone costos a las empresas”.

La última amenaza acecha en los juzgados y es la más difícil de cuantificar. Este mes, Pacific Gas and Electric Company alcanzó un acuerdo por US$ 11,000 millones con aseguradoras que buscaban una compensación de la compañía californiana por unas indemnizaciones que realizó a propietarios de viviendas y empresas, en relación a unos incendios forestales que fueron causados por sus líneas de transmisión, y cuya probabilidad se incrementó por el cambio climático.

Probar la culpabilidad de una empresa por desastres naturales es raramente así de sencillo. Los denunciantes deben probar que han sufrido perjuicio causado por el demandado y que el juzgado pueda fijar una reparación. El 2012, una corte federal desestimó un caso presentado por residentes del estado de Misisipi contra 34 grandes emisoras de carbono, por el daño ocasionado por el huracán Katrina, pues afirmaban que el cambio climático intensificó su fuerza destructiva.

No obstante, las acciones legales de índole climática contra empresas están aumentando. El año pasado, el estado de Nueva York demandó a Exxon Mobil por mentir a inversionistas sobre los riesgos de la regulación climática —la compañía lo niega—. El avance de la ciencia ha hecho que la determinación de causalidad sea más confiable, aunque de ningún modo fácil. Condados estadounidenses han enjuiciado a varias gigantes petroleras con argumentos similares a los del caso en Misisipi.

El 2017, el FSB publicó directrices de aplicación voluntaria sobre divulgación de esos riesgos para empresas e inversionistas. Grandes administradoras de activos, como BlackRock, las respaldan; pero las empresas se rehúsan a ser las primeras en reconocer sus vulnerabilidades pues temen, con razón, que el mercado castigará su honestidad. Hasta que la divulgación sea obligatoria, es probable que sigan prevaricando.