UIF: “En pandemia crecieron casos sospechosos de lavado de dinero por corrupción y fraude piramidal”

¿Qué retos enfrenta la labor de la UIF durante la pandemia?

En los primeros meses de esta pandemia, a partir de marzo del 2020, hubo un cierre casi total de la economía y, obviamente, eso impactó en el número de reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y en la información en general que recibimos. Las actividades económicas han vuelto a abrir, pero aún no están al nivel previo, entonces vamos a tener menos cantidad de reportes. Ha sido también un reto como institución pública aprender a trabajar desde casa, de la noche a la mañana.

¿Qué negocios han seguido reportando operaciones sospechosas de lavado?

El sistema financiero nunca paró y, además, fue muy activo en el reporte de operaciones que tenían que ver mucho con la coyuntura de la pandemia. Hubo ciertas cosas muy particulares a la pandemia, por ejemplo, rápidamente todos tuvimos que volvernos expertos en comercio electrónico, banca electrónica y en trabajar con aplicaciones o compras online. Eso se volvió para los ciberdelincuentes un escenario atractivo.

Corrupción

¿Qué tipo de operaciones sospechosas se han reportado durante la pandemia?

Se han multiplicado las operaciones de fraude electrónico, por ejemplo, a través de correos donde se trata de capturar la información de las personas para robarles su dinero. También, estafas en la venta de productos sanitarios, de seguridad o de medicinas, sea porque no tenían los registros correspondientes o porque vendían algo y nunca lo entregaban. Además, las estafas piramidales han tenido mucha actividad en esta época y los casos de corrupción vinculados a compras públicas.

¿Se ha incrementado, entonces, la corrupción en el sector público?

En la medida en que el Estado tuvo que salir a comprar rápidamente implementos de seguridad para el personal de primera línea, pruebas médicas y todo lo demás, tanto a nivel del gobierno central como regional, así como en otras entidades, se multiplicaron los casos de corrupción. Ha habido, digamos, una mixtura; por un lado, una disminución del número de reportes de operaciones sospechosas y, por otro, un aumento en el número de reportes vinculados a este tipo de situaciones.

Secreto bancario

La UIF ya tiene acceso al secreto bancario a través de un juez. ¿Cómo está funcionando este mecanismo?

El pedido de acceso al secreto bancario es un tema antiguo. El primer antecedente es un proyecto de ley de la SBS del 2009, después ha habido otros proyectos presentados también por la SBS y por algunos congresistas. En el 2016, mediante un decreto legislativo, a la UIF le asignaron acceso al secreto bancario y tributario a través de un juez penal. Esa fue la fórmula a la que llegaron el Ejecutivo y el Congreso. Pero, lamentablemente, después de cuatro años no ha tenido mayor repercusión, no ha tenido mayor efecto práctico.

¿Por qué cree que no ha tenido mayor repercusión esa fórmula?

Porque cuando uno hace un pedido a un juez para levantar algún tipo de reserva tiene que sustentar su pedido, tiene que convencerlo de la necesidad del pedido, con fundamentación, lo cual requiere de información. El gran problema es que si, por ejemplo, la UIF recibe un reporte de operación sospechosa de lavado de un banco A, en ese banco no rige el secreto bancario, pero sí rige para las otras entidades financieras. Entonces, en la práctica no tenemos información suficiente o completa como para sustentar el pedido ante un juez, puesto que precisamente lo que se necesita es acceder a esa información que está bajo el velo del secreto bancario.

Pero, ¿han logrado levantamientos del secreto bancario vía un juez?

Sí ha habido levantamientos del secreto bancario, pero muy pocos, porque el problema es el elevado grado de sustentación que requiere el pedido ante un juez. Se necesita tener información que no se tiene y, por tanto, el sistema es un círculo vicioso. El acceso directo de una UIF al secreto bancario ya existe en todo el mundo, es un estándar internacional. A pesar de la ley del 2016, la UIF ha mantenido en agenda la necesidad de tener un acceso completo al secreto bancario y tributario.

Resultados

¿Eso será posible con el proyecto aprobado la semana pasada por el pleno del Congreso?

Un proyecto de ley del congresista que recogía esa aspiración Gino Costa obtuvo un dictamen favorable de la comisión de Economía. Sin embargo, después la comisión de Constitución decidió que este era un tema que requería una modificación en la Constitución, que es lo que finalmente se aprobó. Entonces, ahora requiere que se apruebe en una segunda legislatura ordinaria y esperamos que así sea.

¿Están conformes con esa reforma constitucional que permitirá a la UIF acceder directamente al secreto bancario y tributario?

La reforma aprobada dice que se pueden levantar los velos para la SBS con fines de inteligencia financiera. Entonces, si esa reforma es confirmada en una segunda votación, el acceso de la UIF al secreto bancario y tributario va a ser una excelente noticia. El problema es que en la fórmula que ha escogido el Congreso deja de lado el acceso a esta información que hoy ya tienen otras entidades como la Sunat y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En mi opinión, eso no requería una reforma constitucional sino una simple ley.

¿Puede haber efectos colaterales?

Se puede poner en tela de juicio la constitucionalidad de las leyes que se han dado en los últimos años y que han conseguido dar acceso al secreto bancario y tributario a otras entidades del Estado y que no están siendo recogidas en esta reforma.

De aprobarse la norma, ¿cómo mejorará el trabajo de la UIF?

Nosotros trabajamos en función de la información que recibimos, que proviene de varias fuentes, probablemente la principal son los reportes de operaciones sospechosas (ROS). Pero con el acceso al secreto bancario y tributario tendríamos información fundamental para determinar el perfil de la persona que está siendo analizada y cuál es el estado de sus ahorros y depósitos en todo el sistema financiero y cooperativo. No tenerla es una limitación en términos de conseguir resultados en el tiempo correcto.

Empresas de criptomonedas tendrán que reportar a UIF

Los administradores de criptoactivos, incluidas las criptomonedas, deben estar sujetos a cierta regulación, por lo menos en lo referido al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según la recomendación del Grupo de Acción Financiera Intergubernamental (GAFI). En Perú, donde la inversión en criptomonedas viene creciendo, se tiene que tomar una acción respecto de la recomendación del GAFI, señaló Sergio Espinosa, jefe de la UIF. “La acción mínima que se tiene que tomar y que será muy próxima, seguramente en el próximo gobierno, es incorporar a las empresas de criptoactivos en la lista de actividades sujetas a reportar información a la UIF”, indicó Espinosa.

Eso significa que van a tener que registrarse, tener un oficial de cumplimento y reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, explicó. Consideró que lo que aún falta por definir es qué entidad supervisaría los sistemas de prevención antilavado del sector de criptoactivos y si el Perú, como país, quiere tener algún tipo de regulación adicional para esta actividad.

Espinosa refirió que otro tema pendiente de debate es sobre una mayor regulación de las casas de cambio. Hoy las casas de cambio, físicas o digitales, están obligadas a reportar operaciones sospechosas, pero, por ejemplo, no existe una verificación del origen de los fondos para abrir este tipo de negocio, afirmó. En otro países, las casas de cambio están más reguladas y son más formales, dijo.