Un inmenso campo de algodón se extiende ante los ojos del periodista. Un tractor lo recorre despacio -seguido por cuatro trabajadores que vigilan que todo marche bien- mientras va depositando las semillas, que recibirán luego el agua a través de un sistema de riego automatizado.
Estamos cerca de la ciudad de Changji, a 40 kilómetros de la capital Urumqi, en el norte de Xinjiang -de mayoría étnica han- donde los informes del controvertido investigador alemán Adrian Zenz y del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) sitúan algunos de los trabajadores forzosos que, según ellos, se emplean en la plantación y recolección de algodón en esta región.
Zenz afirma que al menos 570,000 personas están sometidas a “trabajos forzosos” en los campos de algodón de Xinjiang, con algo más de 20 millones de habitantes, y que cientos de miles más pertenecientes a etnias minoritarias participan “probablemente” en los programas de transferencia laboral solo en este sector.
Para llegar a estas afirmaciones se basa principalmente en estimaciones a partir de documentos del gobierno chino publicados en internet, ya que este antropólogo evangélico, cuyos informes difunden ampliamente los laboratorios de ideas de EE.UU. y los medios anglosajones, nunca ha estado en Xinjiang.
Norte automatizado al 100%, el sur en un 70%
Según los datos del Gobierno regional, el cultivo y la recolección del algodón están automatizados al 100% en el norte de Xinjiang -de mayoría étnica han- y en más del 70 % en el sur, donde los uigures son mayoritarios.
“Desde el 2010 hemos introducido tecnologías agrícolas como el sistema de riego y las máquinas para plantar y recolectar algodón. Ahora ya tenemos todo el proceso completamente automatizado”, explica el agricultor propietario del terreno, Hu Qingwen, que ha alquilado al parque agrícola estatal de Changji 600 mu de superficie (40 hectáreas) para cultivar el preciado material textil.
Hu, que paga 360,000 yuanes (46,158 euros) al año por el alquiler de su campo, afirma que todo el trabajo en su plantación lo hacen las máquinas y los tractores y que solo necesita cuatro trabajadores para controlar el proceso.
Con todo, el tractor para recolectar -que fabrica la compañía estadounidense John Deere- es el más caro y se lo alquila también al estado por otros 69,000 yuanes (8,846 euros) en cada temporada de cosecha.
Zhan Mingqing, vicedirector general del estatal Parque Tecnológico Agrícola de Changji -que administra todos los terrenos del condado- desconoce si los vehículos norteamericanos se siguen vendiendo en Xinjiang, pero asegura que China trabaja ahora en el desarrollo de un tractor cosechador de fabricación nacional.
A Hu, sus 600 mu de tierra le dan cerca de 270,000 kilos de algodón por temporada, que vende al mejor postor entre las cuatro fábricas de la prefectura a una media de 7 yuanes (0.9 euros) por kilo.
El agricultor cree que las informaciones sobre trabajo forzoso en los campos de algodón de Xinjiang son una “absurda mentira” y no teme que el precio de su materia prima pueda bajar por una eventual caída de la demanda ante el boicot de varias empresas textiles.
“Antes de la mecanización venía aquí mucha gente de otras partes de China a recolectar el algodón, podían ganar mucho dinero. También venían alumnos de escuelas locales en prácticas para aprender las técnicas y el oficio”, explica.
El algodón de Xinjiang, uno de los más apreciados del planeta, representa el 20% de la producción mundial y el 84% de la de China.
Sancionada por EE.UU.
Huafu es uno de los principales productores de algodón de la región y llevaba años exportando a las grandes multinacionales de ropa de Estados Unidos, Japón y muchos países europeos.
Su factoría principal -cerca de Aksu, en el sur de Xinjiang- es una de las más grandes del mundo y emplea a cerca de 5,000 trabajadores, que procesan el algodón para exportarlo a la industria textil.
La compañía es una de las principales acusadas por los informes occidentales de usar trabajo forzoso en el proceso de recolección y procesado del algodón.
“Por primera vez desde nuestra fundación hace 27 años, hemos perdido más de 400 millones de yuanes (51 millones de euros) -cerca de un cuarto del negocio- por las informaciones aparecidas en medios de Estados Unidos y la suspensión de pedidos de empresas textiles”, afirma el director general de la compañía, Li Qiang.
Asegura que marcas como las estadounidenses Adidas y Polo, la sueca H&M o la japonesa Uniqlo han cancelado sus órdenes tras la aparición de los informes sobre trabajo forzado y las sanciones adoptadas por Estados Unidos en el 2019 contra la empresa.
La española Zara (Inditex) ha “reducido sus compras en los últimos tiempos” pero no ha llegado a cancelarlos totalmente, según Li.
Huafu -que tiene fábricas también en otras provincias chinas y en Vietnam- exportaba el 70% de su producción al extranjero y el 30% a China. Ahora, se han centrado en la demanda interna y los porcentajes de ventas se han revertido: 30% para el exterior y 70% para el mercado doméstico, según su directivo.
Cerca de 2,000 trabajadores de la firma viven en dormitorios en las propias instalaciones de la fábrica, donde disponen de una cantina y algunas canchas de baloncesto para hacer ejercicio.
Li asegura que todos sus empleados trabajan allí “de forma voluntaria, por decisión propia” y perciben un salario medio de 3,500 yuanes (450 euros) al mes, además de incentivos anuales por desempeño y productividad.
“No hay nada forzado aquí, todo el mundo trabaja libremente. Esas noticias no tienen ningún sentido. Me gusta este trabajo”, asevera Asilia Turcan, una empleada uigur, de 27 años, que se ocupa de llevar los rollos de algodón en bruto a los telares mecanizados y de comprobar la marcha del proceso.
Según ella, que empezó a trabajar en la fábrica en el 2015 y no ha visto “nunca a nadie empleado de forma forzosa”, allí trabajan “muchos empleados de varias minorías étnicas” y su salario es “alto comparado con la retribución media” en otras partes del condado.
Con todo, al igual que en todos los centros de trabajo de la región autónoma, en la fábrica de Huafu los empleados no pueden rezar y la oración islámica solo está permitida en las mezquitas y en las casas.
El ayuno durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, que coincidió con nuestra visita, no está prohibido pero tampoco se recomienda.
“No les indicamos si ayunar o no, son libres de hacerlo, pero por las condiciones del trabajo, que requieren a veces fortaleza y estar en forma, se lo desaconsejamos”, apunta Li.
Programas de transferencia laboral
La compañía posee sus propios campos de algodón en el condado cercano de Awat, donde dispone de 80,000 mu (5,330 hectáreas), cuyo cultivo y recolección están al 100% mecanizados, según su director general.
A diferencia del norte de la región, sin embargo, no todos los campos del sur de Xinjiang están completamente automatizados, aunque en el viaje organizado por el Gobierno local no se nos mostró ningún ejemplo del 30% restante.
El Gobierno chino ha organizado los llamados programas de transferencia laboral en el marco de su programa para eliminar la pobreza extrema en todo el país, incluido Xinjiang.
Estos programas, financiados por el estado, ofrecen trabajo esencialmente a los habitantes pobres de las zonas rurales en diversos sectores industriales, incluida la producción de algodón y muchos otros.
Se ha criticado con motivo de la eliminación de la pobreza extrema en China en el 2020, que podría haber personas obligadas a desplazarse de su lugar de residencia habitual en el marco de estos programas.
Según ASPI, más de 80,000 uigures han sido desplazados a otras provincias chinas en base a ellos.
Teniendo en cuenta el grado de desarrollo de Xinjiang constatado durante nuestro viaje, resulta difícil imaginar la necesidad de forzar a alguien a trabajar en un campo o una fábrica de algodón, cuando la mano de obra dispuesta a mejorar sus ingresos no escasea en la región y tampoco los medios para realizar esas tareas de forma mecánica.
Lo que no está tan claro es qué ha pasado con quienes representaban un “peligro de radicalización extremista”, que el Gobierno regional considera “resuelto” en apenas cuatro años a través de drásticas medidas como las adoptadas con los llamados “centros de formación vocacional”, considerados por organizaciones y países occidentales “campos de detención”.
China asegura que ha cerrado esos centros en octubre del 2019 porque “han cumplido su función” y “se ha conseguido atajar” el riesgo islamista, después de comenzar a abrirlos en el 2015.
Sorprendentemente, ahora en Xinjiang, a diferencia de hace apenas tres años, no se observan policías uniformados por las calles, ni soldados, y la situación general dista mucho de ser la de la región intensamente controlada y amenazada por el terrorismo de hace una década.