Los países miembros de la ONU se reunirán para concluir un tratado internacional destinado a combatir la criminalidad en línea. Esta “Convención de Naciones Unidas contra la Cibercriminalidad” ha generado controversia debido a preocupaciones sobre su posible uso para una vigilancia excesiva, expresadas tanto por defensores de derechos humanos como por grandes empresas tecnológicas.
La iniciativa del tratado proviene de Rusia, que en 2017 presentó un proyecto de tratado al secretario general de la ONU. Aunque inicialmente enfrentó oposición de Estados Unidos y varios países europeos, en 2019 la Asamblea General de la ONU estableció un comité intergubernamental para redactar el tratado.
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Tras siete rondas de negociación, se espera que el texto final sea presentado para su aprobación al término de la actual reunión de dos semanas en Nueva York. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha señalado preocupaciones sobre “importantes deficiencias” en el borrador, indicando que varias cláusulas no cumplen con las normas internacionales de derechos humanos.
El organismo destacó que estas deficiencias son particularmente problemáticas en el contexto del uso de leyes de ciberdelincuencia para restringir la libertad de expresión, atacar a disidentes y violar la privacidad de las comunicaciones.
El tratado tiene como objetivo mejorar la lucha contra la ciberdelincuencia y fortalecer la cooperación internacional en esta área, mencionando específicamente la pornografía infantil y el blanqueo de dinero. Sin embargo, los críticos argumentan que su ámbito de aplicación es mucho más amplio.
El texto podría obligar a los países firmantes a facilitar investigaciones relacionadas con la homosexualidad, la crítica a un gobierno, el periodismo de investigación, la participación en manifestaciones o la denuncia de irregularidades, siempre que el delito esté castigado con cuatro años de cárcel o más según la legislación del país solicitante.
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Tirana Hassan, de Human Rights Watch, afirmó que el tratado se asemeja más a un mecanismo de vigilancia global que a una herramienta contra la ciberdelincuencia. Esta postura es compartida por grandes empresas tecnológicas como Microsoft, que prefieren “ningún acuerdo antes que un mal acuerdo”.
Nick Ashton-Hart, representante de Cybersecurity Tech Accord, que agrupa a más de 100 empresas del sector, destacó la necesidad de cooperación en materia de ciberdelincuencia, sugiriendo que esta podría lograrse a través de acuerdos existentes como el Convenio de Budapest o la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Por su parte, la delegación rusa defendió el texto, argumentando que una atención excesiva a las disposiciones de derechos humanos obstaculizaría la cooperación internacional y bloquearía los trabajos de las fuerzas del orden. Rusia acusó a Occidente de politizar el debate.
La última ronda de negociaciones será crucial para determinar el futuro del tratado, con la comunidad internacional atenta a los posibles cambios y decisiones que se tomarán en las próximas dos semanas en Nueva York.
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