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Los dos frentes opositores en el Parlamento de Bolivia, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, cerraron filas este lunes contra la Ley Contra Legitimación de Ganancias Ilícitas que consideran da pie a la construcción de un “Estado policíaco” y de “persecución política”.
La norma aprobada por la Cámara de Diputados el pasado viernes, con la mayoría del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), ha desencadenado observaciones de gremios del comercio internacional y de la prensa, aunque el Gobierno ha reiterado que la propuesta que ahora ha pasado al Senado se enmarca en la Constitución y cumple estándares internacionales.
Críticas de la oposición
El diputado de CC Carlos Alarcón señaló que la ley “es uno de los peldaños” para construir un “Estado policíaco”, puesto que da “poderes extraordinarios” a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Fiscalía, Ministerio de Justicia y Procuraduría, entidades que considera “actúan de manera política”.
Las observaciones giran alrededor de la prohibición a evocar reserva, secreto o confidencialidad cuando la UIF solicite alguna información, algo que se cree afecta el trabajo periodístico, o la participación del Ministerio de Justicia y Procuraduría que tienen “participación activa en procesos penales ya instaurados”.
Sobre la Fiscalía, da potestades a los fiscales para hacer anotaciones preventivas de bienes y retención de fondos antes que dicho acto se ejecute por un juez, entre otros aspectos cuestionados.
En tanto que Creemos observó que los registros de Derechos Reales y de Comercio se constituyen en medios “para consolidar la persecución política en contra de opositores y de cualquier ciudadano que piense diferente”, sostuvo el diputado Edwin Bazán.
Además, hizo un “llamado urgente a la sociedad civil” a manifestarse en contra de este proyecto de ley y otras acciones del Gobierno que, según manifestó, tienen rasgos de “totalitarismo”.
Explicación del Gobierno
“La ley que se ha aprobado en grande y detalle en la Cámara de Diputados no vulnera la Constitución Política del estado ni contiene disposiciones que afecten la libertad de expresión”, manifestó la viceministra de Pensiones, Ivette Espinoza, en La Paz.
Espinoza apuntó que la norma “no se aplica a los periodistas y a los comunicadores”, por lo que consideró poco necesario establecer una excepción “a un sector que no está incluido en la norma”.
La funcionaria explicó que el objetivo central cita medidas similares que ya se han aplicado en otros países y que lo que se busca es que las normas del país cumplan “estándares internacionales” con base en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La viceministra recalcó que las operaciones financieras “gozan del derecho de la confidencialidad salvo en los procesos judiciales en los casos en los que se presuma comisión de delitos financieros” puesto que leyes vigentes ya establecen “cuándo se levanta la confidencialidad”.
La norma aprobada por la Cámara de Diputados el pasado viernes también fue observada por gremios de periodistas que consideran que uno de sus artículos busca eliminar el secreto de imprenta, además, de “evitar que el periodismo investigue los malos manejos” con fondos públicos.
La Cámara de Exportadores de Bolivia expresó que en el sector hay “preocupación por algunos aspectos que pudieran vulnerar algunos derechos” como la indagación de cuentas personales sin necesidad de una orden judicial.
