A seis meses de las protestas, el régimen comunista de Cuba enjuicia a manifestantes

Seis meses después de las sorpresivas protestas contra el gobierno comunista de Cuba, activistas y familiares de personas encarceladas informaron que esta semana se enjuiciará a 57 manifestantes que podrían ser condenados a penas de hasta 30 años de prisión por sedición.

La decisión de las autoridades de procesar a los participantes de las movilizaciones del 11 y 12 de julio -que dejaron un muerto y comercios y vehículos destruidos-, fue criticada por otros países y por opositores.

Aunque nunca se dio una cifra oficial de detenidos, en agosto funcionarios del Tribunal Supremo Popular indicaron que se habían realizado 23 juicios sumarios a 67 acusados de cargos menores -como desorden público- y aseguraron que seguirían las investigaciones.

Desde entonces a la fecha se formalizaron procesos ordinarios para las acusaciones más graves como sedición, explicó a The Associated Press Salomé García, una de las integrantes de Justicia 11J, una agrupación con miembros en Cuba y en el extranjero que hace un relevamiento sistemático de los detenidos y un seguimiento de las familias.

Desde julio la organización contabilizó 1,334 encarcelamientos, fueron sentenciadas 223 personas en juicios ordinarios y hay otros 231 ciudadanos con peticiones fiscales que esperan su día en la corte. Unos 98 fueron multados y nueve sobreseídos.

Entre los detenidos, dijo la agrupación, hay 48 menores de 18 años -la edad para la responsabilidad jurídica en la isla es de 16-, de los cuales varios fueron posteriormente liberados.

Para esta semana los tres juicios colectivos fueron programados en igual cantidad de ciudades del país, constató AP en conversaciones con familiares de los presos: Santa Clara con 16 acusados, La Habana con 20 y Holguín con 21. Aunque se desconoce la profesión de algunos de ellos, entre los manifestantes hay artistas, obreros, una empleada estatal, trabajadores independientes y estudiantes.

“Debe durar tres o cuatro días el juicio”, dijo Roxana García, sin vínculo con la integrante de Justica 11J y hermana de Andy Dunier García, de 24 años, para quien el Ministerio Público de la ciudad de Santa Clara pidió siete años de cárcel por desorden público, atentado y desacato.

“Nos hacen creer que se va a hacer justicia”, lamentó la mujer e indicó que, aunque el abogado “está haciendo un buen papel” y la Fiscalía tiene como únicos testigos “a los mismos policías que los golpearon”, el proceso siguió adelante. “Estos juicios vienen desde arriba”, agregó.

En La Habana, Yaquelín Cruz también confirmó el inicio de las sesiones del tribunal en la causa colectiva en la que se encuentra su hijo Dariel Cruz, de 20 años, sobre quien pesa un pedido de 15 años de condena por el delito de sedición, es decir, el intento de derrocar a un gobierno legítimo. La mujer indicó que el joven fue apuñalado recientemente en la cárcel.

Varios familiares entrevistados en las tres ciudades dijeron que se les informó que sólo se permitirá la entrada a la sala de audiencias de un pariente por encausado.

Un pedido de comentarios a las autoridades del régimen cubano por parte de AP no fue respondido en lo inmediato.

Por su parte, el listado de la organización Justicia 11J mostró que en Holguín hay personas con pedidos de 30 años de cárcel.

Las movilizaciones de julio fueron las primeras en décadas por su magnitud en Cuba y en algunos casos hubo violencia contra tiendas o vehículos particulares.

Los reclamos de los manifestantes eran tan variados que iban desde cambios en el gobierno hasta el fin de los cortes de luz o una inmediata solución al desabastecimiento de alimentos y medicinas en medio de la peor crisis económica de la isla ocasionada por las sanciones de Estados Unidos, la propia improductividad y la pandemia de COVID-19.

Las protestas no tuvieron un liderazgo claro y se difundieron a través de redes sociales. Las autoridades reconocieron que algunos reclamos eran justos, pero denunciaron el uso de internet para impulsar las movilizaciones de parte de grupos opositores y de interés, sobre todo apoyados desde Estados Unidos.

El gobierno de Joe Biden reaccionó imponiendo más sanciones a La Habana en dirección contraria a sus promesas de campaña de buscar una flexibilización.

Otras manifestaciones convocadas para el 15 de noviembre no tuvieron el apoyo masivo que sus organizadores esperaban.