
Una nueva legislación estatal abre la puerta a un sistema de vigilancia automatizado que busca que las reglas se cumplan, haya o no un agente presente, y que además intenta responder a reclamos históricos sobre multas excesivas, trato desigual a comunidades de color y falta de inversión real en seguridad vial. En California, esa duda de si “no pasa nada” cuando alguien se vuela la luz roja está cada vez más cerca de quedar sin sentido, especialmente en ciudades con alta presencia latina como Los Ángeles, San José, Oakland o el área de la Bahía, donde muchos conductores combinan rutinas entre el trabajo, la escuela de los niños y los compromisos de la comunidad. En más de una ocasión, en reuniones familiares, en un asado de domingo o saliendo del trabajo por el 405 o la 101, se ha escuchado la misma pregunta: si alguien se pasa un semáforo en rojo y no hay un policía cerca, ¿realmente pasa algo o queda en nada?
El tema tiene varias aristas y afecta tanto a quien maneja un sedán viejo para ir a la fábrica, como a la persona que conduce un SUV camino a la iglesia o al mercado latino del vecindario. No se trata solo de más cámaras en las intersecciones, sino de un cambio en la forma en que el estado entiende la seguridad vial, la equidad en las multas y hasta el uso de los recursos públicos. La norma, conocida como SB 720, ya está dando de qué hablar en ciudades como Sacramento, Los Ángeles y San Francisco, y promete modificar la manera en que muchos hispanos en California se relacionan con algo tan cotidiano como un semáforo en rojo.
¿QUÉ ES LA SB 720 Y QUÉ CAMBIA FRENTE A LA LEY ANTERIOR?
La SB 720 (Proyecto de Ley 720 del Senado), impulsada por la senadora estatal Angelique Ashby, demócrata de Sacramento, autoriza a las ciudades y condados de California a implementar programas de cámaras automáticas para detectar vehículos que se pasen la luz roja.
Para entender su alcance, conviene mirar atrás. En 2023 se aprobó la AB 645, que creó un programa piloto de cinco años para establecer el Programa Piloto de Seguridad de Velocidad en:
- Los Ángeles
- San José
- Oakland
- Glendale
- Long Beach
- La ciudad y el condado de San Francisco
La SB 720 amplía y ajusta ese enfoque. En lugar de limitarse a un grupo específico de ciudades bajo un programa piloto, permite que otras jurisdicciones opten por implementar sistemas automatizados de control en intersecciones, líneas de alto y otros puntos donde el conductor está obligado a detenerse.
En pocas palabras: ya no sería algo excepcional, sino una herramienta disponible para más gobiernos locales. Para quien maneja todos los días en California —sea en el centro de Los Ángeles, en el Valle Central o en el Inland Empire— es un aviso de que esas cámaras podrían empezar a aparecer también en su ruta habitual.

MULTAS MÁS CLARAS Y DIRIGIDAS AL VEHÍCULO
Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con la forma en que se aplican las sanciones.
La nueva ley establece que:
- La multa por una primera infracción se reduce a US$100.
- La sanción se aplica al vehículo, no directamente al conductor.
- Se contemplan sanciones civiles progresivas en caso de reincidencia.
Esto último es clave. En el pasado, varias agencias de seguridad enfrentaron dificultades para cobrar las multas porque debían identificar y responsabilizar al conductor específico, algo que complicaba el proceso y generaba mucha confusión entre los automovilistas. Ese obstáculo terminó afectando la viabilidad financiera de los programas y llevó a que algunos sistemas de cámaras se desmantelaran por no ser sostenibles.
Con la SB 720, el enfoque cambia: al vincular la infracción al vehículo, el proceso administrativo se simplifica y se alinea con lo que ya ocurre en otros estados donde las multas por cámaras son de carácter civil. Para muchas familias latinas que viven al día, también es relevante que la primera multa sea más baja que las sanciones cercanas a 500 dólares que se imponían antes por pasarse la luz roja.
¿QUÉ SE HARÁ CON EL DINERO RECAUDADO?
Otro punto importante es el destino de los fondos. La ley exige que los ingresos provenientes de las multas se destinen directamente a infraestructura vial segura. Es decir, no deberían convertirse en una fuente de ingresos generales para los municipios, sino reinvertirse en:
- Mejoras en intersecciones.
- Señalización.
- Diseño de calles más seguras.
- Proyectos que reduzcan accidentes.
Este detalle busca responder a una crítica frecuente en comunidades de California, incluidas muchas zonas de mayoría hispana: que las cámaras solo sirven para recaudar dinero y castigar a la gente que menos tiene. La intención declarada ahora es que el dinero vuelva a las calles en forma de seguridad, por ejemplo con mejor iluminación en cruces peligrosos, pasos de peatones más visibles o cambios en el diseño de avenidas donde se concentran los choques.
SEGURIDAD VIAL: LOS NÚMEROS QUE PREOCUPAN
Más allá del debate político, los datos sobre accidentes en intersecciones son contundentes. Según el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS, por sus siglas en inglés):
- 1.149 personas murieron en 2022 en Estados Unidos en accidentes provocados por conductores que se saltaron la luz roja.
- Más de 100.000 personas resultaron heridas en ese tipo de siniestros.
El mismo organismo encontró que en grandes ciudades las cámaras redujeron:
- En 21% la tasa de accidentes fatales por pasarse la luz roja.
- En 14% la tasa total de accidentes fatales en intersecciones con semáforo.
Cuando uno revisa estas cifras, entiende por qué el estado insiste en reforzar los mecanismos de control. Para quien vive en California y ha visto de cerca choques en esquinas muy transitadas —cerca de escuelas, iglesias o centros comerciales frecuentados por la comunidad latina— estos números conectan con experiencias reales y con la preocupación de llegar sano y salvo a casa.
EQUIDAD Y PRIVACIDAD: EL OTRO EJE DEL DEBATE
La SB 720 también pone el foco en algo que ha generado discusión en los últimos años: el impacto desigual de las detenciones de tránsito. El texto de la ley reconoce que los métodos tradicionales de control policial han tenido un “impacto desigual bien documentado en las comunidades de color” y que el sesgo —implícito o explícito— en las paradas de tráfico puede poner en riesgo a ciertos conductores.
Bajo esa lógica, los sistemas automatizados podrían:
- Hacer la aplicación de la ley más predecible.
- Reducir la discrecionalidad.
- Promover mayor imparcialidad en las infracciones de tránsito.
Al mismo tiempo, la norma subraya la necesidad de proteger la privacidad de los conductores, limitando el uso de los datos captados por las cámaras exclusivamente a fines de control de tránsito y evitando que se conviertan en una herramienta de vigilancia generalizada. En comunidades latinas que ya expresan desconfianza hacia ciertos tipos de monitoreo, este punto será clave para que el sistema gane legitimidad.
LO QUE DEBES TENER EN CUENTA COMO CONDUCTOR
Si conduces en California, hay varios puntos prácticos que conviene no perder de vista:
- Más ciudades podrán instalar cámaras en intersecciones y otros puntos donde estás obligado a detenerte.
- No será necesario que un policía esté presente para que la infracción sea válida.
- La multa inicial será de US$100, con posibles incrementos por reincidencia.
- La responsabilidad recaerá sobre el vehículo y el dueño registrado.
- Los fondos deben destinarse a mejorar la seguridad vial en las calles donde circulas.
En términos sencillos: pasarse una luz roja puede salir más caro y será más difícil que pase desapercibido. Para muchos hispanos que viven en California, acostumbrados a manejar largas distancias entre el trabajo, la casa y actividades de la comunidad, este cambio obliga a poner más atención en cada semáforo, especialmente en zonas donde las autoridades decidan instalar cámaras.







