Aprueban en Uruguay la ley que limita el derecho de reunión por el COVID-19

El Parlamento de Uruguay aprobó en horas de la madrugada de este sábado el proyecto de ley enviado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que regulará el derecho de reunión por el aumento exponencial de casos de coronavirus en ese país en las últimas semanas.

Tras una jornada que, tanto en la sesión de Senadores y Diputados, duró unas 20 horas aproximadamente ambas Cámaras aprobaron el documento que no contó con el apoyo del partido opositor de coalición de izquierdas Frente Amplio.

Se espera que en las próximas horas el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, firme la promulgación de esta ley que estima su inicio desde el próximo lunes hasta el 10 de enero.

El proyecto, aprobado en la Cámara Alta tras un extenso debate de 7 horas con 18 sobre 31 votos.

En tanto, la de Diputados aprobó por 56 votos de los 95 legisladores presentes el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

La normativa limita el derecho de reunión, reflejado en el artículo 38 de la Constitución, durante 60 días (prorrogables por 30 más), cuando haya “aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario”.

Esta ley fue apoyada por los legisladores que integran la coalición de gobierno con presencia en la Cámara Alta: Partido Nacional (PN, centroderecha), Colorado (PC, centroderecha) y Cabildo Abierto (CA, derecha). El Frente Amplio (FA-izquierda) presentó un texto alternativo que no fue aprobado.

La propuesta del FA consistía en poner el foco en que el Ministerio de Salud Pública (MSP) se encargase de decidir qué situación correspondía a una aglomeración y que no quedase únicamente en manos de Interior.

“La alternativa que presenta el Frente Amplio es ‘vayamos por el artículo 44 de la Constitución’, que establece que es la autoridad sanitaria quien debe velar por la salud”, dijo a la prensa el presidente del FA, Javier Miranda.

El Ejecutivo define las aglomeraciones como “la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados”, pero no acota el número de personas considerado como tales.

Al respecto, el senador de CA Guido Manini Ríos enfatizó que esto es un tema al que “todo el sistema político” debía da luz verde como “instrumento útil” que permita aplanar la línea de contagios.

“Por supuesto que hubiéramos preferido no llegar a esta instancia, no tener que limitar ninguna de las libertades que consagra la Constitución de la República pero indudablemente que hoy por sobre todas las cosas está el interés común, el interés de preservar la vida de los uruguayos”, acotó.

Sobre las medidas de este proyecto, el diputado del PN Rodrigo Goñi subrayó que con esto no se busca limitar derechos sino proteger otros.

“No se procura evitar todo tipo de aglomeraciones sino aquellos agrupamientos de personas que, al no guardar las medidas preventivas sanitarias correspondientes, arriesgan la propagación del virus”, apuntó.

En tanto, el diputado del FA Gerardo Núñez afirmó que la bancada opositora se opondrá al proyecto y apuntó contra la falta de medidas complementarias (como una renta básica) que motiven a la gente a resguardarse.

“Este proyecto aparenta ser la gran solución pero no lo es ni lo va a ser, para que realmente exista un combate a la pandemia tiene que haber un llamado a la responsabilidad colectiva, para intentar llevar de la mejor manera posible esta situación que nos atraviesa y nos preocupa”, subrayó.

Según la prensa local, los ministros del Interior, Jorge Larrañaga, y Defensa, Javier García, ofrecerán una conferencia de prensa en la que explicarán a la población cómo será la implementación de esta nueva ley.

Tras nueve meses de emergencia sanitaria, Uruguay vive su “primera ola”. Desde el 13 de marzo, cuando aparecieron los cuatro primeros positivos de COVID-19, Uruguay registra 11,950 personas contagiadas (4,142 de ellas activas) y 109 fallecidas.