En San Cristóbal, una ciudad de Venezuela, Anthony Colmenares le avisó a su madre que solo iba a pasar a comprar unos pañales para su recién nacido, por lo que no tardaría en volver a casa. Eso fue el 17 de julio de 2019. Anthony no regresó.
“Empezamos a llamar, llamar y volver a llamar”, relató su madre, Zenaida Basto, con lágrimas en los ojos. Pero nunca respondió. La policía rastreó su teléfono; el último contacto con torres de su servicio celular lo ubicaba cerca de la frontera con Colombia. Basto indicó que su conclusión fue que lo había capturado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo rebelde marxista-leninista con unos 6,000 integrantes conocido por su largo historial de secuestros. Basto cree que es posible que su hijo esté vivo y lo mantengan retenido para realizar trabajo forzado.
El ELN es solo uno de decenas de grupos armados que llevan seis décadas trabados en conflicto en Colombia, con un saldo de aproximadamente 450,000 personas muertas. Hace casi exactamente ocho años Juan Manuel Santos, presidente en funciones en ese entonces, concretó un acuerdo de paz histórico con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en esa época era el mayor grupo rebelde, lo que le ganó el Premio Nobel de la Paz.
Todo parecía indicar que ese acuerdo marcaría el fin de los combates. Sin embargo, hasta la fecha sobreviven decenas de grupos armados y han surgido otros nuevos.
Gustavo Petro, un exguerrillero, fue electo presidente en 2022; su promesa de campaña fue paz total. La idea era celebrar negociaciones con casi todos los grupos armados a la vez, incluidas las bandas criminales, no solo los grupos políticos. De esa manera, ningún grupo se resistiría a desarmarse por temor a que aquellos que no lo hicieran se apoderaran de sus bienes o los mataran.
“A los tres meses de ser presidente se acaba el ELN”, prometió Petro durante la campaña electoral. Basto compartió que la perspectiva de las negociaciones le dio “cierta esperanza” de volver a ver a su hijo. Por desgracia, la paz total de Petro se está yendo a pique.
Hablemos primero sobre los rebeldes del ELN. El gobierno acordó un alto al fuego en agosto de 2023 e inició el diálogo. Pero se había logrado poco para cuando el acuerdo expiró un año después. En setiembre, el ELN asesinó a dos soldados y Petro suspendió las conversaciones.
Luego, el gobierno intentó reanudar las negociaciones, pero el 21 de noviembre otro ataque del ELN causó la muerte de cinco soldados más. Los resultados del diálogo con el ELN serán “muy pequeños y muy limitados”, opinó Carlos Velandia, antiguo negociador del ELN que ahora asesora al gobierno.
Petro también acordó un alto al fuego con el Estado Mayor Central (EMC), un grupo de combatientes disidentes de las FARC. Por desgracia, se suspendió en marzo en gran parte del país. La mayoría del grupo abandonó las conversaciones.
Otro alto al fuego, con el Clan del Golfo, una organización criminal de 9,000 miembros que controla la lucrativa ruta migratoria hacia Estados Unidos a través del tapón del Darién entre Colombia y Panamá, acabó en marzo de 2023. El gobierno también está tratando de resucitar esas conversaciones.
Así mismo, procuró un alto al fuego con pandillas urbanas en tres ciudades. Ya fracasaron en dos. En una de ellas, Quibdó, las pandillas ahora circulan listas de asesinatos de mujeres presuntamente vinculadas con gánsteres rivales.
Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, una ciudad en la frontera con Venezuela, advierte que los altos al fuego urbanos pueden llevar a una situación de “paz falsa” en que las pandillas se expanden de cualquier manera, pero cometen sus asesinatos fuera de la ciudad. Iván Cepeda, senador y arquitecto de la paz total, no les da gran importancia a estas inquietudes: “Los procesos de paz en Colombia siempre están plagados de dificultades”.
El impacto en la seguridad ha sido desigual. La tasa de homicidios bajó ligeramente el año pasado, a lo que quizá contribuyeron los ceses al fuego temporales. Pero hay más secuestros, y las amenazas y extorsiones han aumentado desde que Petro asumió el cargo. Peor aún, los grupos armados parecen haber aprovechado el alto el fuego para crecer.
Iván Velásquez, el ministro de Defensa Nacional, admite que el gobierno ya perdió el control del territorio. Los grupos armados ahora tienen presencia en casi la mitad del país. Operan en áreas en las que viven unos 8.4 millones de colombianos, un aumento del 70% con respecto a 2021. Los enfrentamientos entre grupos rivales subieron un 40% bajo la vigilancia de Petro.
El número de combatientes en los grupos principales se elevó el año pasado, y el cultivo de hoja de coca, el ingrediente básico de la cocaína, alcanzó su nivel máximo en dos décadas. Todo esto es un mal augurio.
¿Qué va mal? Un problema es que el gobierno carece de credibilidad. Siguen sin implementarse plenamente casi el 70% de las estipulaciones del acuerdo de paz con las FARC. El presidente anterior, Iván Duque, es responsable en gran parte por ello, pero Petro también ha actuado con lentitud. Los grupos armados no depondrán las armas a cambio de promesas si los gobiernos no tienden a cumplir su palabra.
El gobierno tampoco se hizo cargo de muchas áreas que solían ser controladas por las FARC. En vez de esto, nuevos hombres con armas tomaron el control. Más de 400 exintegrantes de las FARC han sido asesinados desde 2016 en ajustes de cuentas antiguas o por negarse a unirse a los nuevos grupos rebeldes. Es difícil imaginar algo que pueda desalentar más el desarme.
“No vamos a ser tan torpes, tan estúpidos como las FARC que entregaron sus armas”, es lo que dicen los combatientes del ELN, según una fuente bien ubicada en una zona controlada por el ELN.
Además, a la estrategia le faltó fuerza. Durante las negociaciones con las FARC, los rebeldes dejaron de atacar, pero el ejército continuó operando hasta poco antes de firmar el acuerdo definitivo. Sin ese tipo de presión militar hay pocos incentivos para aceptar concesiones. “Hoy en día, las ventajas son muchas y las desventajas muy pocas”, admitió Velandia, el antiguo negociador del ELN.
Presionada para indicar si el alto al fuego fue un error, Daniela Gómez, la viceministra de Políticas de Defensa y Seguridad, señaló que “la búsqueda de la paz nunca es un error”. Es una postura que ignora los pros y los contras inherentes incluso en los ceses al fuego más eficaces: pueden generar confianza y reducir la violencia, pero, si permiten que se expandan los grupos armados, reducen a largo plazo la probabilidad de conseguir la paz.
Gómez afirmó que, fuera de los ceses al fuego, el ejército ha llevado a cabo más operaciones que nunca. Pero precisamente los numerosos intentos de alto al fuego les han quitado presión a los grupos armados. A menudo, las operaciones que se llevan a cabo no se coordinan con los negociadores de paz, lo que les resta eficacia para presionar más y lograr un acuerdo.
También es posible que el gobierno sobrestime el interés de los grupos armados en la paz, ya que el conflicto les permite ganar dinero. Incluso los grupos que se identifican como políticos, como el ELN, están muy involucrados en actividades delictivas como el tráfico de cocaína y de personas. Un acuerdo de paz no le permitirá a ningún grupo seguir traficando drogas, pero el Estado no ofrece nada que sea igual de lucrativo. Ese problema persistirá en tanto la cocaína siga siendo ilegal.
Algunos grupos, como el Clan del Golfo, son criminales, no políticos. Esa situación plantea otro problema: el gobierno no cuenta con ninguna base jurídica para tratar con ellos. El año pasado, intentó aprobar una ley que les permitiera a los líderes de pandillas recibir sentencias reducidas y conservar algunos bienes si se entregaban, pero no pasó del Congreso. Al público no le gusta llegar a acuerdos con hombres violentos, especialmente si lo único que los mueve es la codicia.
Nada de esto quiere decir que negociar sea un error. “La política de mano dura y la guerra contra las drogas han sido un fracaso rotundo”, opinó Cepeda. Los conflictos a menudo terminan gracias al diálogo, pero no todas las negociaciones logran impulsar la paz. La manera en que se llevan a cabo es importante.
Al proyecto de paz total de Petro se le está acabando el tiempo. Las elecciones presidenciales están previstas en 18 meses y no puede postularse de nuevo. La paz total no es popular; unos dos tercios de los colombianos opinan que va mal. El sucesor de Petro bien podría desechar el proyecto. Para evitar que eso ocurra, Petro necesita victorias importantes, y rápido. Por desgracia para él, para los colombianos y para Basto, eso parece poco probable.
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