Cada cierto tiempo, Nixon Andy toma su lanza, empaqueta su dron y se adentra en la selva amazónica en una expedición de dos días en busca de madereros, mineros y cazadores ilegales.
Andy, de 26 años, es miembro de los A’i Cofán del norte de Ecuador, una comunidad indígena que ha tomado la vigilancia de su territorio en sus propias manos. Se basan en su conocimiento ancestral de la selva tropical, pero también han empezado a incorporar más recientemente tecnología moderna como drones, cámaras trampa y dispositivos GPS que funcionan con energía renovable.
“Nosotros siempre hemos tenido la posición de que este territorio no es del Estado, es de nosotros, de los abuelos”, dice Andy. “Nosotros somos los que hemos heredado este territorio y el rol que nos toca es defenderlo y cuidarlo para futuras generaciones”.
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El despliegue de sofisticadas herramientas de vigilancia en uno de los rincones más profundos de la selva amazónica pone de relieve cómo pueden utilizarse los avances tecnológicos para prevenir la deforestación y otras actividades ilegales que dañan los ecosistemas.
Hacerlo puede ayudar a proteger los modos de vida tradicionales. Los A’i Cofán, que viven en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, decidieron formar su propia guardia en 2017. El grupo, que actualmente cuenta con unas 30 personas, patrulla la selva tropical para registrar los casos de destrucción ilegal, que denuncian a las autoridades ecuatorianas.
Los indígenas son esenciales para lograr el objetivo de proteger un tercio de la tierra y las aguas del mundo para 2030 que los países acordaron el año pasado en una cumbre sobre biodiversidad en Canadá patrocinada por las Naciones Unidas.
Aunque a menudo se les presenta como víctimas del cambio climático y de actividades como la minería y la agricultura, los diplomáticos presentes en la conferencia reconocieron que los indígenas son custodios increíblemente eficaces de sus tierras porque han vivido en armonía con esos ecosistemas durante generaciones. En Ecuador, las comunidades indígenas tienen derechos sobre vastas zonas del territorio amazónico que conforman la mitad oriental del país.
“Desde que utilizamos estas herramientas ha parado un poco la invasión de la minería. Les aleja la presencia constante de la Guardia”, dice Andy, quien aparece en un nuevo documental dirigido por Dominic Gill, uno de los ganadores del concurso Bloomberg Green Docs en 2022. La película se ha producido en colaboración con la Fundación Honnold, una organización estadounidense sin ánimo de lucro.
Andy y los suyos pertenecen a la Alianza Ceibo, una organización más amplia que engloba a cuatro grupos indígenas diferentes de la zona. A lo largo de los años, el grupo ha recibido equipos de vigilancia de la organización sin ánimo de lucro Amazon Frontlines, que colabora con grupos indígenas del Alto Amazonas. Las microrredes solares donadas por la Fundación Honnold e instaladas en cobertizos de la remota selva permiten a los guardias recargar sus equipos sobre la marcha, lo que les ayuda a realizar patrullajes más largos y cubrir más terreno.
“El tema de la energía solar ha sido un componente muy importante porque hasta ahora el acceso a la energía convencional estaba condicionado a permitir la entrada de actividades extractivas, como las mineras, las petroleras o la industria de la palma aceitera, a nuestro territorio”, afirma Hernán Piaguaje, miembro fundador de Alianza Ceibo y parte de su consejo directivo. “A veces nosotros por la necesidad misma podemos caer en este tipo de trampas.”
Desde su casa a orillas del río Aguarico, un miembro de la comunidad de Siekopai, de 43 años, afirma que la instalación de energía solar en la zona podría tener un impacto aún mayor. Los que ahora tienen electricidad acceden a ella a través de generadores diésel y alimentarlos suele ser el primer eslabón de una larga cadena de acontecimientos que, en última instancia, conducen a daños medioambientales.
“Para pagar el combustible van a cazar un animal, o sacar madera para vender al mercado”, dijo. “El tema solar genera autonomía en la comunidad y tiempo para hacer otras cosas que no dañan la tierra”.
Amazon Frontlines ha formado a 170 guardabosques indígenas en el uso de imágenes satelitales de alta resolución y GPS para rastrear a los culpables, así como en el manejo de drones y cámaras trampa para pillarlos en acción, explica Mitch Anderson, fundador y director ejecutivo del grupo. Las pruebas reunidas por estos autoproclamados guardianes de la selva tropical ayudaron a respaldar una denuncia que presentaron ante los tribunales en 2018.
En enero de 2022, la Corte Constitucional, máxima instancia judicial de Ecuador en materia de derechos humanos, dictaminó que las autoridades gubernamentales habían vulnerado el derecho de consentimiento previo de los A’i Cofán al otorgar concesiones mineras, sentando un precedente que refuerza los derechos de los 14 pueblos indígenas reconocidos de la nación.
La histórica decisión fue otra señal de la creciente determinación de proteger la mayor selva tropical del mundo. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha impulsado las energías limpias negándose a conceder nuevas licencias de prospección petrolífera, mientras que el líder brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha comprometido a acabar con la deforestación ilegal para 2030. La tala ilegal alcanzó un récord en 2022 bajo el mandato de su predecesor, Jair Bolsonaro.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso ha relajado la burocracia en torno a la exploración y las concesiones mineras, pero las decisiones judiciales y una creciente reacción pública contra las actividades extractivas podrían obligar al próximo líder del país a dar marcha atrás.
En agosto, el 59% de los ecuatorianos votó a favor del cierre de un importante yacimiento petrolífero en la Amazonía, mientras que los votantes de Quito prohibieron nuevas concesiones mineras en partes del distrito metropolitano de la capital. Esas decisiones, previas a una segunda vuelta de las elecciones presidenciales en octubre, han enviado una fuerte señal a los candidatos -un socialista y un empresario de la industria bananera- sobre la necesidad de dar prioridad a la protección del medio ambiente.
Pero la realidad sobre el terreno sigue siendo dura para los guardias indígenas. Sus líderes se enfrentan a constantes amenazas de los agentes ilegales, que a veces llevan armas de fuego. Las denuncias a las autoridades estatales tienen que pasar por un largo proceso. No hay programas ni fondos para restaurar el medio ambiente que ya ha sido dañado y el destino de la tierra en la que viven puede cambiar con cada elección.
“Estoy decidida a defender mi territorio, como lo hicieron mis antepasados”, afirma Morelia Mendúa, una joven activista A’i Cofán de la comunidad de Sinangoe. Si los indígenas no actúan, “nos quedaremos sin nada”, afirma.
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