El Gobierno de Brasil está comprometido por ley con la preservación del 80% de su Amazonía, pero no puede renunciar a la construcción de carreteras y a la minería en la mayor selva tropical del mundo, afirmó el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao.
“No podemos abandonar la posibilidad de explotar las grandes riquezas mineras de la Amazonía. Es obvio que esa explotación será hecha con los parámetros del siglo XXI y respetando la legislación ambiental, pero es necesaria”, afirmó Mourao.
El general de la reserva del Ejército, responsable de las políticas para la mayor selva tropical del mundo en su condición de presidente del Consejo de la Amazonía, aseguró que el Estado tiene obligación de preservar el pulmón vegetal, pero también de mejorar las condiciones de vida de quienes viven en la región.
En ese sentido citó la posibilidad de que el banco de los Brics (el foro integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) financie un proyecto para explotar potasio en el estado de Amazonas.
“Cuando se cuente con la licencia ambiental y la autorización de las comunidades indígenas que puedan ser afectadas, aunque los yacimientos no están ubicados en ninguna reserva, pondremos en marcha un proyecto que permitirá a Brasil ser autosuficiente en la producción de potasio, una fuente de fertilizantes muy importante para uno de los mayores productores agrícolas del mundo”, dijo.
Mourao indicó que el código forestal establece que Brasil tiene que preservar el 80% de la Amazonía, una región que se extiende por más de la mitad de los 8.5 millones de kilómetros cuadrados del país.
“Pero el otro 20% puede ser destinado a otras actividades, como la agricultura o la minería”, afirmó.
Agregó que, por las dificultades logísticas, es costoso y complicado atender a la población que vive en la Amazonía, lo que, dijo, quedó demostrado el año pasado cuando la región sufrió con la escasez de oxígeno para pacientes hospitalizados con COVID-19 y fue necesario montar una operación para enviarlo en cientos de vuelos.
En ese sentido defendió la reconstrucción de la cuestionada carretera federal BR319, que comunica las ciudades de Porto Velho y Manaos, y que consideró “esencial”.
“Es una carretera con importancia estratégica por permitir el acceso a la Amazonía no solo por avión o barco para atender a la población. Facilita la logística. Es lógico que cuando sea transitable será necesario elevar la fiscalización para impedir que las personas la aprovechen para aumentar las áreas de deforestación”, admitió.
Pese a que las tasas de deforestación y de incendios forestales en la Amazonía llegaron a niveles alarmantes desde que el líder ultraderechista Jair Bolsonaro asumió como presidente de Brasil, en enero del 2019, Mourao dijo que la situación mejoró en el 2021.
“El peor año fue el 2019, pero este año tuvimos una reducción de la deforestación, que podría ser mejor, así como una caída de 40% en los incendios. Son números que revelan que las acciones de combate a la deforestación y de los incendios de las agencias ambientales con el apoyo de las Fuerzas Armadas comienzan a dar resultado”, afirmó.
El vicepresidente admitió que la medida que permitió la participación de los militares en el combate a la deforestación no será renovada en noviembre próximo pero que las Fuerzas Armadas seguirán dando apoyo a las agencias ambientales.
Según los datos oficiales, la deforestación en la Amazonía cayó desde 7,869.7 kilómetros cuadrados entre enero y setiembre del 2019 hasta 7,063.1 kilómetros en el mismo período en el 2020 y hasta 7,010.5 kilómetros en los nueve primeros meses de este año.