Responsables políticos, representantes de organismos internacionales y ejecutivos del sector farmacéutico se reunieron este miércoles por iniciativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para abordar el complejo tema del acceso a las vacunas, sin llegar a conclusiones o compromisos concretos.
En la reunión, que se realizó de forma virtual y bajo las denominadas “reglas del Chatham House” (garantía de la confidencialidad de lo que cada quien dice), participaron empresas que están fabricando vacunas contra el COVID-19.
La iniciativa buscó promover un debate franco sobre la propuesta presentada hace cinco meses por la India y Sudáfrica ante la OMC para suspender temporalmente las patentes que protegen a las vacunas y a otras tecnologías para luchar contra la pandemia de ser copiadas.
La India y Sudáfrica, apoyadas por la mayor parte de los países en desarrollo, defienden que ello permitiría multiplicar la capacidad de producción de las vacunas al hacer posible que se manufacturen en más países y atender así la enorme demanda mundial que ahora está desatendida.
Fuentes que pudieron acceder a la reunión dijeron -manteniendo el anonimato de los oradores- que hubo un reconocimiento general de los problemas de suministro de las vacunas, que se reflejan en el hecho de que en 130 países no se ha puesto una sola dosis.
Se agregó que sólo el 0.2% de las vacunas que han estado disponibles hasta el momento se han administrado en los países más pobres.
Sin embargo, la discusión sobre la suspensión de las patentes no llevó a ninguna conclusión.
La discusión fue propuesta por la nueva directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, quien planteó buscar una “tercera vía” como solución entre quienes proponen echar abajo las patentes y los países que las defienden a ultranza por considerarlas el mayor estímulo a la innovación.
Según las fuentes, los productores de vacunas explicaron que uno de los mayores problemas que han experimentado en la producción de las mismas tiene que ver con las restricciones a las exportaciones de materias primas que han ordenado algunos gobiernos.
Uno de los oradores explicó, a modo de ejemplo, que la vacuna de Pfizer/BioNTech tiene 280 componentes que provienen de 18 países.
Asimismo se abordó el rol de los reguladores nacionales como garantía de la calidad y seguridad de las vacunas, así como la necesidad de que haya más transparencia en los acuerdos entre farmacéuticas y gobiernos.
Esos últimos están entre los secretos mejor guardados en lo que va de la pandemia y, según se recordó en el encuentro, el desconocimiento total del precio de mercado de las vacunas aumenta las dificultades que tienen muchos países a la hora de negociar con la industria.
“Se lamentó que no haya transparencia en los contratos, en la distribución ni en los precios”, comentó una fuente.
Si la ciencia pudo desarrollar varias vacunas contra el COVID-19 en menos de un año fue gracias a la enorme financiación pública que las farmacéuticas recibieron para acelerar sus investigaciones, que se valora en cerca de US$ 100,000 millones y que se ofreció sin condicionantes.
“La reunión fue útil para entender mejor lo que está detrás de las posiciones de unos y otros”, opinó una fuente.
Sin embargo, el encuentro concluyó sin decisiones sobre los pasos a seguir o compromisos concretos, sea por parte de gobiernos o del sector privado, según se confirmó.