Caso Ghosn todavía atormenta a Japón, un año después de su huida

En la mañana del 31 de diciembre del 2019, Japón descubría con estupor que su acusado más célebre, el exjefe de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, había huido a Líbano, un fiasco cuyas repercusiones siguen atormentando al país un año después.

Dos días antes, cuando se encontraba en libertad bajo fianza en Japón, antes de su juicio por malversación financiera en Nissan, el franco-libanés-brasileño abandonaba Tokio tranquilamente para llegar a Osaka (oeste del país) en tren junto a dos cómplices.

Llegó a Beirut el 30 de diciembre tras una escala en Estambul. Se sospecha que escapó de los controles en el aeropuerto de Osaka escondido en una caja de equipo de audio.

Las autoridades japonesas tardaron varios días en emitir una declaración oficial. Su pedido de extradición fue rechazado rápidamente, dado que Beirut no tiene este tipo de acuerdos con Tokio.

Carlos Ghosn, sobre el que pesa una orden de arresto de Interpol, se encuentra bloqueado en Líbano desde entonces.

“No huí de la justicia, escapé de la injusticia”, dijo a comienzos de enero en una conferencia en Beirut frente a las cámaras de televisión del mundo entero.

Pero este giro espectacular de los acontecimientos no puso fin al “caso Ghosn” en Japón, ni tampoco en el extranjero, donde tiene muchas ramificaciones.

Fiscales acorralados

A mediados de setiembre, comenzó un proceso penal en Tokio para juzgar al exresponsable jurídico de Nissan, el estadounidense Greg Kelly, detenido en Japón el mismo día que Ghosn en noviembre del 2018 y que, como él, se declara inocente.

Kelly está acusado de haber omitido, ilegalmente y deliberadamente, en los informes de acciones de Nissan un pago equivalente a US$ 89 millones, que Ghosn debía recibir posteriormente. Se enfrenta a una condena de hasta diez años de cárcel.

Una absolución de Kelly sería una “terrible humillación” para los fiscales japoneses y haría “triunfar” a Ghosn, escribió Stephen Givens, un abogado de negocios con sede en Tokio, en un artículo publicado en octubre en el sitio Nikkei Asia.

“Los fiscales se pusieron en una situación sin salida. No esperen un final feliz”, añadió.

Otro juicio comenzó en julio en Estambul para juzgar a siete miembros de la empresa turca propietaria del jet privado que fue alquilado para sacar a Ghosn de su país.

En Estados Unidos, dos presuntos cómplices de su fuga, el ex boina verde Michael Taylor y su hijo Peter, fueron detenidos en mayo para ser extraditados a Japón.

Pero interpusieron un nuevo recurso contra su extradición en noviembre, tras una opinión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que concluyó que el proceso de arresto y detención de Ghosn en Japón fue injusto.

Reformas en estudio

Tokio consideró “totalmente inaceptable” la opinión de este grupo de expertos independientes.

No obstante, el Ministerio de Justicia japonés lanzó este año una reflexión sobre posibles reformas del sistema judicial nipón, calificado de “sistema de rehenes” por sus detractores, una expresión que extendió mundialmente a raíz del caso Ghosn.

Este sistema se caracteriza por la duración de su custodia policial: hasta 23 días por un solo motivo de detención. Los interrogatorios durante esta fase también se llevan a cabo sin abogado.

Estas condiciones hacen que los sospechosos sean “extremadamente vulnerables” y los alientan a confesar, lamentó Megumi Wada, ex miembro del equipo de defensa de Ghosn en Japón e investigador de la Federación japonesa de Abogados.

Aunque una vasta reforma, en cambio, no parece realista.

Otro debate interno habla del eventual endurecimiento del sistema de libertad bajo fianza. Se estudia el uso de brazalete electrónico, hasta ahora inexistente en Japón.

Entretanto, Nissan demandó a su exjefe, reclamándole US$ 97 millones por daños y perjuicios en un proceso civil en Japón.

El propio Ghosn pide a Nissan y Mitsubishi Motors millones de euros de indemnizaciones, a través de procedimientos en los Países Bajos, y ha entrado en una disputa similar con Renault.