Nueva York, ¿laboratorio para frenar la violencia armada?

Con crecientes índices de criminalidad tanto en Nueva York como en el resto de Estados Unidos, el presidente Joe Biden se reúne este jueves en la ciudad de los rascacielos con el alcalde Eric Adams para hablar de la inseguridad que generan las armas de fuego, un asunto sensible para el Partido Demócrata.

“La violencia de las armas es una crisis de salud pública”, dijo recientemente Adams, un excapitán de la policía neoyorquina, que llegó a la alcaldía de la mayor ciudad estadounidense con la promesa de reducir la violencia, disparada en el primer mes de su mandato.

Más que ninguno de los impactantes crímenes registrados en enero, la muerte de dos agentes aumentó la presión sobre el alcalde negro, que en su juventud flirteó con la delincuencia y que entró en la policía con la idea de reformarla desde dentro.

“Es nuestra ciudad contra los asesinos”, espetó Adams, quien la semana pasada lanzó su “Proyecto para acabar con la violencia de las armas de fuego”, un paquete de medidas de “intervención y prevención” para luchar contra la proliferación de armas, muchas ilegales, y la delincuencia.

El alcalde quiere resucitar las viejas patrullas policiales de paisano en los barrios con mayor delincuencia -de población mayoritariamente negra e hispana- programas para reinsertar a 250,000 jóvenes entre 16 y 25 años que ni estudian ni trabajan, reformar el sistema judicial, y atajar la llegada de armas de otros estados.

Con Adams, llegaron varias figuras reformistas a puestos clave en la ciudad. Entre ellos, el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que prometió una política más laxa con los portadores de armas, y que a la luz de los hechos debió moderar su mensaje.

La policía neoyorquina, que el viernes acudió en masa a dar el último adiós a Jason Rivera, uno de los dos policías asesinados en Harlem, dejó claro de qué lado está.

“Se que estabas cansado de las leyes, especialmente de las del nuevo fiscal y estoy segura de que toda la familia azul (por el color del uniforme policial) está también cansada”, dijo su esposa Dominique Luzuriaga en el funeral, ovacionada por los asistentes puestos en pie.

“Estrategias innovadoras”

A nivel nacional, el gobierno demócrata de Joe Biden -que por diferencias en su partido no ha logrado que el Senado apruebe su proyecto “Reconstruir mejor” por US$ 1.7 billones en inversión social, educativa y medioambiental- promueve una “estrategia integral” para luchar contra la violencia y la inseguridad.

Esa estrategia busca inyectar más dinero a ciudades y estados, aumentar la policía en las calles, impulsar programas de prevención de la violencia a nivel comunitario así como nuevas leyes para combatir el tráfico de armas y tratar de frenar la violencia, que se agravó en el 2021 con la pandemia de COVID-19.

Más de 20,000 personas murieron por armas de fuego el año pasado, más que en el 2020, cuando los homicidios aumentaron en torno a un 30%. La mayoría de las víctimas siguen siendo jóvenes negros que viven en comunidades de bajos ingresos.

“Nueva York es el lugar perfecto para ensayar estrategias innovadoras de prevención de la violencia”, debido a los diferentes “contextos políticos y culturales” de su población y barrios, dice Jeffrey Butts, profesor e investigador del centro de Justicia Criminal John Jay, que ve necesario “un enfoque diverso”, para atajar la violencia que contemple la “disuasión, la coerción y la prevención”.

Control de armas

Parece poco probable que Biden logre doblegar el rechazo de los republicanos a cualquier tipo de medida destinada a controlar las armas, en nombre de la sacrosanta libertad individual.

El proyecto de Adams ha recibido el apoyo de más de 200 empresarios, preocupados de que la violencia socave la recuperación económica de la Gran Manzana tras dos años de devastadora pandemia.

Pero organizaciones de defensa de los derechos humanos alertan contra la “erosión de derechos” del proyecto de Adams, que deja fuera “el corazón del problema”.

De los US$ 11,000 millones del presupuesto de la policía de Nueva York, menos de un 1% se destina a proyectos sociales, dice MK Kaishian, jurista del Garrison Project, una ONG defensora de los derechos de los presos y las víctimas de la actuación policial.

“Somos el país que más gente encarcela del mundo y pese a ello tenemos un índice de homicidios que es cerca de cinco veces más que en la Unión Europea”, afirma. “Somos una sociedad que falla a la hora de invertir en la gente”.