En su discurso del Estado de la Unión de 2026, el presidente Donald Trump pidió públicamente la aprobación de la llamada SAVE Act y puso de nuevo en primer plano el debate sobre quién puede votar y cómo se registran los electores en Estados Unidos. La propuesta llega en un país donde millones de latinos siguen de cerca cualquier cambio en las reglas electorales: desde quienes ya votan en estados como California, Texas, Nueva York o Florida, hasta quienes aún están en proceso de naturalización. Para muchos hispanos acostumbrados a registrarse en campañas organizadas en iglesias, centros comunitarios, supermercados, ferias de salud o incluso afuera de los partidos de fútbol, la nueva regulación podría implicar pasar de un sistema relativamente simple, apoyado en declaraciones juradas, a un esquema mucho más estricto en el que tener a la mano un pasaporte o un acta de nacimiento completa es casi tan importante como la propia boleta. En medio de un clima político cada vez más polarizado, y con una comunidad latina que en ciclos recientes ha demostrado que puede inclinar resultados en estados clave, el debate trasciende lo técnico y se mete de lleno en la vida diaria de quienes viven, trabajan, pagan impuestos y participan en la vida cívica de la nación.
Si has seguido la política estadounidense en los últimos años, sabrás que el tema del supuesto fraude electoral y la participación de personas sin ciudadanía ha sido una bandera constante del Partido Republicano. Trump y sus aliados llevan tiempo insistiendo en que el sistema actual es vulnerable y que se necesitan reglas más duras, especialmente en estados demócratas con grandes centros urbanos y alta población inmigrante como Nueva York, Illinois o California. Ahora, con esta iniciativa, el presidente busca llevar a escala nacional un esquema que toma como modelo lo que ya se está haciendo en Texas, donde el gobierno estatal ha usado bases de datos federales para revisar los padrones de más de 18 millones de votantes. Según sus impulsores, la SAVE Act fortalecería la integridad de las elecciones federales; sus críticos, en cambio, advierten que podría levantar nuevas barreras para ciudadanos elegibles, entre ellos muchos hispanos de bajos recursos, adultos mayores y personas naturalizadas que no siempre tienen sus documentos al día.
¿QUÉ ES REALMENTE LA SAVE ACT?
La SAVE Act —formalmente llamada SAVE America Act de 2026 (H.R. 7296)— es un proyecto de ley que modificaría la National Voter Registration Act of 1993, la norma que regula el registro de votantes en todo el país desde hace más de tres décadas. La iniciativa recoge la lógica de la Safeguard American Voter Eligibility Act, una propuesta previa que ya buscaba exigir “prueba documental de ciudadanía estadounidense” para poder registrarse para votar.
En términos simples, la propuesta obligaría a demostrar ciudadanía estadounidense con documentos oficiales al momento de registrarse para votar en elecciones federales. Aunque actualmente ya es ilegal que personas no ciudadanas voten en comicios federales y todos los estados requieren que el solicitante declare que es ciudadano, el registro se basa en gran medida en declaraciones juradas y métodos de verificación que varían de un estado a otro. Lo que busca esta ley es endurecer ese proceso, unificar requisitos y aumentar el uso de bases de datos federales para depurar padrones.
Durante su discurso ante el Congreso, Trump fue directo: pidió a los legisladores aprobar la SAVE America Act y afirmó que “todos los votantes deben mostrar una identificación con foto” y “prueba de ciudadanía” para votar, argumentando que el fraude es “rampante” en el sistema actual. Sus palabras fueron respaldadas por el vicepresidente JD Vance y por legisladores republicanos presentes en el Capitolio, mientras que líderes demócratas advirtieron que la medida podría excluir a millones de votantes elegibles.
Estas ley podría cambiar para siempre la forma en la que se vota en Estados Unidos (Foto: EFE)
¿QUÉ CAMBIARÍA EN LA PRÁCTICA?
Si la SAVE Act se aprueba definitivamente, estos serían algunos de los principales cambios que podrían notar los votantes en todo Estados Unidos.
1. Prueba documental obligatoria de ciudadanía
Para registrarse y votar en elecciones federales, se tendría que presentar documentación que demuestre ciudadanía estadounidense, como:
- Pasaporte estadounidense vigente.
- Certificado de nacimiento que incluya: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nombres de los padre y firma de un funcionario autorizado.
En otras palabras, no bastaría con marcar una casilla afirmando que se es ciudadano, como ocurre hoy en muchos formularios de registro que se llenan en campañas comunitarias, mesas afuera de supermercados o durante jornadas en universidades. Habría que probarlo con documentos físicos considerados “prueba documental de ciudadanía” bajo la ley federal.
2. Identificación con foto para votar en persona
La ley exigiría una identificación no digital con fotografía emitida por autoridades autorizadas para poder votar en persona en elecciones federales. Esto ampliaría y unificaría a nivel federal requisitos de identificación que hoy varían según el estado, donde algunos aceptan licencias de conducir, otros carnés estudiantiles y otros casi no piden documentación adicional más allá del registro previo.
Para la comunidad hispana que acostumbra votar en escuelas, centros comunitarios, gimnasios o iglesias locales, esto podría implicar que, además de estar correctamente registrada, deba presentar siempre un ID específico —por ejemplo, licencia de conducir estatal, tarjeta de identificación estatal o pasaporte— para que su voto cuente.
3. Declaración bajo pena de perjurio en casos especiales
Si una persona no pudiera presentar la prueba documental requerida, tendría que firmar una declaración bajo pena de perjurio, afirmando que es ciudadana de Estados Unidos. Luego, un funcionario estatal evaluaría el caso y, si autoriza el registro, debería dejar constancia por escrito explicando por qué determinó que la persona es ciudadana.
Este tipo de procedimiento abriría la puerta a más discrecionalidad de las autoridades locales y podría generar diferencias en la aplicación de la ley entre condados o estados, algo que preocupa a organizaciones de derechos civiles y grupos que trabajan con votantes latinos.
4. Depuración de padrones con el sistema SAVE
Aquí entra un punto clave. La ley obligaría a los estados a implementar programas para identificar y eliminar a no ciudadanos de los padrones electorales realizando cruces sistemáticos con bases de datos federales. Para ello se recomienda el uso del sistema SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements), una base de datos administrada por el Departamento de Seguridad Nacional que permite verificar estatus migratorio.
En la práctica, esto significaría que los estados tendrían que compartir sus padrones con el gobierno federal, incluyendo información personal de votantes, para que se verifique si son ciudadanos. La versión de 2026 de la SAVE Act contempla incluso que se compartan padrones sin redactar con el Departamento de Seguridad Nacional, lo que ha generado preocupación por posibles errores y por el impacto en comunidades inmigrantes.
EL ANTECEDENTE DE TEXAS
Aunque no existe una ley estatal calcada a la SAVE Act, el gobierno de Greg Abbott ya utiliza el sistema SAVE en Texas para revisar registros de votantes. Según datos oficiales de la oficina de la secretaria de Estado, Jane Nelson, el estado cruzó información de más de 18 millones de votantes con la base de datos SAVE de inmigración.
El resultado fue la identificación de 2.724 potenciales no ciudadanos registrados en los padrones texanos, cuyos casos fueron remitidos a las autoridades de los condados para verificar su elegibilidad. Para los defensores de la SAVE Act, esta cifra demuestra que el problema existe y que debe abordarse a nivel nacional, especialmente en estados con alta población inmigrante y sistemas de registro más flexibles. Para sus críticos, en cambio, se trata de una proporción mínima en comparación con el total de votantes, y un ejemplo de cómo los cruces de datos pueden generar “falsos positivos” que obligan a ciudadanos legítimos —incluidos muchos latinos— a defender su derecho al voto.
SANCIONES Y CONSECUENCIAS
La propuesta también contempla sanciones penales reforzadas:
- Para funcionarios que registren a personas sin la prueba de ciudadanía exigida bajo la nueva normativa federal.
- Para personas no ciudadanas que intenten inscribirse para votar en elecciones federales.
Es decir, no solo endurece el proceso de registro, sino que introduce responsabilidades legales más estrictas a nivel de empleados electorales y de cualquier persona que intente registrarse pese a no cumplir los requisitos. Organizaciones de derechos civiles advierten que este enfoque puede generar un “efecto congelante”: funcionarios temerosos de cometer errores y votantes legítimos, especialmente naturalizados, que se abstengan de participar por miedo a ser cuestionados o investigados.
¿QUÉ DICEN LOS CRÍTICOS?
Trump aseguró en su discurso que el fraude electoral es “rampante” y que el impacto de votantes sin ciudadanía puede ser estadísticamente relevante, en particular en elecciones cerradas. Sin embargo, diversos análisis de organizaciones de seguimiento electoral y medios nacionales han señalado que los casos comprobados de no ciudadanos registrados o que efectivamente votaron siguen siendo aislados y marginales frente al universo total de votos emitidos.
Quienes se oponen a la ley argumentan que podría generar obstáculos adicionales para ciudadanos que no tienen acceso fácil a documentos como pasaportes o certificados de nacimiento actualizados, algo común entre personas mayores, ciudadanos de bajos recursos, mujeres que cambiaron de apellido tras casarse y votantes naturalizados. También advierten que el proceso podría afectar de manera desproporcionada a comunidades históricamente marginadas —incluidos latinos, afroamericanos, asiáticos y pueblos indígenas— que ya enfrentan barreras logísticas para registrarse y votar, como falta de transporte, horarios laborales extensos o dificultades de idioma.
Para grupos de defensa del voto en barrios con alta presencia hispana, el temor es que la combinación de requisitos documentales estrictos, depuración automática de padrones y riesgo de sanciones penales termine reduciendo la participación de votantes elegibles en lugar de fortalecer la democracia. Desde su perspectiva, las soluciones deberían enfocarse en mejorar la administración electoral, ampliar la educación cívica en varios idiomas y garantizar recursos para que los condados atiendan de forma eficiente a comunidades diversas.
Donald Trump es un defensor de la Save Act y pide su aplicación en cada estado del país (Foto: AFP)
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