En Estados Unidos, el intercambio de datos entre agencias federales siempre ha despertado preocupación, y más aún cuando involucra información fiscal y procesos migratorios. En los últimos días, se conoció —a través de documentos judiciales— que el Internal Revenue Service (IRS) compartió con el Department of Homeland Security (DHS) datos de más de 47,000 contribuyentes como parte de un acuerdo que también involucra al Immigration and Customs Enforcement (ICE). Esta revelación ha generado alarma entre comunidades inmigrantes en ciudades como Los Ángeles, Houston, Chicago, Miami y Nueva York, donde miles de familias latinas viven con el temor de una posible redada en su vecindario, su lugar de trabajo o incluso a la salida de la escuela. El tema toca una fibra sensible, especialmente entre quienes llevan años pagando impuestos con ITIN, utilizando números de Seguro Social prestados o incorrectos y esforzándose por mantener un perfil bajo a pesar de no tener estatus migratorio. Por eso, en este artículo te explicaré qué ocurrió, cuál es el verdadero alcance de este intercambio de información y qué grupos podrían estar en mayor riesgo, para que conozcas el contexto con serenidad y, si lo consideras necesario, busques orientación legal o tributaria en tu estado.
El IRS está bajo la mira por compartir datos con ICE (Foto: Google Maps)
¿QUÉ PASÓ EXACTAMENTE ENTRE EL IRS Y ICE?
Todo surge a partir de un memorando de entendimiento firmado en abril pasado entre el Departamento del Tesoro y el DHS, que abrió la puerta a un intercambio de información sin precedentes entre el sistema tributario y las autoridades migratorias. El acuerdo permite que ICE envíe al IRS nombres y direcciones de personas que considera que están en el país sin estatus legal, para verificar esa información con registros fiscales y así ayudar a localizarlas.
De acuerdo con una declaración presentada por Dottie Romo, directora de Riesgos y Control del IRS, ICE solicitó datos de aproximadamente 1.28 millones de personas como parte de esta estrategia ligada a los planes de deportación masiva impulsados por la administración del presidente Donald Trump. Sin embargo, el propio IRS solo pudo confirmar coincidencias para una fracción de esos registros.
DATOS CLAVE REVELADOS EN LA CORTE
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Nombres solicitados por DHS/ICE | 1,280,000 |
| Coincidencias encontradas por IRS | 47,289 |
| Casos con información adicional potencialmente indebida | Menos del 5% |
En esos menos del 5% de los casos, el IRS habría proporcionado direcciones adicionales basadas en datos incompletos o insuficientes, lo que podría representar una violación de las normas federales de privacidad fiscal, especialmente bajo la Sección 6103 del Código Tributario. Según los documentos judiciales, el Departamento del Tesoro notificó al DHS en enero sobre el error y solicitó que se eliminaran adecuadamente los datos compartidos de manera indebida y que no fueran inspeccionados ni utilizados por ICE.
EL CONTEXTO LEGAL: DEMANDAS Y ÓRDENES JUDICIALES
Este acuerdo no pasó desapercibido y rápidamente generó una reacción fuerte de organizaciones de derechos civiles y grupos que trabajan con comunidades inmigrantes en estados con alta presencia latina como California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona. El grupo Public Citizen, junto con otras organizaciones, presentó una demanda contra funcionarios del Tesoro y del DHS para frenar el acuerdo y proteger la confidencialidad de la información tributaria.
Además, tribunales federales han intervenido en varias ocasiones recientes:
- Un tribunal federal en Massachusetts ordenó al IRS dejar de compartir direcciones residenciales con ICE, al considerar que la agencia podría estar excediendo lo permitido por la ley de confidencialidad tributaria.
- En noviembre, otro juez federal bloqueó temporalmente el intercambio de ciertos datos fiscales con el DHS, señalando que se habían divulgado indebidamente datos de contribuyentes.
- Más recientemente, un juez pausó el uso de información tributaria por parte de ICE en operaciones de control migratorio, mientras se define si el acuerdo se ajusta a la Sección 6103 del Código Tributario o la viola.
Este caso se enmarca en una política más amplia impulsada durante la administración del presidente Donald Trump, que ha priorizado las deportaciones masivas y el endurecimiento del control migratorio tras la campaña presidencial de 2024, incluyendo medidas específicas relacionadas con el uso de datos para ubicar a inmigrantes sin estatus legal.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS INMIGRANTES?
Aquí es donde la pregunta se vuelve más directa y personal para muchas familias latinas que viven en barrios como Queens, el East LA, el sur de Florida o el área de Houston: ¿quiénes podrían estar en riesgo real por este cruce de datos?
Primero, es importante aclarar algo. Durante años, el IRS ha permitido que personas sin estatus legal presenten declaraciones de impuestos utilizando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), y esa práctica sigue vigente. De hecho, muchos inmigrantes indocumentados pagan sus taxes regularmente, a veces con ese código y otras bajo números de Seguro Social prestados o incorrectos, con la esperanza de mostrar “buen carácter moral” y un historial de cumplimiento fiscal ante un posible futuro ajuste de estatus.
Un análisis reciente del Bipartisan Policy Center y otros expertos estimó que inmigrantes sin estatus legal contribuyeron alrededor de US$25.7 mil millonesen impuestos al Seguro Social en un solo año, pese a que no pueden cobrar los beneficios de ese sistema. Esa realidad es muy conocida en comunidades hispanas que pagan “como cualquier ciudadano”, pero viven con la duda de si esos mismos registros podrían usarse en su contra.
INMIGRANTES QUE PODRÍAN ESTAR MÁS EXPUESTOS
Aunque cada caso es distinto y siempre conviene hablar con un abogado de inmigración o un asesor fiscal de confianza, los perfiles que podrían enfrentar mayor riesgo incluyen:
- Personas con orden final de deportación ya emitida por un juez de inmigración.
- Individuos bajo investigación criminal federal, por ejemplo, por fraude fiscal u otros delitos.
- Personas cuyos nombres ya estaban en bases de datos de ICE y fueron incluidos en los listados enviados al IRS.
- Contribuyentes cuyos datos fiscales (nombre, fecha de nacimiento, dirección) coinciden claramente con registros migratorios utilizados por ICE para localización.
LO QUE NO SIGNIFICA AUTOMÁTICAMENTE
También es importante entender lo que este intercambio no implica, para evitar pánico innecesario en la comunidad:
- No significa que todos los que usan ITIN serán automáticamente investigados o deportados.
- No significa que el IRS esté entregando masivamente todas las declaraciones de impuestos a ICE o al DHS.
- No significa que cualquier contribuyente indocumentado será objeto inmediato de deportación solo por haber presentado taxes.
El propio DHS aseguró en documentos judiciales que no utilizará ni distribuirá los datos afectados mientras el litigio siga en curso y mientras estén vigentes las órdenes de los jueces que limitan el uso de esta información. Aun así, muchas organizaciones recomiendan mantenerse informados, actualizar direcciones solo a través de canales seguros y evitar decisiones impulsivas como dejar de presentar impuestos sin antes consultar con un profesional.
Un agente de ICE durante una redada migratoria en Minneapolis, Estados Unidos (Foto: AFP)
¿QUÉ SIGUE AHORA?
El futuro del acuerdo entre el IRS y ICE dependerá en gran medida de lo que decidan los tribunales federales en los próximos meses, ya que el litigio sigue activo y podría incluso llegar a instancias de apelación superiores. Mientras tanto:
- El IRS afirma que notificó el error, identificó los casos en los que se compartió información de más y pidió al DHS y a ICE que eliminen los datos obtenidos con direcciones incompletas o insuficientes.
- El DHS y ICE aseguraron que cumplirán con la ley federal, con los términos del acuerdo modificado y con lo que determinen los jueces, incluyendo las órdenes que hoy les impiden usar parte de esa información en operaciones migratorias.
- Las demandas siguen su curso, con organizaciones de derechos civiles y grupos proinmigrantes buscando limitar de forma permanente el uso de datos fiscales para ampliar las deportaciones.
Si algo deja claro este caso es que el uso de datos fiscales en temas migratorios ya no es una posibilidad teórica, sino una realidad en disputa judicial que puede impactar directamente la vida diaria de millones de latinos que viven, trabajan, pagan rentas, mandan remesas y crían a sus hijos en Estados Unidos. Entiendo que este tipo de noticias puede generar incertidumbre, ansiedad y muchas preguntas en la mesa de la cena o en las conversaciones después del trabajo; pero también es importante mirar el panorama completo: el intercambio fue limitado en número comparado con las solicitudes iniciales, está bajo revisión judicial y enfrenta fuertes cuestionamientos legales.
