El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para solicitar facultades extraordinarias para legislar en temas tributarios buscaría incrementar la recaudación tributaria a partir de mayores impuestos. El último reporte de Thorne & Associates analiza los puntos positivos y negativos de la del propuesta del Ejecutivo.
La misma se enfoca en tres estrategias: el incremento proporcional de ciertas tasas impositivas, la modificación de ciertos beneficios y exoneraciones tributarias, y la mejora en los procesos fiscalizadores de la Sunat.
Sumado a esto, también se plantean otras medidas relacionadas al sector financiero para incrementar la competencia y, en materia de reactivación económica, para promocionar la inversión pública y privada.
Entre los puntos a favor de la propuesta de Francke, el reporte identifica dos hechos positivos:
1.- Es algo positivo -refiere- buscar reducir el incumplimiento tributario ya que es uno de los principales problemas de la baja recaudación en el país. En particular, resulta atractivo la propuesta sobre la bancarización en materia tributaria pues facilitaría el acceso a servicios financieros y medios de pago para optimizar el proceso de tributación.
2.- Se destaca también en la propuesta del Ejecutivo -añade- en crear un régimen simplificado del IR para empresas pequeñas, mediante el empleo de registros contables y boletas electrónicas que permiten determinar de forma sencilla la base sujeta a deducción, la cual incentive la declaración de costos y gastos.
Mientras que entre los puntos negativos del pedido de facultades de identifica seis hechos a la que pide prestar atención:
1.- No sería el momento oportuno -refiere Thorne & Associates- para incrementar la presión tributaria ya que la economía aún no se recupera de los efectos de la pandemia.
“En nuestro reporte quincenal anterior, anticipábamos una fuerte desaceleración de la economía, de 12.5% en 2021 a 2.4% el 2022, en donde la economía seguirá creciendo por debajo de su potencial. Además de ello, la mayor presión tributaria afectaría principalmente al sector formal, en donde el empleo se recupera a paso lento”, explica.
En agosto -cabe recordar- el empleo en el sector formal observó su primera tasa de crecimiento respecto al mismo mes de 2019, pero sigue sin recuperarse al ritmo del subempleo.
2.- Habría que focalizar las medidas para reducir la evasión y el incumplimiento tributario, añade el reporte del exministro de Economía.
En los últimos años, el incumplimiento del IGV y el IR de tercera categoría -alega- ha venido en constante aumento hasta alcanzar el 38% y 50%, respectivamente. “Pese a incluir ciertas medidas como sanciones administrativas, prácticas para combatir conductas de evasión y defraudación tributaria, y la bancarización en materia tributaria, ello no sería suficiente”, alerta.
A lo que añade que en la propuesta de facultades no se ha incluido en qué medida van a reducir la evasión tributaria.
“Más aún, pese a que la alta informalidad en el país, que llego al 78% en el tercer trimestre del 2021, es uno de los principales problemas por los cuales hay una baja recaudación y una alta evasión, en el documento no se menciona cómo se podría reducirse la informalidad”.
3.- Otro punto ‘flaco’ identificado es que si bien se propone aumentar la presión tributaria en el sector minero, se hace sin establecerse si con ello se va a aumentar la recaudación tributaria e incluso con el riesgo de disminuirla.
“En principio, las medidas deberían apuntar a escoger la carga tributaria óptima que maximice la recaudación tributaria, lo cual se podría observar a través de la curva de Laffer. Sin embargo, solo se menciona que todavía hay espacio fiscal en comparación a otros países de la región para subir la carga tributaria”, sostiene.
El proyecto de ley cita un estudio de EY de 2020 donde se estimó que la carga tributaria del sector minero en Perú era de 34.6%, ligeramente superior a la de México 34.2%, pero por debajo de las de Chile y Argentina, de 44.5% y 43.8%, respectivamente.
Sin embargo, con datos de la CEPAL de 2019, la recaudación fiscal minera de Perú representó el 0.6% del PBI, mayor al 0.2% de México y 0.1% de Argentina, aunque menor al 1.3% de Chile.
4.- En cuanto a las modificaciones del IR, si bien las medidas buscan una mayor progresividad del sistema tributario -alerta el reporte- generarían mayor presión al sector formal que lleva casi toda la carga tributaria.
“Por ejemplo, aumentar la carga impositiva sobre las personas jurídicas podrían desincentivarlas a seguir contribuyendo, pese a que fue la segunda fuente de mayor recaudación tributaria en 2019. Además, si bien la participación tributaria de la renta de las personas físicas es baja en comparación a los países de la OECD (Perú: 12%; OECD: 24%), consideramos que seguir aumentando la tasa impositiva de la renta no lograría aumentar la recaudación fiscal en la misma magnitud que reducir la evasión tributaria”.
5.- Otro punto ‘flaco’ del proyecto de Francke es que ampliar las funciones del Banco de la Nación podría generar ineficiencias en sus operaciones ya que a pesar de su inexperiencia, se buscaría asignarle funciones como financiar proyectos inmobiliarios, realizar operaciones de factoring a pequeñas empresas y adquirir una parte o el total de una empresa del sistema financiero dedicada a las microfinanzas o las fintechs.
“Creemos que la reforma debería apuntar a fortalecer sus funciones básicas antes de darle más, ya que podría generar incluso pérdidas”.
6.- El último punto negativo identificado surge respecto a que se estaría buscando elevar la recaudación tributaria para cerrar las brechas sociales existentes cuando la ejecución de proyectos de inversión pública por regiones es baja.
A la fecha, 11 regiones ejecutaron solo la mitad o menos de su presupuesto y solo 3 regiones superan el 60%.
“De esta manera, el Ejecutivo tendría que enfocarse en proponer medidas para mejorar la gestión de los distintos niveles de gobierno antes de seguir aumentando sus recursos”.
A esta situación se añade que si bien el ministro Francke mencionó que los ingresos fiscales se podrían incrementar en S/ 12,000 millones anuales (1.5% del PBI), pero no se menciona en el proyecto de ley cómo se obtiene este monto.
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