México coquetea con el bitcoin y la curiosidad hacia la criptomoneda ya se ha instalado entre los políticos.
Primero fueron los apasionados de la tecnología, jóvenes emprendedores y empresas que la usan para brindar servicios financieros —las Fintech—. Luego el apoyo total ofrecido por uno de los hombres más ricos del país, Ricardo Salinas Pliego, que alienta su uso enfáticamente en sus redes sociales.
Ahora son los senadores los que hacen fuerza. Esta semana muchos coincidieron en la necesidad de regular el uso de las criptomonedas, aunque todavía no esté claro cómo, mientras algunos se acercaban al nuevo cajero automático de bitcoins instalado en la Cámara Alta para ver cómo funcionaba esa nueva realidad.
Escaneaban un código QR, introducían unos pesos en el cajero y ese dinero quedaba convertido en bitcoin, aunque solo fuera en unos céntimos de criptomoneda. Se iban contentos aunque sin tener claro si lo volverían a usar.
“Hay apertura para la discusión”, dijo Indira Kempis, una de las senadoras que proponen que el bitcoin se convierta en una moneda de curso legal en México, algo que, de momento, parece todavía una opción lejana.
Kempis, miembro del opositor Movimiento Ciudadano, aseguró que una de las principales ventajas de la criptomoneda sería convertirse en alternativa para cubrir las necesidades de parte de los 67 millones de mexicanos que, según sus datos, están excluidos del sistema financiero, pero la prioridad, de momento, es acercar esta realidad a quienes deben aprobar las leyes.
Lo primero, argumentó, es “aprender a decir no sé” y alentar a los senadores curiosos a acercarse y comprar, aunque fuera solo el equivalente a unos pocos pesos, en la más famosa criptomoneda que ella ya utiliza, según dijo, para algunas compras y sobre todo para ahorrar.
A juicio de Kempis, popularizar el uso del bitcoin será un proceso similar a lo que supuso al principio el comercio electrónico —del que durante años muchos desconfiaron— y además de generar nuevas oportunidades económicas, podría facilitar la recepción de remesas a muchos mexicanos que viven en comunidades aisladas y no tienen cuenta en un banco pero sí con un celular y acceso a internet, aunque sea intermitente.
Facilitar las remesas, que ya suponen en México ingresos mayores a los del turismo y el petróleo, fue también uno de los argumentos esgrimidos por El Salvador para convertirse en el primer país del mundo en hacer del bitcoin su moneda de curso legal junto al dólar en septiembre del año pasado. Su presidente, Nayib Bukele, consideraba que conllevaría inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico a El Salvador.
La República Centroafricana siguió los pasos de El Salvador este mes.
A las instituciones financieras no les convence del todo. El Fondo Monetario Internacional instó en enero al gobierno salvadoreño a dar marcha atrás porque consideraba que tener el bitcoin como moneda de curso legal implicaba “graves riesgos para la integridad financiera y del mercado”.
En México alertaron de su volatilidad y desde que se instalaron los primeros cajeros automáticos la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, advirtió que las autoridades no pueden responder por algún quebranto o cambio significativo en su valor.
Pese a los problemas que ha tenido El Salvador, las propuestas para regular y fomentar las criptomonedas se van abriendo paso poco a poco en otros países latinoamericanos.
“No podemos ser omisos a una realidad que existe”, agregó Kempis y la manera de hacerlo correctamente es consensuando una legislación adecuada.
México ya cuenta con una “Ley Fintech” y una Ley Monetaria. Por ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, del partido oficialista, indicó esta semana que ahora se pretende adecuarlas “y aprovechar este mercado creciente”.