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Los distribuidores de gas licuado de petróleo (GLP) de la Ciudad de México se declararon en huelga este martes, apenas dos días después de que el gobierno federal impuso controles de precios sobre el combustible que la mayoría de los mexicanos utilizan para cocinar y calentar agua.
Los camiones de distribuidores independientes y sus trabajadores bloquearon la entrada a los depósitos de gas ubicados en las afueras de la Ciudad de México para protestar contra los precios máximos, los cuales, señalaron, afectarán sus ganancias.
Los expertos habían advertido que los controles de precios anunciados el domingo provocarían escasez, debido a que los distribuidores de gas, que en su mayoría son particulares, podrían rehusarse a operar bajo los márgenes de ganancias impuestos por el gobierno.
Algunas fotografías publicadas por medios de comunicación locales mostraban a hombres enmascarados rompiendo las ventanas de unos camiones cisterna pequeños para imponer la huelga. Ese tipo de camiones son utilizados para rellenar los tanques de gas ubicados en los techos de las viviendas.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP señaló que se deslinda de “las acciones de grupos comisionistas independientes que no tienen permiso de distribución y están bloqueando las plantas, impidiendo que salgamos a trabajar y suministrar los hogares y comercios que requieren gas”.
La asociación representa a los propietarios de depósitos y de algunas cadenas de distribución más grandes que tienen flotillas de camiones. Los independientes son propietarios o arriendan sus camiones, o dirigen operaciones más pequeñas y anticuadas de entrega de pequeñas bombonas portátiles de GLP a domicilio.
La asociación señaló que había alertado al gobierno sobre “los riesgos y afectaciones implícitos” de imponer controles de precios.
La Comisión Federal de Competencia Económica de México criticó el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de imponer un precio máximo al gas de uso doméstico, y alertó que la “regulación de precios podría tener consecuencias contrarias a lo que pretende la directriz, como el desabasto o escasez de gas LP”.
México importa gran parte de su GLP, y los precios internacionales han subido, lo que supone un aumento en los costos para los mexicanos. López Obrador invocó poderes de emergencia para decretar un precio máximo durante seis meses.
Los expertos señalaron que la propuesta de limitar los precios se remonta a décadas pasadas, cuando la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) importaba GLP y lo vendía a precios fijos a los distribuidores. Ahora, las compañías privadas importan la mayor parte del gas, y no lo harán si pierden dinero al hacerlo.
“Si el control de precios los lleva a un nivel en el cual no se recupera el valor del gas, sencillamente no lo van a entregar y va a causar desabasto”, advirtió Eduardo Prud’homme, socio de la empresa de consultoría y análisis energético Gadex. “La escasez va a generar un mercado negro”.
Si Pemex decidiera fungir como importador y vendedor de último recurso, eso podría crear un problema clásico de subsidios, con un gas artificialmente barato que podría ser desviado a los mercados donde puede ser vendido a precios de mercado.
“Implementarlo va a ser un asunto sumamente complejo”, manifestó Prud’homme. “Nos va a costar muchísimo dinero y no nos va a solucionar el problema”.
El gobierno se encuentra bajo presión para hacer algo al respecto.
Una de las promesas clave del presidente ha sido que los precios de los combustibles básicos no suban por encima de la tasa de inflación, y el mercado de las bombonas de GLP —que en gran medida está privatizado— ha hecho que eso sea inalcanzable.
La tasa inflacionaria en México oscila actualmente alrededor de 6%. El GLP es utilizado en el 70% de las viviendas del país, y en algunas áreas el precio al consumidor final casi se ha duplicado durante el último año.
López Obrador afirmó el mes pasado que quiere crear una compañía gubernamental para distribuir gas de cocina luego de un repunte en los precios del GLP. Pero parte de la reforma energética de México hace casi una década pretendía alejarse de los precios fijos y de las industrias estatales para crear libre competencia en los mercados de combustibles.
El presidente señaló que las compañías privadas de distribución de gas han inflado sus márgenes de ganancias, y señaló que una empresa estatal de distribución podría cobrar precios más bajos.
