El Tren Maya de López Obrador arranca el año con tropiezos y dudas

El Tren Maya, la obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sureste mexicano, ha arrancado el 2022 entre tropiezo por los cambios de la ruta y del encargado del proyecto, las dudas sobre su entrega a tiempo y las denuncias de comunidades.

Preocupado por el retraso de la obra, el mandatario nombró en enero pasado a Javier May, uno de sus hombres de confianza, como titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo público encargado del tren, que debe estar listo en diciembre del 2023.

Esto después de que el antiguo titular, Rogelio Jiménez Pons, admitió en noviembre pasado que la obra afrontaba “cinco meses de retraso” por recursos legales de pueblos originarios, burocracia e inestabilidad en el terreno.

Además, en octubre pasado Jiménez Pons reconoció ante el Senado que el costo de la obra había crecido en 60,000 millones de pesos (más de US$ 2,900 millones) hasta los 200,000 millones de pesos (unos US$ 9,730 millones).

“En diciembre del 23 vamos a estar inaugurando todo el Tren Maya, los 1,500 kilómetros”, aseveró, no obstante, López Obrador el pasado fin de semana de gira en Cancún.

El tramo de la discordia

El presidente reiteró el pasado lunes que el tren “avanza de acuerdo con el programa”, con cinco empresas y el Ejército trabajando en los siete tramos que abarcan los cinco estados del sureste: Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Pero un tramo de Quintana Roo, en la turística Playa del Carmen, fue el catalizador de la sacudida en Fonatur, pues el trazo se cambió tres veces y ha generado incertidumbre, según Marcos Antonio López, presidente de la Asociación Civil Vecinos Unidos de Playa del Carmen.

“Estamos preocupados porque se le hizo un gran daño a Playa del Carmen en la cuestión de que el Tren Maya no fue planeado, sino fue un proyecto de escritorio, como el mismo presidente lo dice, de los funcionarios ‘fifí’ (elitistas) que no salen del aire acondicionado”, expuso López.

El cambio también causó controversia porque implicó la tala de 22,000 árboles.

Mientras el Gobierno tachó este dato de “noticia falsa”, Fonatur afirmó que trasplantó los árboles con apoyo de la Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA), pero esta organización respondió que “desconoce del posible destino final del trasplante”.

“Nosotros necesitamos que se le finque responsabilidades al anterior titular de Fonatur porque no es posible que hayan devastado más de 22,000 árboles”, pidió el presidente de Vecinos Unidos, quien lamentó que además se premió a Jiménez Pons con una subsecretaría.

¿Expropiaciones concertadas?

Para avanzar en la obra, López Obrador anunció “expropiaciones concertadas” de 198 predios en Quintana Roo con 240 hectáreas.

La asociación civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que trabaja en Yucatán, cuestionó este discurso y que las expropiaciones ocurran tras el acuerdo que el Gobierno emitió en noviembre para decretar que sus megaobras son de “interés público y seguridad nacional”.

“Lo cierto también es que estas negociaciones con los ejidos y con las comunidades son amañadas, son desinformadas. Los ejidatarios no tienen la información completa sobre los daños negativos, las repercusiones que va a tener este proyecto”, contó el abogado Miguel Anguas, de la ONG Indignación.

López Obrador ha reconocido que el acuerdo y los cambios en Fonatur son para “saltarse obstáculos”.

Indignación, que acompaña a comunidades indígenas, ha ganado amparos para frenar las obras, pero Anguas denunció que el Gobierno ha concentrado todos los casos contra el Tren Maya en un solo juzgado en Yucatán.

“Estas suspensiones no se han cumplido, no se cumplieron en lo absoluto. Fonatur continuó con la ejecución del proyecto y siguieron con la tramitación de permisos. Son el tipo de cosas que se han ido reflejando por la dilación procesal en los amparos”, manifestó.

Cambios sin ruta

La principal denuncia de Indignación es que el proyecto original no contaba con las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) obligatorias.

Esto se ha agravado con los cambios repentinos de trazos, un “modus operandi” que Fonatur tiene “cuando ve que no puede pasar por alguna zona o ruta”, según Anguas.

“Esos cambios que suceden de un momento a otro también deben tener un estudio y una evaluación de impacto ambiental que determine cuáles van a ser los daños de ese nuevo trazo”, indicó.

Los Vecinos Unidos de Playa del Carmen han expresado su respaldo al presidente y a la obra “porque eso va a traer muy buen recurso al estado de Quintana Roo”, pero piden que el mandatario vigile la actuación de los funcionarios sobre el terreno.

“Nosotros apoyamos al 100% el proyecto del presidente, pero siempre y cuando se haga un plan de desarrollo donde realmente beneficie al norponiente de Playa del Carmen”, declaró López.

Aunque Efe buscó a Fonatur para una entrevista con el nuevo titular, el organismo declinó por el momento la petición.