
En un momento en que hacer compras por internet es parte de la rutina —tanto como bajar al bodegón— pocos sospechan que el precio que aparece en pantalla puede variar según la información que las empresas recopilan de cada usuario. Lo que ves en Amazon, Best Buy o en la web de una aerolínea puede no ser un número neutro: detrás hay algoritmos que mezclan tu historial de navegación, la ubicación desde donde entras e incluso el modelo de teléfono que usas. Esa práctica, conocida como “surveillance pricing” o precios basados en vigilancia, fue criticada por legisladores y defensores del consumidor en Nueva York, y la Legislatura estatal aprobó la propuesta S.8623B —el One Fair Price Act— que ahora solo espera la firma de la gobernadora Kathy Hochul para convertirse en ley.
Si se promulga, la medida impondrá límites concretos sobre cómo las empresas recopilan, comparten y usan datos para fijar precios, dará herramientas de fiscalización al Estado y ofrecerá protección a millones de neoyorquinos, incluidos latinos que compran desde sus teléfonos en Queens, el Bronx o Brooklyn.
¿QUÉ PROHÍBE EXACTAMENTE LA LEY S.8623B?
La norma ataca la práctica de ajustar precios según datos personales del consumidor. En términos sencillos: impide que una empresa, mediante algoritmos o perfiles, muestre precios distintos a distintos usuarios por exactamente el mismo bien o servicio.

DATOS QUE LAS COMPAÑÍAS PODRÍAN ESTAR USANDO PARA PERSONALIZAR PRECIOS
- Historial de navegación.
- Compras anteriores.
- Código postal y dirección IP.
- Nivel de ingresos estimado.
- Tipo de dispositivo y sistema operativo.
- Actividad en aplicaciones y comportamiento de compra.
- Información de dispositivos electrónicos (por ejemplo, estado de la batería).
- Circunstancias personales (según modelos predictivos).
Ejemplo práctico:
- Dos personas entran al mismo sitio desde una cafetería en Jackson Heights, Queens; una ve un precio y la otra, otro distinto. Bajo S.8623B, eso estaría prohibido si la diferencia se basa en datos personales.
LO QUE ESTARÁ PROHIBIDO
| Práctica | Situación bajo la ley |
|---|---|
| Ajustar precios utilizando datos personales del consumidor | Prohibido |
| Mostrar precios distintos para un mismo producto mediante algoritmos que usan información personal | Prohibido |
| Recopilar o compartir datos con el fin de aplicar precios personalizados | Prohibido |
| Publicitar ofertas basadas en vigilancia de datos personales | Prohibido |
La norma también prohíbe usar información privada para manipular el “precio de referencia” (el precio base que el consumidor percibe como estándar).
¿QUÉ DATOS PERSONALES NO PODRÁN USARSE?
La ley define datos personales de forma amplia: cualquier información que identifique o pueda vincularse razonablemente con una persona o su dispositivo. Entre los ejemplos que quedan bajo la mira están el historial de búsquedas, hábitos de compra, ubicación, estimaciones de ingreso, actividad en apps y metadatos del dispositivo.
LOS DESCUENTOS LEGÍTIMOS SEGUIRÁN EXISTIENDO
S.8623B no elimina descuentos transparentes y accesibles. La ley permite los llamados “bona fide discounts” siempre que se ofrezcan con criterios claros y visibles para el consumidor.
| Tipo de descuento permitido | ¿Seguirá siendo legal? |
|---|---|
| Programas de fidelidad o recompensas | Sí |
| Cupones promocionales | Sí |
| Descuentos por suscripción | Sí |
| Ofertas de temporada | Sí |
| Rebajas para veteranos | Sí |
| Descuentos para adultos mayores | Sí |
| Promociones para maestros u otros grupos específicos | Sí |
La diferencia clave: los descuentos no pueden depender de perfiles ocultos creados con datos personales.
¿QUÉ DICEN LOS IMPULSORAS DE LA INICIATIVA?
- Letitia James (Fiscal General): celebró la aprobación y dijo que los consumidores no deben pagar más por su historial de navegación, raza, nivel de ingresos o código postal.
- Emérita Torres (Asambleísta): comentó que la medida evita que las empresas maximizan ganancias a costa de la privacidad del consumidor.
- Rachel May (Senadora estatal): señaló que los neoyorquinos no deben preguntarse si el precio refleja el producto o la cantidad de datos que una empresa tiene sobre ellos.
MULTAS Y SANCIONES PARA EMPRESAS
La Oficina de la Fiscal General tendrá facultades de aplicación. Las sanciones previstas incluyen:
- Primera violación: hasta US$5,000.
- Violaciones posteriores: hasta US$20,000 por infracción. Los tribunales también podrán ordenar restituciones y compensaciones a consumidores afectados.
¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR?
La ley fue aprobada por Asamblea y Senado estatal y ahora solo falta la firma de la gobernadora Kathy Hochul. Después de la promulgación, entraría en vigor 180 días, plazo para que las empresas ajusten sistemas y políticas.
¿POR QUÉ PODRÍA SENTAR PRECEDENTE EN EE. UU.?
El One Fair Price Act busca establecer un principio sencillo: el mismo producto, el mismo precio, sin importar cuánto sabe la compañía sobre ti. En un momento en que la inteligencia artificial decide ofertas y recomendaciones, Nueva York pretende marcar un estándar de equidad de precios que otras jurisdicciones podrían imitar, algo que interesa especialmente a comunidades con alta concentración de latinos, inmigrantes y consumidores con menos recursos en ciudades como Nueva York.







