Vacuna obligatoria en EE.UU.: impacto en empresas y empleados

La orden de vacunarse contra el COVID-19 que impartió el gobierno de Estados Unidos abarca a 84 millones de empleados en empresas grandes y medianas.

El presidente Joe Biden dijo que era vital inocular a la mayor parte de la población. Si bien los contagios confirmados y las muertes han bajado mucho desde el comienzo del año, las tasas siguen siendo altas, sobre todo en ciertas regiones y sectores. El promedio diario de contagios se estabilizó en unos 70,000 diarios y las muertes en 1,200 por día.

“Demasiada gente sigue sin vacunarse como para que nos libremos finalmente de esta pandemia”, manifestó Biden.

Varios gobernadores republicanos han dicho que resistirán la medida, afirmando que es inconstitucional.

Vistazo a las nuevas reglas de vacunación contra el COVID-19 y su impacto en las empresas y sus empleados en Estados Unidos.

¿Qué dicen las nuevas reglas?

Las empresas del sector privado con 100 o más empleados deben exigir a sus trabajadores que se inmunicen contra el COVID-19 o se sometan a pruebas semanales y usen barbijos en el trabajo.

Separadamente, se exigió la vacunación de los trabajadores de instalaciones médicas que cobran dinero de los seguros médicos estatales Medicare y Medicaid (son 76,000 centros médicos que atienden a 17 millones de personas). Las instalaciones con menos de 100 empleados serán eximidas.

El gobierno dice que estas normas son de cumplimiento obligatorio, sin importar lo que dicen las leyes estatales. Algunos estados han dicho que acudirán a los tribunales para impedir su cumplimiento.

¿Por qué el gobierno dio esta orden?

Aproximadamente el 70% de los adultos están inmunizados en Estados Unidos. Pero no se han podido frenar los contagios, sobre todo de la variante delta del virus.

Más de 750,000 personas han muerto por el virus en el país y hay miles de contagios nuevos todos los días.

“La exposición (al virus) en los sitios de trabajo desempeña un papel fundamental en la propagación del virus”, dijo David Michaels, profesor de salud pública de la Universidad George Washington. “La gente se expone al virus en el trabajo y lo lleva a su casa. Contagian a sus hijos, a sus padres, a su comunidad”.

¿Cómo se hará cumplir esta orden?

Igual que cualquier otra regulación laboral, a partir de denuncias de compañeros de trabajo y de inspecciones, según el gobierno. Una empresa será multada con US$ 13,653 cada vez que se detecte un empleado que viola estas normas.

Las firmas deben pedir comprobantes de la vacuna y registrarlos. También deben demostrar que los empleados que no se han vacunado se hacen las pruebas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicinas, según Allison Kahn, abogada del estudio Carlton Fields, de West Palm Beach (Florida), especializado en temas laborales.

“No basta con hacerte una prueba en tu casa y decirle a tu patrón que diste negativo”, manifestó Kahn.

¿Hay excepciones?

La medida no abarca a quienes trabajan solos, en su casa o al aire libre. Se pueden pedir exenciones por razones religiosas o médicas. Nicholas Hulse, abogado laboral del estudio Fisher & Phillips LLC, señaló que las compañías que ya exigen la vacuna han sido inundadas con pedidos de exenciones.

Agregó que, normalmente, un pedido de exención por razones religiosas es aprobado casi automáticamente, pero que ahora “será difícil saber si la negativa a vacunarse responde realmente a creencias religiosas o simplemente se usa la religión como excusa” para evitar la vacuna.

¿Esta medida abarca solo a empleados del sector privado?

Es un tema complejo. En 28 estados que acatan las disposiciones de la OSHA (la Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacional, que es la que emite estas órdenes), abarca a empleados tanto públicos como del sector privado.

Estos estados y territorios son: Alaska, Arizona, California, Connecticut, Hawái, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte y del Sur, Oregón, Puerto Rico, Tennessee, las Islas Vírgenes Estadounidenses, Utah, Vermont, Virginia, Washington y Wyoming.

En los demás estados y territorios, los empleados públicos están exentos.

¿Qué dicen las empresas?

Algunas expresan alivio. Hubieran querido exigir la vacuna, pero temían perder empleados que se marchaban a firmas que no la requieren. Ahora no tienen que tomar una medida que es impopular entre algunas personas y pueden decir simplemente que están obligadas a exigir la vacuna.

“Esta medida, hasta cierto punto equipara la fuerza laboral”, opinó Amanda Sonneborn, abogada laboral del estudio King & Spalding.

De todos modos, las empresas seguirán corriendo el riesgo de ver partir empleados atraídos por firmas pequeñas que no están obligadas a exigir la vacuna, sobre todo en momentos como este, en que hay mucha demanda y a las compañías les cuesta conseguir gente.

Un estudio del mes pasado de la Kaiser Family Foundation indicó que el 37% de los trabajadores no vacunados dijeron que se irían de sus empresas si los obligaban a vacunarse o a hacerse pruebas. El 70% dijo que se iría si no se ofrecía la opción de la prueba.

¿La orden sobrevivirá a las demandas que se vienen?

En todo el país, gobernadores republicanos acudirán a los tribunales para cuestionar la orden.

“Esto es pura basura”, sostuvo el procurador general de Carolina del Sur Alan Wilson, quien es republicano, a través de un portavoz. “Es inconstitucional y lo resistiremos”.

Un vocero de Wilson, Robert Kittle, dijo que no tienen problema con la vacuna en sí, sino que cuestionan el derecho del gobierno a impartir semejante orden.

Solo diez veces la OSHA emitió este tipo de órdenes de emergencia, la última de ellas hace 38 años.

Eso no sorprende: Cuando fueron llamados a intervenir, los tribunales anularon cuatro órdenes y bloquearon una quinta, según el Servicio de Investigaciones Legislativas (Congressional Research Service).

Para tomar medidas de emergencia, evitando los procedimientos de rigor, la OSHA debe demostrar que interviene para proteger a los trabajadores de un “peligro grave”.

El gobierno estima que satisface ese requisito en vista de que la pandemia causó cientos de miles de muertes.