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La minería ilegal destruyó en los últimos cinco años más de 600 kilómetros de ríos en tierras indígenas de la Amazonía brasileña, según un estudio divulgado por la ONG Greenpeace.
El “garimpo”, como se denomina la minería ilegal en Brasil, devastó entre el 2016 y lo que va de este año 632 kilómetros de ríos en territorios de las comunidades indígenas Mundurukú y Sai Cinza, en el amazónico estado de Pará (norte).
“El impacto de la destrucción es equivalente al que (la minera) Vale infringió al Río Doce, en la tragedia de Mariana, y que impactó 663 kilómetros de ríos”, apuntó el informe de Greenpeace en comparación con el vertido de la productora mundial de hierro que en el 2019 dejó 270 muertos en el estado de Minas Gerais (sudeste).
En el 2016, recordó el informe, fueron destruidos 26.6 kilómetros de ríos en las tierras indígenas de Pará, por lo que el aumento en el último lustro fue de 2,278%.
La ONG apuntó, igualmente, que durante el trabajo de investigación se descubrieron 16 pistas de vuelo clandestinas usadas por los mineros ilegales, además de equipos activos como dragas, maquinaria pesada, motores y campamentos ilegales.
“Además del perjuicio ambiental y de impedir el uso de esas aguas para las necesidades vitales de los pueblos, como la pesca, la contaminación de esos ríos causa también un enorme perjuicio cultural a los Mundurukú”, subrayó el estudio.
Para los investigadores responsables, “el discurso del Gobierno Bolsonaro y el desmonte de la legislación socioambiental impactaron la expansión de la minería ilegal”.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abandera un discurso considerado como “antiambientalista” en el que defiende las actividades mineras y agropecuarias en la Amazonía y se niega a la demarcación de nuevas reservas indígenas, lo que para especialistas hizo con que se aumentase la deforestación y los incendios.
Por años, la destrucción de ríos en esos territorios fue de 26.6 kilómetros (2016), 39.3 (2017), 88.5 (2018), 178 (2019), 235.3 (2021) y 65 en lo que va del 2021.
El peor de los años fue el 2020, que coincidió con la flexibilización de la fiscalización por causa de la pandemia del coronavirus y con una ley sancionada que permite la explotación minera y energética en tierras indígenas.
Los ríos afectados son Marupá, Tropas, Cabitutú, Mutum y Joarí y el resultado del estudio de Greenpeace fue remitido como denuncia al Ministerio Público Federal (fiscalía) para “exigir a las autoridades que tomen providencias contra ese crimen”.
De toda la actividad extractiva que se lleva a cabo en la mayor selva tropical del planeta, la minería ilegal, conocida en Brasil como “garimpo”, representa el 67.6% y es practicada principalmente en áreas de conservación ambiental.
