Los medios independientes rusos enviaron una carta abierta al presidente Vladimir Putin el viernes para exigir el fin de la actual campaña de represión contra los medios críticos del poder.
En los últimos meses, varios medios y periodistas han sido clasificados como “agentes extranjeros”, un estatuto infame que implica restricciones administrativas sofocantes, so pena de fuertes multas.
Varios reporteros también han sido objeto de procesos judiciales y allanamientos.
“Está en marcha una campaña de destrucción de los medios no gubernamentales y de presión contra los periodistas”, denunciaron los firmantes de esta carta dirigida a Putin y a otros altos funcionarios.
“Exigimos la revisión de las decisiones sobre el cierre de las redacciones de nuestros compañeros”, añade el texto, publicado por el diario Novaïa Gazeta, la edición rusa de Forbes, o el sindicato ruso de periodistas y trabajadores de los medios.
Desde el regreso a Rusia y la detención del oponente Alexei Navalny en enero y la proximidad de las elecciones legislativas en septiembre, las autoridades han intensificado los procedimientos contra la oposición y los medios independientes.
Varios medios, en particular el canal de televisión independiente Dojd, el sitio de Meduza y los medios de investigación, han sido declarados “agentes extranjeros”, lo que lastra sus ingresos publicitarios y les obliga a indicar este estado en todas sus publicaciones, incluso cuando se trata de un tuit.
La lista de “agentes extranjeros” se refiere a organizaciones financiadas desde el exterior y que, según las autoridades, tienen actividades “políticas” en Rusia.
Otros medios vinculados al exoligarca en el exilio Mikhaïl Khodorkovsky también fueron bloqueados recientemente después de ser declarados “organizaciones indeseables”, otro estatuto que también expone a sus miembros a procedimientos legales.
Desde que Vladimir Putin llegó al poder en el año 2000, Rusia ha sido acusada de frenar la libertad de expresión en los medios de comunicación tradicionales, pero los medios en línea pudieron operar con relativa libertad durante mucho tiempo.
La ONG Amnistía Internacional acusó al Kremlin de querer “erradicar el periodismo imparcial y las investigaciones periodísticas”.