Abrumados constituyentes chilenos enfrentan reacciones en contra

Como resultado, algunas propuestas radicales que podrían rehacer fundamentalmente la sociedad y la economía, así como espantar a los inversionistas, se están filtrando. Hasta ahora, uno de los más controvertidos, y hay más por venir, ofrece un veto a los grupos indígenas para cualquier asunto o cuestión que afecte sus derechos.

Fuad Chahín, delegado y expresidente del partido Demócrata Cristiano, estaba impactado. “El artículo requiere consentimiento indígena para casi cualquier materia”, dijo. “Esto podría detener muchos proyectos de desarrollo y políticas públicas”.

Tres delegados, que hablaron bajo condición de anonimato, reconocieron que el mero ritmo de trabajo podría conducir a errores, mientras que otros dos indicaron que algunos habían respaldado el artículo indígena sin darse cuenta por completo de lo que decía. Esperan que el comité final de “armonización” encargado de eliminar las contradicciones en el texto logre hacer algo al respecto.

Febrero, el apogeo del verano en el hemisferio sur y, por lo general, el mes más tranquilo de Chile, se está convirtiendo en un viaje salvaje. Todos los días son noticiosos a medida que 154 delegados electos trabajan a toda velocidad para reescribir los estatutos de la nación, mientras que el resto del país, muchos de ellos en la playa, intentan mantenerse al día. La Convención tiene como fecha límite el 4 de julio, seguida de un referéndum nacional.

Enormes cambios parecen estar en marcha. Durante tres décadas, mientras Chile disfrutaba de una reputación de crecimiento y estabilidad de libre mercado, la ira por la desigualdad crecía silenciosamente en la sociedad. A fines de 2019 estallaron violentas manifestaciones.

Ahora, con la redacción de una nueva Constitución y la entrada en funciones del Gobierno más joven y de izquierda en medio siglo, las propuestas que promueven un futuro verde, igualdad de género y derechos sociales e indígenas se abren camino.

En el proceso de votaciones que inquieta hoy al mercado hay artículos que nacionalizarían las industrias minera y del litio, prohibirían la minería y la silvicultura en tierras indígenas, reemplazarían al Senado y rediseñarían los derechos de propiedad privada.

Adicional a todo esto, la Convención se está quedando sin tiempo, dijo Credicorp en una nota reciente. Buscar una extensión del Congreso “podría debilitar la aprobación pública de la Convención y aumentar la probabilidad de rechazo”. Además, dado que la mayoría de los delegados se inclinan hacia la izquierda, obtener más tiempo no conduciría necesariamente a la moderación.

Por su parte, el público, que votó a favor de la reescritura, comienza también a preocuparse. El porcentaje de aquellos que aprobarían el texto final con base en lo que saben ahora ha disminuido a 47% desde un 56% en enero, según una encuesta de Cadem.

Los principales periódicos, la mayoría con vínculos con la centro-derecha, derecha y el establishment, están inundados de columnas que expresan su preocupación.

La semana pasada, un grupo de 75 personajes públicos, muchos de ellos simpatizantes de los Gobiernos de centroizquierda que encabezaron la transición democrática de Chile en los años 90, publicaron una carta en la que expresaron su alarma por lo que llamaron una “euforia refundacional que quiere partir de cero”, al tiempo que silencia a los moderados.

“Una generación no puede arrogarse la potestad de refundar la República”, dijo a periodistas la presidenta del Senado, Ximena Rincón, al criticar la decisión de la Convención de eliminar la Cámara Alta, propuesta que pronto enfrentará una votación final en el pleno.

Ricardo Brodsky, exdirector del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, escribió en el periódico conservador El Mercurio que los cambios planeados en el sistema judicial por la Convención tienen a muchos profesionales del derecho profundamente preocupados.