Fue una especie de confesión. Cuando Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba, se presentó ante la Asamblea Nacional a finales de diciembre para anunciar un paquete de medidas económicas, culpó en primer lugar al embargo estadounidense del lamentable estado de la economía del país. Pero luego añadió: “Podríamos haber hecho mucho más”. Eso es quedarse corto.
La economía de Cuba está en su peor momento desde el colapso de la Unión Soviética en la década de 1990. Incluso las cifras oficiales —que un empresario occidental de La Habana, la capital, describe como “un ejercicio de encubrimiento”— son desalentadoras. Según el gobierno, la inflación anual es del 30%. Se prevé que el déficit fiscal alcance al menos el 18% del PBI en 2024. En 2023, la economía se contrajo en torno al 2%, según Alejandro Gil, ministro de Economía.
Al no poder participar en unas elecciones democráticas, muchos cubanos votan con los pies. La emigración está en su nivel más alto desde la revolución de 1959, según informa la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un grupo de defensoría.
Durante los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, unos 425,000 migrantes cubanos se dirigieron a Estados Unidos y 36,000 presentaron solicitudes de asilo en México. Es decir, más del 4% de la población. Muchos han partido hacia otros destinos, entre ellos Rusia, donde no se publican cifras detalladas de migración. Al inicio del curso escolar en setiembre, en las escuelas cubanas faltaban 17,000 profesores, según el Ministerio de Educación.
Algunos de los problemas de Cuba se han exacerbado por acontecimientos recientes. Durante el mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos se endurecieron las sanciones a la isla. Cuba además estuvo incluida en una lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Mientras tanto, el turismo, que representó el 11% del PBI en 2019, no se ha recuperado de la pandemia. En 2023, el número de visitantes fue de apenas 2 millones, aunque el gobierno esperaba 3.5 millones.
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El año pasado, Venezuela redujo sus envíos de crudo a la isla, ya que no lograba procesar lo suficiente para cubrir sus propias necesidades, lo cual llevó al gobierno cubano a imponer racionamientos y amenazar con apagones. (Los envíos repuntaron en setiembre, antes de volver a reducirse en noviembre tras el levantamiento de las sanciones estadounidenses a la petrolera estatal venezolana).
Pero el mayor problema es la renuencia incesante de los gobernantes cubanos a permitir que prospere el sector privado. Mucho ha cambiado en el país desde que Fidel Castro, el líder revolucionario, declaró en 1968 que “no habrá futuro en esta nación para la empresa privada ni para los trabajadores por cuenta propia”. Raúl Castro, hermano y sucesor de Fidel, que asumió formalmente la presidencia en 2008, acabó con ciertas falacias, como la idea de que los cubanos preferían intercambiar sus casas antes que venderlas. Ahora hay un modesto mercado inmobiliario.
Desde 2018, bajo el mandato de Miguel Díaz-Canel, el actual presidente, también se ha ampliado la empresa privada. En 2021, se permitió a los cubanos, que antes solo podían ser comerciantes individuales, convertirse en empresarios y dirigir pequeñas y medianas empresas (con un máximo de 100 empleados). Ahora hay 10,000 de estas pymes, que representan el 14% del PBI, las cuales llenan los vacíos que deja la ineficiencia del Estado.
Las empresas de reparto que importan alimentos son un ejemplo. “Ahora todo es más fácil aquí, si tienes dinero. Todo lo pido por internet”, dijo un expatriado de Estados Unidos que vive en La Habana y mostró su nevera bien surtida, atiborrada de alimentos congelados estadounidenses.
Sin embargo, desde la reunión de la Asamblea Nacional en diciembre, quedó claro que cualquier intento de abrir la economía al libre mercado se enfrentaría a la resistencia de los ancianos altos mandos del régimen, muchos de los cuales fueron educados por Castro. “Estamos estancados. ¡Tenemos que aumentar la producción!”, exclamó desesperado Esteban Lazo, presidente de la Asamblea, de 79 años, durante una reunión.
Lazo se queja del síntoma, pero no de la causa. Son él y su cohorte quienes han impedido algunas de las reformas básicas que el país necesita con tanta urgencia. Esto se nota sobre todo en el sector agrícola. Los agricultores no pueden importar sus propios equipos ni vender la mayoría de sus productos directamente a los consumidores, sino que tienen que pasar por el Estado. Pero el gobierno es inútil para conseguirles combustible y piezas a los agricultores. La producción agrícola cubana cayó un 35% entre 2019 y 2023, según cifras oficiales.
Otro ejemplo de pensamiento anticuado se refiere al tipo de cambio. El sistema de dos divisas de Cuba se suprimió en 2021. Pero sigue habiendo tipos oficiales fijos de 24 pesos cubanos por dólar estadounidense para las empresas estatales y de 120 por dólar para los particulares. Sin embargo, la cotización en el mercado negro es de más de 270 pesos por cada dólar.
Este desajuste provoca una serie de distorsiones, la mayoría de las cuales favorecen a los ricos. La gasolina cuesta 30 pesos el litro, lo que en el mercado negro equivale a unos diez centavos de dólar por litro. Es más barata que en Kuwait, donde la gasolina está muy subvencionada. Las opulentas mansiones de principios del siglo XX, confiscadas a la “burguesía” por el Estado tras la revolución de 1959, pueden alquilarse a una inmobiliaria estatal de La Habana por unos 300 dólares al mes si se paga en pesos, en efectivo y se conoce a la gente adecuada.
Empero, en lugar de aceptar que su tipo de cambio oficial está desfasado, el gobierno culpa al mensajero. En la reunión de la Asamblea, el primer ministro Marrero acusó a los sitios web extranjeros, que monitorean el tipo de cambio en la calle, de publicar lo que calificó de tasas “ficticias”. Los que publican los datos son “enemigos” de la revolución, afirmó.
Pero hay algunos reformistas en el gobierno. Se cree que Díaz-Canel simpatiza más con la empresa privada que sus colegas mayores. El 29 de diciembre, dijo que el Estado no estaba enfrascado en una “cruzada” contra el sector privado, no obstante, advirtió que tampoco se permitiría que se convirtiera en una facción antirrevolucionaria. El mensaje era que la lealtad política sigue siendo un prerrequisito para dirigir una empresa en Cuba. Gil, el ministro de Economía, también es considerado un reformista prudente.
En la reunión del mes pasado, se anunciaron algunos cambios, como un aumento no especificado del precio de la gasolina y un incremento del 25% del precio de la electricidad para los grandes consumidores este año. Si bien es un paso en la dirección correcta, afectará a las empresas privadas, la mayoría de las cuales han disfrutado hasta ahora de electricidad prácticamente gratuita.
También está previsto suprimir de manera gradual las subvenciones a los productos básicos, como el arroz o el azúcar, a fin de beneficiar directamente a los más pobres. Díaz-Canel afirmó que estas medidas “darán una sacudida necesaria a la economía”. Y añadió: “Haremos más revolución y más socialismo”.
En la práctica, eso parece poco plausible. Es más probable que un sector privado manipulado y un tipo de cambio artificial beneficien a unos pocos privilegiados bien colocados, mientras que ajustes pequeños en un sistema putrefacto no bastarán para frenar el declive de Cuba.
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