:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/QVJ3ODT575FTZPT24NSNJHNJAQ.jpg)
Una nueva publicación de los papeles de Pandora reveló el complicado entramado societario en distintos paraísos fiscales que construyeron los hijos del presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, desde que este asumió el poder por primera vez en el 2010.
La investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) desveló detalles sobre cómo Piñera, que tiene una de las mayores fortunas de Chile con casi US$ 3,000 millones, traspasó sus negocios a sus hijos para evitar posibles conflictos de interés tras su llegada a La Moneda (sede de Gobierno).
En los documentos obtenidos por el ICIJ, en conjunto con los medios chilenos Ciper y LaBot, sus cuatro hijos reconocen que la fuente de los activos declarados en las Islas Vírgenes Británicas son producto de las donaciones que recibieron de su padre.
Esto abre la pregunta sobre si se pagaron los impuestos por el traspaso de ese dinero, pues las donaciones en vida pagan en Chile un impuesto de 25%.
El patrimonio “offshore” de los hijos provendría de la venta de negocios históricos de Piñera, como la empresa de tarjetas de crédito Transbank, la aerolínea LAN (ahora conocida como Latam tras su fusión con la brasileña Tam en el 2012) o el canal de televisión Chilevisión, de acuerdo a la investigación.
Los Papeles de Pandora, la mayor investigación periodística de la historia iniciada tras una filtración de casi 12 millones de documentos procedentes de 14 despachos de abogados dedicados al negocio “offshore”, señaló el domingo a Piñera por haber realizado parte de la venta de un polémico proyecto minero en Islas Vírgenes Británicas.
Piñera y su familia eran los mayores accionistas de Minera Dominga, pero vendieron sus acciones a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano con un acta firmada en Chile por US$ 14 millones y otra en las Islas Vírgenes Británicas por US$ 138 millones.
El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, aunque la última dependía de que no se creara un área de protección ambiental para ese proyecto minero, algo con lo que Piñera cumplió siendo presidente, según la investigación.
En un extenso comunicado, la Oficina de Piñera aseguró que el mandatario “ni participó ni tuvo conocimiento” de los detalles de la venta de Dominga y que “desde hace más de 12 años” no interviene en la administración de ninguna empresa.
“Los hechos mencionados ya fueron investigados por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante el 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito y la falta de participación del presidente”, agregó la declaración.
Piñera, que dejará el poder en marzo del 2022, sí reconoció haber tenido en el pasado “sociedades en el exterior”, aunque en el comunicado afirmó que su existencia fue comunicada a las autoridades regulatorias, “cumpliendo en plenitud con la ley y pagando todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile”.