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La Fiscalía de Cuba advirtió a los convocantes de la marcha pacífica del 15 de noviembre que incurrirán en delitos si mantienen su plan, algo que ha generado un fuerte rechazo entre los activistas opositores y en las redes.
Si los impulsores de la marcha insisten en realizarla pese a la negativa oficial de las autoridades comunistas, enfrentarán “consecuencias legales por promover y realizar marchas ilícitas”, declaró la vicefiscal jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana, Yahimara Angulo.
Explicó que podrían incurrir en delitos como desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir y otros, penados con sanciones económicas y privación de la libertad de tres meses a un año.
Los activistas anunciaron el 13 de octubre que mantendrían la convocatoria de su marcha pacífica, una iniciativa inédita en 60 años, en un desafío al régimen castrista que había negado el día antes el permiso para realizarla al calificarla de “ilícita”.
Angulo refirió que la advertencia de este jueves tiene como base el artículo 156 de la Constitución, referido a funciones de la Fiscalía como “velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna”.
Amenaza directa del poder, según Yunior García
El dramaturgo Yunior García Aguilera, fundador del grupo activista Archipiélago y uno de los promotores de la marcha de noviembre, consideró “una amenaza directa desde el poder” la decisión de la Fiscalía.
“Si las amenazas se concretan, me llevan a juicio o me detienen, renuncio a cualquier tipo de defensa”, proclamó el joven, arrestado por participar en las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio y sobre el que pesa una medida cautelar.
García denunció además que un eventual juicio en su contra sería una “farsa” porque su “sentencia probablemente esté firmada desde hoy”.
“Guardaré silencio si ese juicio se realiza”, declaró el joven al lamentar que no haya una sola institución en el país “que se ponga del lado nuestro, de ciudadanos que ni somos mercenarios, ni recibimos órdenes de ninguna parte”.
Marcha pacífica ante las diferencias
“Mostramos abiertamente una diferencia de opinión y del país que queremos construir y participar en la política de forma cívica y pacífica”, aseguró García, la cara más visible de la plataforma virtual Archipiélago.
Esa iniciativa ciudadana pidió el permiso para realizar una “Marcha pacífica por el cambio” el 20 de noviembre, fecha que posteriormente adelantó al 15 después de que el Gobierno convocara ejercicios militares el mismo día.
Los organizadores convocaron la marcha para pedir el respeto a los derechos, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. Reclaman el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución.
Sin embargo, las autoridades interpretan que un derecho constitucional “no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha”.
Al respecto, García Aguilera reiteró que mantiene su derecho, “y el de todos los cubanos de manifestarse pacífica y cívicamente”.
El escenario cubano
La marcha se ha convocado en un escenario difícil en Cuba, que atraviesa una fuerte crisis económica reflejada en largas colas para comprar alimentos y productos básicos y frecuentes apagones, a lo que se suma una escalada inflacionista con el consecuente aumento de los precios.
El régimen comunista, que ha destruido a la economía y el aparato productivo cubano tras más de 60 años en el poder, atribuye estos problemas al embargo financiero y comercial de Estados Unidos, endurecido en la pasada Administración de Donald Trump.
Ha vinculado a los promotores con “cabecillas contrarrevolucionarios” de instituciones y congresistas del vecino país que buscan un “cambio de régimen” y una “intervención militar”.
En Cuba los derechos de huelga y manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado un acto opositor al Gobierno.
El 11 de julio miles de personas salieron a las calles de forma espontánea en las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos (más de un millar, según activistas) y condenas de cárcel.
La respuesta del régimen recibió críticas de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, al considerar que se produjeron arrestos arbitrarios y procesos penales sin las garantías legales adecuadas para los detenidos, entre otras irregularidades.
