Comenzó un nuevo capítulo en la batalla entre el gobierno de Donald Trump y la Universidad de Harvard, luego de que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) demandara a esta prestigiosa casa superior de estudios por presunta ocultación de documentos. Así lo anunció la fiscal general adjunta de Derechos Civiles del DOJ, Harmeet Dhillon, en su cuenta de X, este 13 de febrero de 2026, un mensaje que reavivó el debate sobre el papel de las universidades de élite y el alcance del poder federal sobre ellas. Pero ¿por qué exactamente la está demandando y qué se busca lograr con esta medida? Averígualo en esta nota.
Esta acción legal marca un nuevo episodio en una relación ya cargada de fricciones, en la que Harvard se ha convertido en blanco recurrente del discurso político de la administración Trump. Recordemos que la disputa más importante se remonta hace un año, febrero de 2025, cuando la universidad fue notificada por DOJ para indicarle que estaba “al tanto de las acusaciones de que su institución podría no haber protegido a los estudiantes y profesores judíos de la discriminación ilegal”, motivo por el que el gobierno le congeló miles de millones de dólares en fondos federales. Ante ello, Harvard presentó dos demandas y logró que un juez la revoque, pero ahora el gobierno busca apelarlas.
Fotografía del escudo de Harvard en una de las puertas del campus de la universidad, en Massachusetts. (Foto: EFE)
LA UNIVERSIDAD DE HARVARD FUE DEMANDADA POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia acusó a la Universidad de Harvard de negarse a brindar documentación que permitiría determinar si esta casa superior de estudios discriminó a estudiantes en los procesos de admisión.
De acuerdo con la demanda, presentada el 13 de febrero de 2026, Harvard ralentizó repetidamente el ritmo de producción y se negó a entregar los datos y documentos pertinentes solicitados por el DOJ, incluyendo información de admisión individualizados de los solicitantes, políticas de admisión y correspondencia relacionada con raza, etnia, diversidad, equidad e inclusión, y Estudiantes por Admisiones Justas.
Al no cumplir con lo solicitado para la revisión de cumplimiento, se alega que esta universidad infringió el Título VI. Es más, incumplió una cláusula sustancial de la asistencia financiera federal del DOJ. “La demanda sólo busca obligar a Harvard a producir documentos relacionados con cualquier consideración de raza en las admisiones y no acusa a Harvard de discriminación racial”, se lee en el documento presentado por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
¿QUÉ EXIGE EL DOJ A HARVARD?
El Departamento de Justicia exige a Harvard siete años de registros pormenorizados de todos los postulantes a los programas de pregrado, así como a las facultades de Derecho y Medicina. También pide datos sobre raza y género, situación migratoria o de ciudadanía y desempeño académico, además de información sobre el uso que la universidad hizo de sus políticas e iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión.
Aunque en la demanda se reconoce que esta universidad entregó un promedio de 2,300 páginas de documentos, aún faltan detalles sobre cada uno de los estudiantes individuales, tal como lo solicitó el gobierno.
Vale precisar la administración no pide ninguna indemnización, solamente que un juez obligue a Harvard a entregar más documentos de admisión de forma detallada.
Manifestantes con pancartas se congregaron alrededor de la estatua de John Harvard en Harvard Yard tras una protesta contra los ataques del presidente Donald Trump a la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 17 de abril de 2025 (Foto: Joseph Prezioso / AFP)
Critican a la Universidad de Harvard
La fiscal general Pamela Bondi señaló que bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia exige más a las instituciones educativas de Estados Unidos, algo que no cumplió Harvard, al no revelar los datos que necesitan “para garantizar que sus admisiones estén libres de discriminación. Seguiremos luchando para priorizar el mérito por encima de la DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) en todo Estados Unidos”, declaró en un comunicado.
Por su parte, el fiscal general adjunto Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del DOJ, manifestó que no permitirán que las universidades violen las leyes federales de derechos civiles en Estados Unidos, al negarse a proporcionar la información requerida para la respectiva revisión. “Proporcionar los datos solicitados es una expectativa básica de cualquier proceso de cumplimiento creíble, y la negativa a cooperar genera inquietud sobre las prácticas universitarias. Si Harvard ha dejado de discriminar, debería compartir con gusto los datos necesarios para demostrarlo”, dijo.
HARVARD RESPONDIÓ DE FORMA CONTUNDENTE
Ante la demanda en su contra, la Universidad de Harvard “ha respondido de buena fe a las consultas del gobierno y sigue dispuesta a colaborar con él de acuerdo con el proceso legal”, declaró a CNN.
En un comunicado del 13 de febrero indicó: “La Universidad continuará defendiéndose de estas represalias, iniciadas simplemente porque Harvard se negó a renunciar a su independencia o a sus derechos constitucionales en respuesta a la extralimitación ilegal del gobierno”.
Es más, si visitas el sitio web de esta casa superior de estudios, se puede leer una frase contundente respecto a lo que viene pasando con ella tras sus diversos choques con la administración Trump, la cual está firmada por su presidente Alan Garber. Es la que sigue:
“Ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden desarrollar”, Alan Garber, presidente de Harvard.
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump continúa su ofensiva contra la universidad de Harvard. (Foto: EFE/EPA/CJ Gunther)
