Moody’s espera que Milei busque un cambio más radical en el marco regulatorio energético

Los argentinos eligieron el domingo 19 de noviembre a Javier Milei como su presidente. Moody’s analiza la implicancia -en los diversos sectores y nivel soberano- del nuevo jefe de Estado.

Milei se identifica como libertario y propone un cambio drástico de políticas para afrontar los problemas sociales y económicos en Argentina. Sus propuestas incluyen recortar el gasto público en un 15% mediante la eliminación de gastos y ministerios del gobierno, así como privatizar empresas estatales, detalla Moody’s en su informe del 6 de noviembre.

“Su idea más prominente es dolarizar completamente la economía y eliminar el peso argentino y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como forma de controlar la inflación”.

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Si bien el documento de la calificadora corresponde a días antes de la segunda vuelta, señala que la adopción de medidas contundentes como las que propone Milei serían eficaces para abordar los desequilibrios y eliminar las distorsiones macroeconómicas, “esta solución implicaría un fuerte y profundo ajuste económico y una repentina caída de la demanda interna. También se pondrá a prueba su capacidad para ejecutar estas políticas, ya que el apoyo que recibe de los partidos políticos en el Congreso es limitado”.

“(...) Esperamos que Javier Milei busque un cambio más radical en el marco regulatorio energético. Eduardo Rodríguez Chirillo, principal asesor energético de Milei, ya ha establecido algunas pautas para las políticas de electricidad y generación de energía. La base de su plan es mejorar la eficiencia del mercado a través de señales de precios, lo que ofrece un incentivo de ahorro en el consumo debido a la fijación de tarifas que compensen progresivamente el costo real del suministro. Sin embargo, un fuerte aumento de los precios de la electricidad requerirá una gran posesión de capital político”.

“(...) La preocupación por la capacidad de pago de los clientes ante la caída del poder adquisitivo y el aumento de la presión social dificultarán enormemente cualquier cambio estructural”.

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Cinco puntos a considerar

» Un ajuste macrofiscal. Los importantes desequilibrios macroeconómicos y fiscales —que frenan la actividad económica argentina, distorsionan los precios relativos y reducen el poder adquisitivo— exigen medidas de parte del candidato que sea electo. La probabilidad de un Congreso más dividido políticamente también influirá en la capacidad del próximo gobierno de implementar políticas que aborden estos problemas.

» Las distorsiones económicas aumentan el riesgo de que se produzca un evento de crédito soberano en 2024-2025. El resultado del balotaje determinará si la economía está preparada para enfrentar un período prolongado de deterioro gradual. “El gobierno de Javier Milei se verá limitado por desafíos de gobernabilidad que obstaculizarán su ambiciosa agenda de reformas”.

» La calidad crediticia de las empresas no financieras empeorará a causa de los problemas económicos. Los controles de capital dificultan el refinanciamiento de la deuda externa, y esto aumenta el riesgo crediticio. A pesar de esta situación, la fortaleza financiera de las empresas argentinas se mantendrá relativamente sólida, con una relación deuda bruta/ebitda muy inferior a la de otras empresas calificadas en el Código Alimentario Argentino - Caa. Las amortizaciones de bonos a corto plazo son manejables, pero los riesgos de refinanciamiento aumentarán en 2025, especialmente en el caso de la deuda externa.

» La exposición del soberano incrementa el riesgo de los bancos, mientras que la incertidumbre política ejerce presión sobre los depósitos. Si bien existe el riesgo de que las ganancias no sean suficientes para reponer el capital en términos reales, el capital y la liquidez de los bancos respaldan su calidad crediticia. Los bancos tienen una baja penetración crediticia, una exposición contenida —aunque creciente— a la deuda pública soberana y un bajo nivel de intermediación de los ahorros en moneda extranjera.

» Habrá cambios de tarifas y subsidios en los servicios públicos, el sector energético y los gobiernos regionales. En el caso de las empresas de servicios públicos, existe cierta preocupación en torno a la capacidad de pago de los clientes, lo que dificultará cualquier cambio estructural. En el mandato de Milei, probablemente se les dará más autonomía fiscal a las provincias, pero su capacidad para lograrlo será limitada.

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El escenario actual de Argentina

Argentina tiene 12 series de bonos globales y eurobonos vigentes por un valor nominal de US$ 67,600 millones y una estructura escalonada de cupones (step-up) que se amortizan entre julio de 2024 y julio de 2046.

La economía argentina tiene un largo historial de haber atravesado situaciones económicas difíciles, pero pocas veces ha acumulado desequilibrios tan grandes. El más generalizado de ellos es el control del tipo de cambio oficial, que promueve importantes distorsiones de los precios relativos y está cada vez más por detrás del tipo de cambio del mercado paralelo. En lugar de ser un ancla nominal, la situación cambiaria aviva la inflación y sube las expectativas de inflación.

El deterioro de las condiciones macroeconómicas se ha acelerado desde principios de año, y la inflación alcanzó el 138% en los 12 meses finalizados en septiembre. Además, los efectos de una grave sequía a principios de 2023 han acelerado la pérdida de reservas internacionales debido a la disminución de los ingresos por exportación provenientes del sector agrícola. Como resultado, aumenta la presión sobre las fuentes de financiamiento externo del país, ya que las reservas brutas del BCRA cayeron a US$ 26,900 millones (4.1% del PBI) a fines de septiembre desde US$44,600 millones de diciembre de 2022, lo que deja las reservas netas del BCRA en terreno negativo.

El bajo nivel de reservas en moneda fuerte del BCRA representaría un gran obstáculo para los planes de Milei de dolarizar la economía y le permitiría al soberano mantenerse al día con sus obligaciones de deuda externa. Además, a pesar de la firme voluntad de adoptar fuertes ajustes, como la adopción del dólar como moneda oficial, el apoyo político de Milei en el Congreso sería limitado, especialmente en lo que respecta a las medidas que generan malestar económico.

Las empresas reguladas de servicios públicos, comercio minorista, consumo y telecomunicaciones enfrentan un mayor riesgo cambiario debido a la gran cantidad de operaciones denominadas en moneda local, la limitada generación de efectivo en moneda extranjera o la falta de cobertura contra la depreciación del peso.

Las amortizaciones de bonos con vencimiento en 2024 son relativamente menores, pero los riesgos de refinanciamiento aumentarán en 2025, especialmente en el caso de la deuda externa. Las empresas calificadas de Argentina tienen unos US$ 2,600 millones en amortizaciones de bonos con vencimiento en 2024, una cantidad manejable dada su liquidez y capacidad de generación de efectivo, y que puede abordarse mediante instituciones y prestamistas locales. Sin embargo, las necesidades de refinanciamiento prácticamente se duplicarán a US$ 5,500 millones en 2025, principalmente en bonos denominados en dólares y bonos vinculados al dólar.

El riesgo de refinanciamiento y liquidez externa en 2025 es mitigado en cierta medida, porque muchas de estas empresas pertenecen al sector energético y tienen importantes ingresos denominados en moneda extranjera. Esto incluye vencimientos de bonos de YPF S.A. por US$ 1,500 millones, MSU Energy S.A. por US$ 600 millones y Transportadora de Gas del Sur S.A. por US$ 482 millones.

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