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Con las restricciones sanitarias en pleno retroceso a nivel nacional y una histórica inflación de 9.4% en los últimos 12 meses, el Congreso chileno se enfrasca por quinta vez en la discusión de un nuevo retiro anticipado de fondos de pensiones, una medida pensada en principio para amortiguar el golpe económico de la pandemia.
Hasta la fecha hay dos proyectos sobre la mesa: uno que permite la extracción universal del 10% de los fondos, y otro alternativo presentado por el Gobierno que acota el uso de los recursos a temas específicos. El primero fue rechazado ayer en comisión legislativa, el segundo aprobado, ambos a la espera del debate en el pleno.
A continuación, las claves que explican una iniciativa que cuenta con gran apoyo popular —66.5%, según el sondeo de Pulso Ciudadano—, la propuesta presentada por el Ejecutivo y un complejo escenario económico que puede comprometer aún más el bolsillo de los chilenos con un costo de la vida que no ha parado de subir en los últimos dos años.
Dos proyectos para un quinto retiro
“Se argumenta en favor de un retiro porque el costo de la vida está más alto. Pero ese aumento proviene de los retiros anteriores. En la siguiente vuelta, vamos a tener aún más inflación, se va a querer retirar nuevamente fondos para afrontar esa situación”, señaló hace unos días el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Pese a la negativa del Gobierno de apoyar el proyecto original, desde La Moneda se han visto problemas para cuadrar a todos los parlamentarios oficialistas, por lo que se buscó una estrategia de “dispersión de votos” enviando sorpresivamente un nuevo proyecto, señaló el economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz.
A diferencia de la propuesta original, la ideada por el Gobierno limita el uso de los recursos retirados al pago de pensiones alimenticias, saldo de deudas en servicios básicos, salud y créditos hipotecarios de la primera vivienda.
“El nudo principal es el proceso de negociación legislativo. Aún no se sabe si se tienen los votos necesarios para poder implementarlo porque hay una parte del oficialismo que puede que no esté a favor”, recalcó Ortiz.
Cuidar la inflación
En diciembre pasado se discutió la posibilidad de un cuarto retiro, pero fue rechazada por las posibles consecuencias que podría suponer sobre la economía al aumentar la cantidad de circulante.
El proyecto original de quinto retiro, dicen expertos, generaría de igual forma un nuevo “shock de liquidez” en la economía, proyectando mayor gasto interno en un contexto de problemas logísticos que derivaría en presión a los precios.
“Si este retiro es como los anteriores vamos a tener una situación macroeconómica desequilibrada, y un Gobierno que tiene cuentas fiscales complejas y tiene problemas para gestionar su programa”, enfatizó Ortiz.
“Hablamos de más de US$ 15,000 millones, generando un impacto negativo porque las administradoras tendrían que liquidar activos para cumplir el pago”, señaló el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, Francisco Castañeda.
“Con el alternativo se busca un impacto financiero mucho menor, acota los efectos sobre los mercados financieros y la inflación. En términos políticos es una forma de quedar bien con su electorado más radical”, agregó.
La posición del banco central
Aunque el proyecto del Gobierno logró contener el avance del quinto retiro original en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, aún despierta inquietudes en el mundo económico.
La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, si bien reconoció que se trata de un proyecto “más acotado”, criticó el documento en tanto “es un retiro y, como tal, ‘jibariza’ el mercado de capitales de largo plazo”.
“Estos capitales (fondos de pensiones) le han dado profundidad y estabilidad al mercado de capitales, que frente a determinadas crisis normalmente se mueven en dirección de estabilizarlo. Si se reducen en el tiempo, tiene un efecto adverso estructural”, señaló la economista.
Los tres retiros anteriores
Desde la llegada del COVID-19 se han aprobado otros tres retiros del 10% de los fondos, que hasta ahora ha supuesto un desembolso de más de US$ 55,000 millones para entidades que gestionan estos dineros, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y han beneficiado al 95% de los 11 millones de afiliados.
El sistema de pensiones de Chile, instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10% mensual de su sueldo a un fondo gestionado por empresas privadas, que conforman la columna vertebral del mercado financiero chileno.
En los últimos años, ha sido ampliamente criticado por las escasas pensiones que otorga, con la mitad de los contribuyentes chilenos recibiendo menos de 215,000 pesos (US$ 280) al mes de pensión, según datos de la Fundación Sol.
