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Un total de 45 personas, entre ellas dos menores de edad, van a ser juzgadas a partir de este lunes por el régimen comunista de Cuba en relación con las protestas antigubernamentales del 11 de julio, según datos recopilados por activistas.
El colectivo Justicia 11J asegura que se trata de tres juicios, que se celebran en Mayabeque y La Habana, y que para algunos de los acusados se solicitan hasta 20 años de cárcel.
La fiscalía imputa a estas personas por diversos delitos, como desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje a los símbolos de la patria y, en el caso de las penas mayores, están acusados de sedición, indican los activistas.
Las autoridades judiciales cubanas no acostumbran a informar sobre los procesos legales, sobre los que tampoco reportan los medios oficiales. Además las vistas no son públicas y los medios internacionales no tienen posibilidad de cubrirlos.
El mayor de los procesos es el que tiene lugar en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre de La Habana, donde se juzga hasta el viernes en una causa común a 23 personas con peticiones de hasta 20 años de prisión.
En este juicio los activistas han detectado que dos de los acusados tienen 17 años. Para ambos pide la fiscalía 15 años de cárcel. Efe solicitó un posicionamiento al respecto a la oficina regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y por el momento no ha obtenido respuesta.
En Cuba la edad penal mínima son 16 años. El Código Penal (artículo 17.1) contempla la posibilidad de reducir a la mitad las penas de las personas menores de edad. Para los condenados entre 18 y 20 las condenas se pueden rebajar en un tercio.
Efe solicitó a la sede regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) un posicionamiento con respecto a los juicios a menores, pero por el momento no ha obtenido respuesta.
En la provincia occidental de Mayabeque tienen lugar esta semana dos juicios, ambos en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. En el primero, entre este lunes y el miércoles, 15 personas se enfrentan a hasta 14 años de cárcel; en el segundo, el jueves, 7 personas afrontan penas de hasta 15 años.
Varias ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados en estos procesos por los sucesos del 11 de julio.
Las autoridades judiciales cubanas aseguran que se cumplen estrictamente los instrumentos internacionales, niegan que se trata de procesos políticos y subrayan que juzgan sólo delitos violentos y actos de vandalismo.
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, hizo este lunes una referencia indirecta a los procesos en la apertura del año judicial al asegurar que, pese a la pandemia, la Justicia cubana ha podido seguir enjuiciando a quienes “cometieron hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves actos delictivos”.
El Ejecutivo cubano ha negado además que se trate de juicios de carácter político. El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, aseguró recientemente que en la isla “no hay presos políticos” y que los cubanos “pueden manifestarse libremente” en contra de la revolución.
Prisioneros tras el 11J
Según Prisoners Defenders, una ONG española que defiende los derechos humanos en Cuba, al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión en la isla por motivos políticos, en la mayoría de los casos por los hechos del 11 de julio. Entre ellos la ONG asegura que hay 26 niños de entre 14 y 17 años.
Por su parte, la ONG cubana Cubalex ha identificado en su último recuento un total de 1,377 detenidos a raíz del 11 de julio y otros 94 por la frustrada protesta del 15 de noviembre. De ellos, 727 (de los que 15 son menores) siguen arrestados. Otros 361 han sido juzgados en procesos sumarios u ordinarios.
La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció recientemente ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (Unicef) la situación de 39 menores de 21 años “encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente”.
El pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país.
Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla.
