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Una mañana de agosto, a tempranas horas, reinó una parálisis entre brasileños por una escena criminal en tiempo real. Un joven secuestró un autobús urbano abarrotado en un puente de Río de Janeiro y amenazó con incendiarlo. Cuando las negociaciones fallaron, fue asesinado por un francotirador de la policía. Millones fueron testigo de la sombría secuencia que fue difundida en vivo por televisión. Los mejores de Río hicieron su trabajo de manera admirable, pero no tanto el gobernador Wilson Witzel, que saltó desde su helicóptero sobre el puente y levantó la mano en el aire, como Neymar cuando celebra un gol en la Copa Mundial.
Un crimen desesperado, la policía en el ojo público, funcionarios electos que actúan mal ... en cierto sentido, esto era América Latina en pocas palabras. En toda la región, las autoridades aprovechan el pánico general relativo a la violenta criminalidad y enfrentan cada vez más a forajidos con fuerza letal y bravuconería equivocada. Sin embargo, a pesar de que los políticos han sometido la truculencia al comando y control —y se han adjudicado victorias en batallas que no lucharon—, persiste una ansiedad generalizada frente a la seguridad pública. Peor aún, el giro hacia métodos draconianos conlleva costos insidiosos.
La violencia criminal no solo priva a América Latina de su juventud, riqueza y tranquilidad, sino que también afecta su política. La epidémica delincuencia, además de la propagación de la corrupción y un crecimiento económico apagado, ayudó a expulsar a líderes y a foráneos que se comprometieron a erradicar a los criminales, como el populista mexicano de izquierda Andrés Manuel López Obrador y el inconformista de El Salvador, Nayib Bukele.
En ninguna parte fue el voto de "ley y orden" más expresivo que en Brasil, donde impulsó al excapitán del ejército y nostálgico autoritario Jair Bolsonaro a la presidencia, junto con un pelotón de militares y candidatos reactivos como Witzel. ¿La frase clave de la campaña de Bolsonaro? "Un buen criminal es un criminal muerto".
No obstante, sí vale la pena celebrar las victorias de seguridad pública en América Latina, hogar de 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo en el 2016. Como declaró recientemente el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, después de que los homicidios cayeron 20% este año hasta junio, “cualquiera que ignore las iniciativas federales para reducir los homicidios es ideológicamente ciego”.
Pero los brotes de soberbia gubernamental también pueden distorsionar el cumplimiento de la ley, ya que líderes biliosos alientan o aprueban un cuerpo policial presto a presionar el gatillo. Como me dijo Robert Muggah, experto en seguridad pública del Instituto Igarapé de Brasil: "La violencia policial excesiva socava la confianza en las instituciones estatales y fomenta la impunidad y el vigilantismo".
Si bien el francotirador evitó una tragedia mayor en el secuestro televisado del mes pasado en el autobús, en otros lugares los cuerpos se acumulan. Tan solo en el estado de Río de Janeiro, la policía ha matado a más personas (1,075) en siete meses que en cualquier período de 12 meses durante 10 de los últimos 16 años. Aunque los homicidios han disminuido en todo el país, los asesinatos a manos de la policía aumentaron 23% este año, “un récord histórico”, según Muggah. En las Américas, solo Venezuela, donde la economía ha colapsado, y El Salvador, hogar de carteles internacionales de droga en guerra, tienen peores registros de fuerza letal por parte de la seguridad estatal.
Algunos funcionarios llegan lejos en sus comentarios y dan su aval al lema "el que dispare primero" en nombre de una lucha efectiva contra el crimen. Las tasas de homicidio de la policía de Río también caerán, dijo Witzel recientemente, porque "la policía ya ha dejado claro su mensaje".
Expertos en crimen objetan la efectividad y necesidad de este “mensaje”. De hecho, la tasa de homicidio ha venido disminuyendo desde al menos principios del 2018, mucho antes de que Bolsonaro asumiera el cargo. Además, el crimen generalmente aumenta o disminuye debido a una compleja interacción anual entre cambios sociales, demográficos y de políticas. Por ejemplo, la disminución de 12% desde el 2000 de la población juvenil de Brasil, para quienes el desempleo y la frustración son altos, puede haber presagiado la reciente disminución de los homicidios. También tendría que ver, tal vez, la tregua tentativa entre pandillas criminales rivales, que tradicionalmente se enfrentan para reclamar poder sobre cada esquina.
Repensar la política ayudaría. Consideremos la trayectoria reciente de ciudades colombianas que alguna vez nadaban en sangre, como Medellín y Cali. Al tratar los puntos críticos de delincuencia callejera como una emergencia de salud y no como un campo de batalla —por ejemplo, mejorando los servicios públicos, utilizando grandes datos para mapear "brotes" y aumentando la cantidad de policías en cada vecindario—, las autoridades lograron disminuir el crimen callejero.
En lugar de expulsar a los adictos de un corredor urbano de crack infestado de ladrones, las autoridades de Belo Horizonte, una gran capital estatal de Brasil, instalaron máquinas de ejercicio y luces LED en las calles e invitaron a artistas callejeros a alegrar el vecindario de Lagoinha. Desde entonces, los niños han desplazado a adictos y ladrones. La ciudad también aumentó las patrullas de guardias municipales armados, con el argumento de que conocían las calles mejor que la policía estatal. La policía municipal nunca disparó un solo tiro, pero ayudó a reducir el crimen. La tasa de homicidios de Belo Horizonte cayó 24% en el 2018 y un 15% adicional en el primer trimestre de este año.
"Los crímenes son como los accidentes aéreos, que generalmente suceden no por un error fatal sino por una secuencia de fallas y errores políticos", me dijo el exsecretario de seguridad pública de Belo Horizonte, Claudio Beato. "Si el alto mando da la señal de que está bien disparar, el mensaje llega rápidamente a las calles".
Algunos funcionarios parecen estar totalmente de acuerdo. La semana pasada, un legislador local del estado de Espírito Santo —uno de los 72 oficiales militares elegidos en la fórmula del partido gobernante de Bolsonaro— ofreció una recompensa a cualquiera que ejecutara y buscara el cuerpo de un presunto asesino local. No importó que él mismo hubiera sido arrestado en 2017 por presuntamente incitar a una rebelión policial que paralizó el cumplimiento de la ley estatal y provocó una ola de crímenes que causó 198 muertes.
Por Mac Margolis
