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La explosión que dejó cinco muertos en Guayaquil, la ciudad con mayor número de homicidios en Ecuador y bajo estado de excepción, fue un acto de “enorme barbarie e irracionalidad”, dijo este lunes el ministro del Interior, Patricio Carrillo.
“Estamos frente a actos de enorme barbarie e irracionalidad como poner estos explosivos en las calles, esto que estamos viviendo preocupa mucho más allá de que estén ligados a organizaciones criminales”, expresó Carrillo durante un recorrido por el popular barrio Cristo del Consuelo, donde ocurrió la detonación.
El sector amaneció bloqueado por vallas y cintas de seguridad y custodiado por decenas de policías y militares. Los uniformados salieron a las calles tras la declaración de un estado de excepción en el Distrito Metropolitano de Guayaquil (suroeste), que incluye a las vecinas Durán y Samborondón.
El decreto divulgado este lunes señala que Guayaquil, con 2,8 millones de habitantes, es “la zona de mayor cometimiento de homicidios intencionales” en el país, con un 32,5% de los casos. En lo que va del año, 861 personas han sido asesinadas en la ciudad, eje económico de la nación.
La explosión del domingo fue realizada con materiales “caseros” y “artesanales” y mató a cinco personas -sin antecedentes penales- e hirió a 17, de las cuales dos están en estado crítico, de acuerdo con el ministro.
“Estos hechos y con la cantidad de personas que han sido afectadas, la misma comunidad que ya vive en estado de tensión, son daños enormes que tenemos que reparar socialmente”, señaló.
“Soluciones parche”
El domingo dos personas a bordo de una moto lanzaron cerca de un restaurante un costal en cuyo interior estaban los explosivos. La detonación destruyó las paredes de viviendas cercanas y afectó a cuatro vehículos y una motocicleta.
Este no es el primer ataque con explosivos en el país. Entre enero y agosto la policía ha reportado 145, de los cuales 72 ocurrieron en el distrito de Guayaquil.
Tras el incidente del domingo, Carrillo apuntó que se trataba de un ataque de “mercenarios del crimen organizado” y lo consideró “una declaración de guerra al Estado”.
El gobierno ofreció US$ 10,000 para quienes entreguen información sobre el caso y dictó el estado de excepción que declara a Guayaquil, Durán y Samborondón como “zona de seguridad”. La medida también suspende los derechos de libertad de asociación y de inviolabilidad de domicilio.
El estado de excepción “es una solución parche”, comentó a la AFP Carolina Andrade, exsubsecretaria de Inteligencia. El gobierno dictó en abril pasado una medida igual en las provincias de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Esmeraldas y Manabí a causa del narco.
Para la politóloga y analista de seguridad, el gobierno no ha podido abordar el crimen organizado desde una forma estructural.
“Cuando no hay acceso a los servicios del Estado, el narcotráfico hace presencia y se apodera del lugar, por ello es importante la prevención”, añade.
Con ella coincidió Billy Navarrete, director del Comité Permanente para los Derechos Humanos, al señalar que “las respuestas a los últimos acontecimientos criminales en el país han sido bastante anacrónicas, que no pasan de reforzar el control policial y militar”.
Tras la última explosión, la policía realizó allanamientos en Cristo del Consuelo y detuvo a cinco personas por delitos como posesión de armas. Los uniformados también incautaron armamento, droga y explosivos como pentolita.
Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador ha decomisado en el primer semestre de este año más de 100 toneladas de droga.
