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La noche antes de que se hiciesen públicas las denuncias de un informante que derivaron en un juicio político a Donald Trump, los demócratas y republicanos de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes se reunieron en un salón para analizar el documento.
Para los demócratas, fue una noticia bomba, “de esas que te dejan mudo”, según comentó un legislador. Los republicanos, no obstante, no opinaron lo mismo. Y no cambiaron de parecer después de tres meses de declaraciones de testigos a puertas cerradas, de audiencia públicas y de maniobras políticas.
La cámara baja terminó a probando el juicio político al presidente sin un solo voto republicano y Trump parecía tener un férreo control de su partido de cara al juicio en el Senado.
Hubo momentos en los que el desenlace no parecía tan seguro.
Una serie de mensajes de texto de Kurt Volker, enviado especial del Trump a Ucrania, generó cierta ansiedad en ambos partidos en torno a los manejos de Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump. Además, uno tras otro, funcionarios y ex funcionarios del Departamento de Estado, incluida la exembajadora en Ucrania, desafiaron las órdenes de Trump y dieron detalles de todo lo acontecido.
Los propios asesores de la Casa Blanca admitieron que estaban perdiendo terreno en los primeros días de la investigación de la cámara baja. El oficialismo se limitaba a repetir las afirmaciones de Trump de que no hizo nada malo y de que todo el proceso era injusto.
Pero cuando los legisladores se congregaron el miércoles pasado para decidir si se le hacía un juicio político a Trump --apenas el tercer juicio de ese tipo en la historia de Estados Unidos-- ambos bandos estaban más distanciados que nunca, convencidos todos de que tenían razón.
Este relato de cómo se llegó a ese punto se basa en entrevistas a 21 personas directamente involucradas en este proceso. Varias pidieron no ser identificadas por estar comentando conversaciones privadas.
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Eran las 7.37 de la noche de un viernes y la mayor parte de los funcionarios de Washington se habían ido a sus casas. Adam Schiff, sin embargo, tenía un anuncio grande: En una escueta declaración emitida sin aviso previo ese 13 de septiembre, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes dijo que una denuncia de un informante estaba siendo retenida por el director interino del servicio nacional de inteligencia Joseph Maguire.
Schiff, quien es demócrata, no dio detalles, pero dijo que era “un asunto urgente”. La ley, indicó, estipula que el gobierno debe entregar esa denuncia al Congreso.
Ya antes de que Schiff conminase al gobierno a entregar esa denuncia, algunos representantes demócratas estaban pidiendo un juicio político a Trump. La presidenta de la cámara Nancy Pelosi insistía en que todavía no había “pruebas irrefutables”, pero cada vez había más gente presionando por un juicio.
“Me da la sensación de que nos esforzamos por justificar el hecho de que no le hacemos un juicio”, le dijo el representante demócrata Val Demings a Pelosi en abril, pocos días antes de que el fiscal especial Robert Mueller diese a conocer los resultados de su investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones del 2016. Mueller dijo que no podía exonerar a Trump en relación con el tema de la obstrucción a la justicia, pero dejó en manos del Congreso la decisión de qué hacer al respecto.
A principios de septiembre, un grupo de representantes demócratas estaba tan frustrado al ver que no se hacía nada con miras a un juicio político que estaban listos para ofrecer una conferencia de prensa desafiando públicamente a Pelosi, según un legislador involucrado en esa campaña. Todo quedó en el aire porque trascendió lo sucedido en Ucrania y Pelosi dijo finalmente que ahora sí promovería un juicio político.
A esa altura ya se habían tomado algunas medidas en esa dirección. El presidente de la Comisión Judicial de la cámara baja Jerrold Nadler, por ejemplo, dijo en agosto que ese cuerpo había iniciado “procedimientos formales con miras a un impeachment”. Pero no estaba claro si esa era tan solo una maniobra para calmar a los sectores más liberales del partido demócrata.
Además, sin el apoyo explícito de Pelosi, la campaña a favor de un juicio político no iba a ninguna parte.
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A mediados de año los investigadores demócratas estaban al tanto de los manejos de Giuliani con funcionarios ucranianos, que él mismo comentaba en la prensa.
El exalcalde de Nueva York llevaba meses hablando mal de la embajadora de Estados Unidos en Kiev. Giuliani promovía denuncias no corroboradas de corrupción del exvicepresidente Joe Biden, candidato a la Casa Blanca, cuyo hijo Hunter integró la junta de una compañía energética ucraniana, Burisma.
En la mañana del 9 de setiembre, tres comisiones de la cámara baja anunciaron una investigación de si Giuliani estaba tratando de “manipular el sistema judicial ucraniano” para ayudar a Trump a poner en aprietos a un rival político. Esa misma tarde, la Comisión de Inteligencia fue informada acerca de la denuncia del informante.
En los días subsiguientes, el equipo de Schiff se escribió con Maguire, el jefe de inteligencia. Los demócratas decidieron informar al público al ver que Maguire no iba entregar la denuncia, según colaboradores de la comisión.
En la denuncia, el informante, que trabajaba para la CIA y había estado asignado a la Casa Blanca, expresó inquietud por los manejos de Giuliani en Ucrania. Sobre todo por una llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy,
Su denuncia era asombrosa: Decía que Trump había buscado la ayuda de Ucrania para investigar a los demócratas, incluido Biden, con miras a las próximas elecciones, y había condicionado una visita de Zelinskiy a la Casa Blanca a que Ucrania estuviese dispuesta a “hacerle el juego”. Posteriormente, otros testigos dijeron que Trump retuvo asistencia militar a Ucrania para presionar a Zelinskiy.
Pelosi habló con Trump pocas horas antes de poner en marcha la investigación con miras a un juicio político. El mandatario insistió en que su llamada había sido “perfecta”.
La legisladora no pensó lo mismo.
“Estaba asombrada de que el presidente de Estados Unidos apelase a esos recursos y ni siquiera admitiese que se había equivocado”, expresó Pelosi al día siguiente de la votación sobre el juicio político. “Tenía que saber que se había equivocado”.
Esa tarde de septiembre, informó a la nación que la Cámara de Representantes iniciaba una investigación para decidir si correspondía un juicio político.
“Las acciones del presidente”, sostuvo, “constituyen una seria violación a la constitución”.
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Algunos de los aliados más fervientes de Trump estaban preocupados.
¿Qué habría dicho Trump en la conversación con Zelenskiy? ¿Quiénes participaron? ¿Qué hacía Giuliani en el exterior? ¿Y qué habría hecho Trump a puertas cerradas?
En medio de tanta incertidumbre, la respuesta de la Casa Blanca fue confusa. No hubo demasiada coordinación ni se fijaron pautas a seguir, excepto por lo que Trump publicaba en Twitter.
El presidente se sentía furioso. Si bien criticaba a Pelosi, tanto él como sus asesores sentían un cierto respeto por la forma en que controlaba el bloque demócrata. Sabían que no hubiera puesto en marcha el proceso con miras a un juicio político si no tenía los votos necesarios.
Algunos allegados a Trump, no obstante, decían que un juicio político prácticamente garantizaría su reelección al confirmarle al electorado que el único interés de los demócratas es combatir al mandatario.
Trump pensaba distinto. Despotricaba contra sus aliados por la mancha que esto representaba en su legado y porque esto implicaba nuevos cuestionamientos a su gestión.
Como ocurre a menudo en la Casa Blanca de Trump, surgieron rencillas internas. El jefe de despacho Mick Mulvaney se quejó de que lo estaban dejando afuera de todo esto. Pensaba que el asesor de la Casa Blanca Pat Cipollone quería quedarse con su puesto.
Mulvaney, quien fue el que dio la orden de retener la ayuda militar a Ucrania, estuvo en la mira de los investigadores. Cuando la Casa Blanca le ordenó que no fuese a declarar, consideró la posibilidad de radicar una demanda, aunque al final no lo hizo. Los demócratas insistirán en tomarle declaración en el juicio en el Senado.
En medio del caos inicial, la Casa Blanca tomó una decisión: Daría a conocer una transcripción de la llamada del 25 de julio a Zelenskiy.
La transcripción tenía referencias a Biden y al Comité Nacional Demócrata. Y la siguiente frase, de Trump a Zelinskiy: “Me gustaría que me hiciese un favor”.
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Pelosi no quería dar pasos en falso. Puso a uno de sus laderos más confiables, Adam Schiff, al frente de la investigación. Ambos conversaron a menudo acerca de cómo proceder. Querían actuar con rapidez y que la votación sobre el impeachment se hiciese antes de la Navidad.
Llamaron a declarar a 17 personas --12 lo hicieron en público-- que ofrecieron un relato coincidente del uso de canales diplomáticos irregulares, con la participación de Giuliani y presiones de Trump para que se investigase a los demócratas.
Volker, el enviado especial a Ucrania, fue el primero en declarar, a puertas cerradas, a principios de octubre. Llevó consigo una cantidad de mensajes de texto con otros diplomáticos que revelan los esfuerzos de los funcionarios diplomáticos por mantener el orden mientras Giuliani y Trump presionaban a Ucrania para que anunciase las investigaciones. Los mensajes dieron a los investigadores los nombres de otros potenciales testigos y una secuencia de eventos.
El impacto de los mensajes fue “sísmico”, según un legislador. En uno de ellos, el principal funcionario en Ucrania en ese momento, William Taylor, decía que era “una locura” retener la asistencia militar para forzar a Ucrania a ayudar en una campaña política.
Volker volvió a declarar en público, durante cinco días de audiencias televisadas. Los legisladores y sus colaboradores pensaban que le decisión de la exembajadora en Ucrania Marie Yovanovitch de desafiar la orden de Trump de no presentarse a declarar alentó a otros a que lo hicieran.
Las audiencias públicas por momentos parecían hechas para la televisión. El asesor de la Casa Blanca Alexander Vindman se presentó con su uniforme militar y describió el malestar que sintió al escuchar la llamada de Trump. El enviado de Trump a la Unión Europea Gordon Sondland reiteradamente dijo que había habido un quid pro quo, un pedido de un favor a cambio de algo. La ex asesora de la Casa Blanca Fiona Hill habló de un “asunto político interno” que afectó la política hacia Ucrania.
Los republicanos asignaron temporalmente a la Comisión de Inteligencia a uno de los defensores más acérrimos de Trump, el representante Jim Jordan.
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Al principio Trump resistió la idea de crear un comando central para responder al impeachment. Más que nada para no dar la impresión de que estaba preocupado.
Sus colaboradores insistieron y cuando comenzaron las audiencias públicas habían montado una operación similar a la que tuvieron durante las audiencias de confirmación del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh.
El 13 de noviembre, el día de la primera audiencia pública, Mulvaney, Cipollone y Jared Kushner, yerno y estrecho colaborador de Trump, se encaminaron al Edificio Eisenhower para trabajar con nueve empleados del equipo de investigaciones de la Casa Blanca.
Apenas se puso en marcha la audiencia, empezaron a circular mensajes en los que se despotricaba contra los demócratas y se trataba de contrarrestar las declaraciones de los testigos.
La andanada inicial fue un indicio de que los republicanos estaban en pie de guerra. Jeff Freeland, enlace de la Casa Blanca con el Congreso, asesoraba al comando central acerca de las necesidades de los legisladores republicanos durante las audiencias.
Por la tarde de esa primera audiencia pública, los republicanos sintieron por primera vez que estaban haciendo progresos. Algunos legisladores que habían criticado la pasividad de la Casa Banca ahora seguían sus lineamientos.
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Después de dos semanas de audiencias, ni un solo republicano estaba dispuesto a apoyar un juicio político a Trump. Y no fue por accidente.
El representante republicano Steve Scalise libraba una campaña para tratar de unificar al partido en defensa de Trump y se mantenía en estrecho contacto con sus correligionarios. Se organizaron en octubre reuniones semanales para hablar del impeachment, que cada vez atraen más gente.
Unos pocos demócratas expresaban dudas acerca del proceso, pero no los suficientes como para impedir una votación.
Había dos acusaciones que sin duda serían aprobadas: la de abuso de poder al solicitar ayuda electoral a Ucrania y la de obstrucción de las tareas del Congreso al negarse a presentar testigos y documentos.
Los sectores más liberales del partido querían una tercera acusación relacionada con la obstrucción a la justicia que se desprendía de la investigación de Mueller, pero los más moderados prefirieron enfocarse en las dos más seguras.
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El miércoles 18 de diciembre del 2019, se decidió entablar un juicio político a Trump, acusado de “delitos y faltas graves”, como requiere la constitución.
La votación de la Cámara de Representantes fue 230-197 para la primera acusación y 229-118 para la segunda.
Es casi seguro que el Senado exonerará a Trump, aunque Pelosi todavía no pasó el proceso a la cámara alta, a la espera de ver qué pueden hacer los demócratas para asegurarse un juicio justo.
Durante un acto en Battle Creek, Michigan, mientras se realizaba la votación, Trump dijo que las acciones de los demócratas eran “depravadas”, una “vergüenza”. Agregó que no tenía la sensación de que lo estaban sometiendo a juicio.
“Será enjuiciado y eso quedará para siempre porque violó la constitución”, declaró Pelosi a la AP. ”No nos dejó otra opción”.
