El narcotráfico genera entre US$ 80,000 millones y US$ 90,000 millones anuales en el continente americano, según un nuevo estudio de la organización Global Financial Integrity (GFI), que apunta al combate del blanqueo de capitales como mejor modo para combatirlo.
El trabajo, publicado este martes, asegura que los flujos financieros ilícitos relacionados con las drogas que afectan a Estados Unidos, México y Colombia, los principales actores, están entre US$ 42,300 millones y US$ 121,600 millones anuales, pero que “la mejor estimación” estaría entre US$ 80,000 millones y US$ 90,000 millones.
La erradicación manual y aérea de cultivos, su sustitución, la interdicción y los enfoques de desarrollo alternativo han logrado “interrupciones temporales” de la producción y el tráfico de drogas, pero no han logrado una solución integral y duradera, agrega.
Además, “la historia ha demostrado que muchas de estas políticas han tenido consecuencias no deseadas y han causado profundos daños a las personas, las comunidades y el medio ambiente”.
El estudio, elaborado para una comisión del Congreso de Estados Unidos, propone priorizar de nuevo las estrategias financieras contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que suponen una perspectiva diferente para abordar el problema y actualmente están “infrautilizadas” en la región.
El contrabando masivo de efectivo mediante el transporte de carga y el lavado de dinero a través del comercio, disfrazando los ingresos como transacciones comerciales legítimas, son los dos principales métodos para transferir los ingresos de las drogas de un país a otro e integrarlos en la economía formal, según el estudio.
Y destaca el papel de los funcionarios corruptos que facilitan los flujos financieros ilícitos y protegen a los malhechores.
El informe propone también un enfoque más integral de las políticas antidrogas que abarque los derechos humanos, la salud pública y desarrollo.
Respecto a Estados Unidos, el trabajo insta a promulgar una legislación que requiera la recopilación de información sobre los “beneficiarios reales” que están detrás de las corporaciones.
Asimismo, requerir a abogados, contables y representantes corporativos exigir a sus clientes el cumplimiento de las leyes contra el blanqueo de capitales.
Tanto México como Colombia, asegura, deben reevaluar de manera efectiva el funcionamiento del lavado de dinero a través de empresas no financieras, un sector que, dijo, “actualmente es muy vulnerable”.
Recomendó a Estados Unidos aprovechar “las oportunidades de trabajar con México” en el tema de la corrupción y agregó que las autoridades mexicanas deben mejorar la información y la coordinación entre instituciones para conseguir más condenas por lavado de dinero.
Finalmente, respecto a Colombia, señaló que debería crear un grupo de trabajo interinstitucional para abordar el blanqueo de capitales a través del comercio y revisar el motivo por el que las condenas por cargos de lavado de dinero son tan bajas.