En un año marcado por inundaciones, huracanes y sequías relacionadas con el clima, los gobiernos y las empresas se han visto obligados a examinar más de cerca los riesgos financieros y su exposición a la responsabilidad civil.
En ningún lugar fue esto más evidente que en la conferencia de la ONU sobre el clima celebrada en Egipto, donde los países alcanzaron un acuerdo histórico para crear un fondo que ayude a los países pobres a hacer frente a los costes de las catástrofes provocadas por el clima.
Sin embargo, las conversaciones de la COP27 de Egipto apenas abordaron la causa de esas catástrofes: los niveles cada vez mayores de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Esta lentitud en la lucha contra el cambio climático hizo que los países vulnerables se mostraran decididos a aprobar el llamado Fondo de Pérdidas y Daños, tras otro año de catástrofes climáticas extremas, como olas de calor sin precedentes desde Estados Unidos a China, el derrumbe de glaciares en India y Europa, y una sequía interminable que empuja a millones de personas a la hambruna en África Oriental.
Las aseguradoras sufrieron las consecuencias de tres de las catástrofes más costosas de la década: unas inundaciones “distópicas” que causaron daños por valor de US$ 40,000 millones en Pakistán, una serie de olas de calor mortales en verano que, en conjunto, provocaron pérdidas por valor de más de US$ 10,000 millones en Europa, y el huracán Ian, que arrasó Florida y Carolina del Sur con un costo de US$ 100,000 millones, según la empresa de modelos de riesgo RMS.
El Fondo de Pérdidas y Daños también supuso un golpe diplomático para los países pobres, después de décadas de resistencia por parte de Estados Unidos y Europa por temor a que se vieran expuestos a responsabilidades legales por sus emisiones históricas.
Pero los países acordaron que el fondo procedería de las instituciones financieras existentes y no de las naciones ricas, con lo que se disiparían, por ahora, esas preocupaciones.
¿Por qué es importante?
A medida que los grupos de vigilancia denunciaban a las empresas por no revelar cómo el cambio climático podría amenazarlas financieramente, los inversores se enfrentaban a una creciente presión tanto por ir demasiado lejos para hacer frente a los riesgos climáticos como por no ir lo suficientemente lejos.
“Es el salvaje oeste en cuanto a lo que deben hacer las empresas. Y hay algunas que hacen un lavado de cara ecológico”, afirma Katharine Hayhoe, climatóloga canadiense y científica jefe de Nature Conservancy. Pero algunas que hacen un esfuerzo sincero “reciben el rechazo de la cultura de la pureza, de la gente que dice que todo lo que no sea perfección no vale la pena”.
Ni siquiera Hayhoe y otros activistas que advertían de los peligros del cambio climático se libraron de la censura, y algunos se enfrentaron a ellos por volar a conferencias o comer carne.
En algún momento, algunas personas empezaron a tirar sopa y pintura y a pegarse a las cosas
“Lo entiendo”, dijo Hayhoe. “Es una reacción psicológica al miedo genuino que siente la gente cuando empieza a comprender la magnitud de este problema”.
Otros intentaron llevar sus quejas a los tribunales. A día de hoy, hay 2,176 demandas relacionadas con el clima en juego en todo el mundo, incluidas 654 presentadas en tribunales estadounidenses, según el Centro Sabin de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia.
Y los científicos y economistas siguen avanzando en el cálculo exacto de la contribución de la actividad de un país al cambio climático y a catástrofes concretas. Esta línea de argumentación, denominada “ciencia de la atribución climática”, se abrió camino en más tribunales.
“Hasta ahora ha sido una batalla de expertos sobre el papel”, dijo el director ejecutivo del Centro Sabin, Michael Burger. “Lo que aún no hemos visto es un juicio real” en el que se presenten pruebas para atribuir un determinado porcentaje de obligación a una empresa o país contaminador del clima.
Pero es sólo cuestión de tiempo, dicen los expertos.
¿Qué significa esto para 2023?
Con el nuevo año, es de esperar que aumente la ansiedad pública ante la escalada del cambio climático y la preocupación de empresas y gobiernos por la responsabilidad y el riesgo.
Las empresas y los inversores se verán presionados para blindar sus cadenas de suministro y sus operaciones contra el cambio climático.
Las salas de los tribunales verán cómo se presentan más demandas sobre el clima, centradas tanto en desafiar a los gobiernos nacionales para que aumenten sus ambiciones en materia de política climática como en exigir responsabilidades a las empresas por sus emisiones o prácticas engañosas.
A finales de año, los países volverán a reunirse en la próxima cumbre climática de la ONU, la COP28, en Dubai. Y estarán sometidos a una presión adicional para conseguir que las emisiones se reduzcan a la mitad en el 2030 y a cero en el 2050, el único camino para mantener el calentamiento global dentro de los 1,5 grados centígrados.
“Cada vez son más los actores poderosos que se dan cuenta de que no podemos seguir escondiendo la cabeza”, afirmó Burger.
(Con información de Reuters)