¿Irlanda firmará el acuerdo? ¿Qué ambición tendrá? En el aire desde la adopción de un proyecto histórico de impuesto para gravar las grandes multinacionales a nivel mundial, estas dudas podrían resolverse durante una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el viernes.
El “marco inclusivo” de la organización, que agrupa a 130 países, se reúne para intentar acordar los últimos flecos de la reforma.
Sobre el texto adoptado en julio y firmado por 134 países, “se decidió el 90%”, señala una fuente próxima de la negociación. Pero las conversaciones son “complicadas” en la recta final.
A continuación, los últimos puntos pendientes.
¿Un impuesto al 15%?
El tipo mínimo de imposición de multinacionales con una facturación de al menos 750 millones de euros (US$ 865 millones), símbolo del acuerdo de la OCDE anunciado este verano, no se detalló. El pacto fijó como objetivo “al menos” un 15%.
“Puede lograrse un compromiso sobre un 15% de tipo efectivo real”, afirmó este martes el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire.
Sin embargo, “parece complicado ir más allá” para conseguir así que todos se sumen, precisa la fuente próxima de las negociaciones. Irlanda, que todavía no firmó el acuerdo, tiene un tipo de 12.5%, uno de los más bajos del mundo.
Irlanda, ¿dispuesta a sumarse?
Este capítulo de la saga sobre la fiscalidad internacional parece cerca de llegar a su fin. El ministro de Finanzas irlandés y presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, evocó recientemente una semana “decisiva”.
“La posición de Irlanda está evolucionando al respecto”, afirmó el martes Bruno Le Maire, en referencia al tipo impositivo del 15%, sobre todo si la mención “al menos” desaparece del texto final, como indicó el martes la televisión pública irlandesa.
Además, Dublín podría estar interesado en sumarse, máxime cuando las filiales de muchos grupos estadounidenses en Europa están en Irlanda y cuando Estados Unidos estudia aumentar el tipo impositivo mínimo a sus empresas instaladas en el extranjero.
¿Cómo gravar los ‘superbeneficios’?
Esta parte de la reforma afecta solo a las empresas que registran un volumen de negocios superior a los 20,000 millones de euros (US$ 23,000 millones) y que cuenta con una elevada rentabilidad, salvo las industrias extractivas y los servicios financieros regulados.
Esta debe permitir determinar el monto que servirá de base para calcular los ingresos fiscales que deben abonarse a los países donde la compañía realiza al menos un millón de euros de facturación, aunque no tenga su sede social.
Como muchas empresas de Estados Unidos se ven afectadas, Washington desearía un tipo impositivo lo más bajo posible en esta parte, ante la presión de países emergentes como Brasil, Turquía e India de elevarlo.
“Un compromiso podría lograrse en torno al 25%” de imposición sobre una parte marginal de sus beneficios, ya que el texto inicial evocaba una horquilla de entre el 20% y 30%, dijo el martes Le Maire.
¿Y las deducciones?
Este asunto irrita especialmente a Hungría, no firmante del acuerdo por el momento, y a Estonia.
Algunos países, que abogan por el atractivo fiscal como modelo económico, reclaman exenciones en el nivel de impuestos para las empresas implantadas en su suelo.
Un sistema decreciente de deducciones a lo largo de los años podría ser una solución para contentar a todos.
El 2023, ¿un calendario demasiado ambicioso?
Entre la batalla por cerrar los flecos, las futuras transposiciones legales a través de convenciones internacionales o directivas y su aplicación efectiva en el mundo, el calendario parece demasiado ambicioso.
Para su aplicación total, el texto debe adaptarse a la legislación del conjunto de países firmantes.
“El plazo quizás es demasiado corto”, confiesa la fuente próxima a la negociación. “Pero esto fija un marco”.