Dos pilotos estadounidenses llevan más de seis semanas detenidos en la República de Guinea, luego de que las autoridades locales afirmaran que violaron el espacio aéreo del país durante una parada para cargar combustible. Fabio Nicolas Espinal Nuñez, de 33 años, y Bradley Scott Schlenker, de 63, permanecen encarcelados desde el 29 de diciembre en una prisión de Conakry, la capital del país africano.
Ambos solicitaron la intervención del gobierno de Estados Unidos para lograr su liberación, mientras sus familiares esperan que el Departamento de Estado pueda poner fin a esta situación. “Es devastador. Es muy aterrador. Cada día es una montaña rusa”, dijo Lauren Stevenson, prometida de Espinal Núñez, en conversación con el New York Post.
Stevenson explicó que estuvo en contacto tanto con su pareja como con la embajada estadounidense en Guinea, aunque se mostró frustrada por la falta de avances.
Los pilotos realizaban un vuelo contratado para trasladar a una familia brasileña de cinco personas, incluidos dos niños, desde Surinam hasta Dubái. Aterrizaron en el aeropuerto internacional Ahmed Sékou Touré únicamente para repostar combustible.
Según los pilotos y la familia transportada, estuvieron en comunicación permanente con los controladores aéreos durante todo el trayecto; sin embargo, funcionarios del gobierno y del ejército guineano aseguraron que no contaban con la autorización necesaria para aterrizar en el país, por lo que fueron acusados de violar el espacio aéreo, realizar un aterrizaje no autorizado y poner en riesgo la seguridad nacional.
Los abogados presentaron una apelación de emergencia y un tribunal ordenó su liberación mientras se resolvía el caso, con la condición de que permanecieran en Guinea y se presentaran ante una oficina judicial tres veces por semana. A pesar de ello, los pilotos continúan detenidos. “El fiscal se negó a autorizar su liberación debido a la presión del ejército”, afirmó Stevenson.
El caso ahora será revisado por la Corte Suprema de Guinea.
Un tribunal ordenó su liberación provisional, pero el fiscal se negó a autorizarla por presiones del ejército, según la familia. (Foto referencial: Freepik)
“Esto parece muy extraño. Los cargos son falsos y tres jueces coincidieron en que los cargos son falsos”, sostuvo Stevenson. “Parece que hay algo entre líneas que no sabemos. Es muy inusual. Me quedo sin palabras. Es duro. Es mentalmente agotador”.
A pesar de la situación, Espinal Nuñez intenta mantenerse positivo y puede recibir comida del exterior y hacer llamadas ocasionales. “Estamos rezando por su liberación y para que regresen a casa sanos y salvos. Fabio está preocupado porque esta pesadilla se ha prolongado demasiado”, concluyó Stevenson.
El caso se produce en un país marcado por un fuerte control militar y reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Guinea, un país sin libertad
Human Rights Watch reportó que en 2024 las autoridades militares de Guinea continuaron reprimiendo a los medios, la oposición y a cualquier opositor. Desde que la junta prohibió las protestas en 2022, las fuerzas de seguridad usan la fuerza excesiva, incluyendo gases lacrimógenos y munición real, para dispersar a los manifestantes.
Según grupos de la sociedad civil y la oposición, al menos 59 personas murieron desde 2022, de las cuales 20 fallecieron en 2024. El informe documenta la muerte de ocho personas en Conakry desde enero, incluyendo tres niños, en medio de enfrentamientos donde manifestantes también agredieron a la policía.
En el ámbito político, las autoridades disolvieron 107 partidos y pusieron a otros 67 “bajo observación”, incluidos tres de los principales grupos opositores. La oposición sostiene que esta medida busca excluir a figuras políticas clave de las próximas elecciones y silenciar el disenso mediante arrestos arbitrarios.
Finalmente, el informe señala que en julio de 2024 las fuerzas de seguridad hicieron “desaparecer” a tres líderes opositores, de los cuales dos siguen bajo custodia sin que se revele su paradero. Además, el código penal de Guinea castiga actos contra la naturaleza con penas de hasta tres años de prisión.
