Existe una elevada preocupación en la comunidad de jóvenes inmigrantes tras la implementación de una normativa en Florida que, con el apoyo del gobernador Ron DeSantis, prohíbe el ingreso de estudiantes sin estatus legal a las universidades públicas del estado. Con la decisión, se surgen interrogantes sobre el futuro de los beneficiarios de DACA y de quienes se encuentran a la espera de regularizar su situación migratoria.
El pasado martes 30 de junio, la Junta de Educación del estado mencionado votó a favor de que cualquier residente que no cuente con residencia legal ni ciudadanía estadounidense no ingresará a 28 universidades financiadas por Florida, así informó el medio The Guardian.
Para ciertos analistas en la materia detallaron que la decisión tendría un costo de $15 millones anuales, específicamente por matrículas y otros gastos no recaudados. Por su parte, los opositores criticaron la legalidad de la reciente disposición.
“Se supone que el proceso de elaboración de normas debe implementar la legislación y las leyes ya aprobadas, no crear las suyas propias ni sus propias políticas, que es precisamente lo que el departamento está intentando hacer”, declaró Alexis Tsoukalas, analista sénior de Florida Policy Institute.
Cabe destacar que Florida había presentado inicialmente esta propuesta en abril para que fuera ratificada en mayo del 2026, pero las medidas se postergaron y quedaron fuera de la agenda oficial. La normativa se retomó nuevamente durante una reunión virtual llevada a cabo la semana pasada.
Esta nueva normativa ha sido respaldada por la actual Administración de Ron DeSantis. (Crédito: AFP)
Cómo impacta la nueva medida a los “Dreamers” y aquellos con trámites migratorios
Para el periodista Jorge Ramos, esta nueva medida representa un profundo impacto para aquellos jóvenes inmigrantes inscritos al programa de Acción Diferida para los Llegados de la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y quienes están en un proceso de actualización de su estatus migratorio.
En el caso de DACA, distintas firmas legales precisan que se trata de una protección temporal que evita la deportación del beneficiado y brinda la oportunidad de trabajar legalmente; no obstante, no otorga la posibilidad de conseguir la ciudadanía o la residencia permanente.
Los afiliados al programa DACA resultarán gravemente afectados con esta nueva normativa aplicada en Florida. (Crédito: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo).
Con dicha premisa, los “Dreamers” no tienen oportunidad alguna para estudiar en una de las 28 universidad públicas de Florida, a menos que regularicen su estancia legal en los Estados Unidos.
Esta misma situación también lo enfrentarán aquellos que están en proceso de actualización legal, pues el estado exigirá documentos que corroboren la residencia permanente o la ciudadanía estadounidense, así añadió el comunicador Ramos.
