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Ya sea en soleadas islas o en tierras menos exóticas, los montajes financieros mediante empresas con ventajas fiscales (‘offshore’) desvelados por los “Pandora Papers” están en el centro de las estrategias para que los clientes ricos puedan ocultar su fortuna.
Estas son algunas claves.
¿Qué es una empresa ‘offshore’?
Es una compañía creada en un país o un territorio en el que no reside el beneficiario, pero cuyas ventajas son, a menudo, de tres tipos: discreción, regulación flexible y un régimen fiscal atrayente.
El término “offshore” (literalmente “frente a la costa”), históricamente, hacía referencia a la domiciliación de esas empresas en paraísos fiscales insulares, que basan su modelo económico en la oferta de servicios financieros.
El término ha continuado utilizándose aunque muchas veces, en la actualidad, esas compañías estén radicadas lejos de los trópicos, como en el estado de Dakota del Sur (norte de Estados Unidos), al que aluden los “Pandora Papers”. También aparecen citados las Islas Vírgenes británicas, Belice y Singapur, entre otros.
A diferencia de las filiales internacionales de las empresas, las compañías ‘offshore’ no ejercen ninguna actividad económica en el territorio en el que están domiciliadas.
Los capitales invertidos en empresas y cuentas bancarias ‘offshore’ representarían un 10.4% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial en el 2016, según las últimas cifras disponibles de la Comisión Europea.
¿Para qué sirven?
“Hay muchas razones” para recurrir a ellas, explicó Ronen Palan, profesor de Política Económica Internacional en la Universidad de Londres. “Guardar el secreto ante las autoridades fiscales, ante los competidores, ante su esposa, su esposo. El uso de estas estructuras busca guardar una forma de secreto”.
En una economía globalizada, este tipo de montaje puede resultarle útil a los grandes grupos, con fines de optimización fiscal.
Su opacidad también facilita que sus beneficiarios puedan ocultar activos al fisco o participar en actividades ilegales como la corrupción, tráficos o la financiación del terrorismo.
¿Es legal?
No está prohibido crear una sociedad ‘offshore’, pero hay que declararla a las autoridades fiscales del país donde se reside y, si es el caso, pagar los impuestos correspondientes por esos activos.
En las revelaciones de los “Pandora Papers” se mezclan casos de supuestas ocultaciones de esos montajes a las autoridades por varios millones de dólares, y estrategias de optimización fiscal que sí que son legales.
Los 11.9 millones de documentos que el consorcio de investigación ha sacado a la luz ponen en duda la moralidad de algunas decisiones, como el recurso a la optimización fiscal por parte de dirigentes políticos que predican ejemplaridad, o la legalidad de montajes financieros que privan al fisco de unas sumas considerables y que agravan las desigualdades.
¿Qué papel juegan los intermediarios?
Despachos de abogados, contables o especialistas tributarios son piezas fundamentales del engranaje de los montajes financieros ‘offshore’ y su actividad se ha puesto en tela de juicio en las revelaciones.
También se sospecha de los notarios, por presuntamente no haber comprobado con suficiente precisión el origen de los fondos en las ventas de propiedades.
Tras el escándalo de los “Papeles de Panamá”, en el 2016, centrados en el despacho panameño Mossack Fonseca, los “Pandora Papers” señalan hacia catorce sociedades de servicios financieros y contabilizan más de 29,000 empresas con ventajas fiscales.
¿Cómo regular mejor esta práctica?
Según Gabriel Zucman, profesor en la Universidad de Berkeley, en California, y citado en el comunicado, “parece evidente que los cascarones vacíos, las empresas sin una sustancia real más allá que la de escapar a los impuestos y a las leyes, deben prohibirse”. El experto reclama una cooperación internacional en este sentido.
“Debería estar claro: no podemos hacer negocios con este tipo de empresas, no podemos, económicamente, intercambiar nada con estas empresas”, declaró Lucas Chancel, profesor en la Paris School of Economics.
En los últimos años se han realizado avances en algunos territorios, que aceptaron intercambiar informaciones bancarias y someterse a regulaciones internacionales.
Peor “servicios especializados situados en paraísos fiscales que siguen las regulaciones, como las islas Caimán y Jersey, han abierto entidades en otros territorios menos regulados”, advirtió Ronen Palan.
Para este economista, se debería poner el acento en los intermediarios, mediante la creación de un código de conducta que les achaque más responsabilidades.
